La comisión especial bicameral que analiza la designación de los nuevos directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) se encuentra reunida para definir la nómina final que elevará a la Asamblea General, que sesionará el próximo lunes.

Al igual que lo sucedido en las anteriores elecciones, la comisión especial maneja enviar completa la lista de 27 candidatos a la Asamblea General, que en principio deberá elegir a los cinco miembros por dos tercios del total de componentes. La normativa determina que si no se alcanza esa mayoría especial para cubrir todos los cargos en dos votaciones sucesivas, el proceso comienza de nuevo y basta con la mayoría absoluta del total de componentes.

Previo al inicio del trabajo de la comisión especial, el oficialismo informó a la oposición que elegiría a cuatro de los cinco integrantes del consejo directivo. Se estima que serán designados por el Partido Nacional (PN) la asesora jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Carmen Rodríguez Núñez, y el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Marcos Israel, según informó el jueves Búsqueda y confirmó la diaria.

Desde Cabildo Abierto, se maneja impulsar la candidatura presentada por el senador cabildante Guillermo Domenech: el abogado Bernando Legnani. En tanto, en el Partido Colorado hay dos postulantes arriba de la mesa: la exlegisladora Gloria Robaina y Jimena Fernández Bonelli, tal como informó Búsqueda. La primera fue propuesta por el diputado colorado Marne Osorio y la segunda por la ONG Manos Veneguayas, la Red de Empresas por el Desarrollo Sostenible y la senadora colorada Carmen Sanguinetti.

“Presión indebida”

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi cuestionó este lunes al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que en su visita al país la semana pasada planteó “la necesidad de que la elección de sus miembros [de la INDDHH] se lleve a cabo en base a un procedimiento que ofrezca garantías de idoneidad y competencia de los candidatos y que representen actores civiles involucrados en la promoción y protección de los derechos humanos”. Asimismo, el grupo manifestó su preocupación por “reiterados episodios tendientes al desprestigio y el cuestionamiento público de sus integrantes y de la propia institución”.

Goñi rechazó “toda intromisión dirigida a desacreditar el proceso de elección del consejo directivo de la INDDHH” y adelantó que plantearía este tema ante la comisión especial, porque a su juicio las declaraciones “configuran una presión indebida al Parlamento”.

“Como integrante de la Comisión Especial designada por la Asamblea General, consideró una injerencia inadmisible las referidas expresiones que pretenden cuestionar la soberanía del Poder Legislativo para elegir el nuevo Consejo del Instituto de DDHH”, expresó en su cuenta de Twitter.

En tanto, la senadora del Frente Amplio Silvia Nane manifestó en redes sociales que la comisión especial tiene problemas serios, porque “hay miembros que cuestionan las convenciones internacionales de derechos humanos”, “defienden terroristas de Estado” y “quieren hacer de la INDDHH un club político”.

Pedido de transparencia

Más de una decena de organizaciones de derechos humanos solicitaron a la comisión especial que hiciera “pública toda la información disponible en relación al proceso de elección: desde el listado de personas postuladas, las entrevistas que la comisión mantuvo con candidatos y candidatas, quienes los propusieron, los curriculum que justifican la aspiración al cargo por los próximos cinco años”. A su entender, se trata “nada más y nada menos que transparencia”.

Si bien señalan que la comisión accedió al pedido y entregó a las organizaciones la información en papel, consideran que “parte sustancial de esa información no es accesible para la población porque no se ha comunicado la única ruta para llegar a la misma”. Por ese motivo, publicaron la información recibida que puede verse aquí.

“¿Quién resulta beneficiado con esta falta de transparencia? Sin lugar a dudas aquellos candidatos y candidatas cuyas trayectorias poco o nada tienen que ver con los derechos humanos y lo que la ley impone como requisitos para integrar el Consejo Directivo de la Institución. Este oscurantismo también protege a quienes postularon a esas personas, no por su ‘alta moralidad’ o por su ‘experiencia y alta versación en derechos humanos’, sino por afinidad política partidaria, concretando así la pretensión de convertir esta elección en un reparto de cargos por cuotas político partidarias”, sostienen en la misiva.