El directorio de OSE aprobó el jueves su presupuesto anual para 2023, al igual que el resto de las empresas públicas. La aprobación de ese documento contó con los votos afirmativos únicamente del oficialismo, ya que el director en representación del Frente Amplio (FA), Edgardo Ortuño, votó en contra y redactó un informe en el que denunció que “se confirma un recorte presupuestal del orden de 220 millones de dólares en el quinquenio”, que surge de comparar el presupuesto actual con el de la administración anterior.
En el informe, al que accedió la diaria, Ortuño manifestó que “a nivel general” el presupuesto “mantiene la aplicación de los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo a través de la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto] para la elaboración presupuestal de las empresas públicas, que determina una significativa reducción de inversiones en obras y funcionarios”, lo que a su entender “debilita a OSE para el cumplimiento de sus objetivos y afecta la calidad de los servicios que debe prestar a la población”.
En esta línea, dijo que para el quinquenio entre 2021 y 2025 hay una “reducción y postergación de inversiones del orden de 220 millones de dólares” ya que, en total, entre lo ya ejecutado, lo estimado para el segundo semestre de 2022 y lo proyectado para los años siguientes se prevén inversiones por casi 361 millones de dólares hasta 2025, cuando en el período anterior el monto fue cercano a los 581 millones de dólares.
Detalló que “el recorte de recursos posterga importantes obras para el abastecimiento de agua potable como la construcción de la represa del arroyo Casupá (100 millones de dólares) prevista para asegurar el abastecimiento de Montevideo; la represa en el arroyo Solís Chico y la nueva usina (estimada en 30 millones de dólares) prevista como solución definitiva para el abastecimiento de agua potable de la Costa de Oro, que sigue siendo deficitaria”. También dijo que hay “50 millones de dólares menos de inversiones en saneamiento”, que afectan entre otras localidades a La Paz y Las Piedras, entre otras reducciones presupuestales.
Ortuño apuntó que “desde que comenzó el gobierno actual las inversiones vienen bajando sustancialmente con respecto a lo invertido en las administraciones pasadas durante los gobiernos del FA” y ejemplificó que el promedio de inversiones en agua potable entre 2010 y 2019 fue de 38,8 millones de dólares anuales, pero en 2021 fue de 26,1 y en lo que va de 2022 fue de 10,3. En saneamiento, la inversión promedio en los dos períodos anteriores dijo que fue de 47,7 millones de dólares y que en 2021 pasó a 25,8 y a 12,9 en el primer semestre de este año. Sumado a otros rubros, del promedio de 100,6 millones de dólares entre 2010 y 2019, las inversiones pasaron a 61,5 en 2021 y a 27,1 en el primer semestre de 2019. En diálogo con la diaria, el representante del FA en el directorio de OSE dijo que las inversiones son incluso menores al “peor año” de inversiones en el decenio desde 2010, que fue 2019, cuando fueron de 89,7 millones.
En su informe explicó que, de continuar las proyecciones, “las inversiones estimadas” para todo 2022 “se ubicarían en 58 millones de dólares”, “lo que supone una nueva subejecución” del “tope fijado por la OPP”, que fue de “70 millones de dólares”, que a su entender “ya resultaba insuficiente”.
Otra de las afirmaciones de Ortuño en su informe es que “la propuesta presupuestal” del directorio “no incluye los grandes proyectos de inversión planteados”, como la nueva planta potabilizadora del proyecto Neptuno ni las obras previstas para la universalización del saneamiento, cuya monto ascendía inicialmente a casi 1.000 millones de dólares, pero finalmente se redujo a 250, ambas propuestas “mediante el mecanismo de iniciativas privadas”. Según expresó, al no entrar en el presupuesto “se descarta la gestión pública desde OSE”, lo cual implicaría “un costo significativamente menor”.
En conversación con la diaria, manifestó que “OSE está en condiciones de gestionar todo el proyecto”, licitando la obras de infraestructura para luego “asumir totalmente la propiedad de lo construido y la gestión, operación y mantenimiento”. Además, aseguró haberse enterado por la prensa de la reducción de casi 1.000 millones de dólares de inversión a 250 para saneamiento, y afirmó que nada se sabe aún de “los criterios para la elección de las localidades” beneficiadas.
Por último, Ortuño expresó en el escrito que con el presupuesto previsto para 2023 “no se revierte la grave reducción de personal de OSE y sus consecuencias sobre la empresa”, ya que desde 2018 a la fecha “se perdieron 935” funcionarios de los 4.454 con los que contaba. En este caso, la comparación es con 2018 porque “por normativa”, al haber sido 2019 un año electoral, “no pudieron reponerse” las vacantes. Desde ese año, a pesar de “todas esas vacantes generadas”, “no ingresó al organismo ni siquiera el tercio de funcionarios permitido por la OPP”. Mientras tanto, una disposición del documento votado el jueves “supondría el ingreso de 300 nuevos funcionarias y funcionarios” al ente a partir de 2023, “lo que representa apenas un tercio de los perdidos”, lo que quiere decir que “se mantiene un déficit del orden de 600 funcionarios y funcionarias con respecto a lo que tenía OSE en 2018”.
la diaria intentó, sin éxito, contactarse con autoridades de OSE para esta nota.