Legisladores del Frente Amplio (FA) salieron en defensa del senador Charles Carrera, luego de que el Ministerio del Interior (MI) decidiera ir contra el patrimonio del exdirector de Secretaría de la cartera por haber habilitado a una víctima de un balazo que se produjo durante una fiesta de policías en La Paloma a atenderse en el Hospital Policial, en 2012.

Según las autoridades del gobierno, con base en la Ley 14.416, esta decisión estuvo por fuera de la norma, ya que en su artículo 140 establece que a Sanidad Policial le compete la “prevención, protección y recuperación de la salud del personal policial en actividad y en retiro; del núcleo familiar y pensionistas policiales, y el contralor sanitario y certificación de licencias por enfermedad del personal policial en actividad”. Sin embargo, la víctima no era, ni estaba vinculada familiarmente, a un agente policial.

El senador blanco Jorge Gandini fue quien anunció la intención de ir por los gastos de atención de la víctima, que el MI estima en 260.000 dólares, luego de que el ministro, Luis Alberto Heber, compareciera ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la cámara alta, a la que no asistieron los legisladores frenteamplistas por entender que se alimentaba el “circo” del oficialismo. El legislador entiende que se utilizó “plata ajena”, que corresponde a la secretaría de Estado.

“No se puede hacer solidaridad” con ese dinero, expuso Gandini. “¿Cuál es la causa? ¿Por qué se recorrió este camino tan oscuro y tortuoso que hoy todavía nos tiene aquí? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba? ¿Quién disparó esa bala calibre 22 que dejó para toda su vida impedido al señor Víctor Hernández?”, cuestionó.

En diálogo con la diaria, el senador frenteamplista Mario Bergara, quien además integra esa comisión, consideró la medida como un “disparate” y “para la tribuna”. “Fue una reacción absurda e infantil, prácticamente. Si ellos querían armar su circo, que lo disfruten, nosotros no tenemos por qué acompañar”, expresó.

La “judicialización” de la política

Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que si bien no se metería “con los temas de la Justicia”, porque cree en la separación de poderes, señaló que “es malo para el Uruguay judicializar la política, que es lo que están haciendo”. “¿De qué están acusando a Charles Carrera? ¿De haberle dado auxilio a una persona que en un evento quedó paralítica? ¿En qué quedamos? ¿Se ayuda a las víctimas o no se ayuda a las víctimas?”, se preguntó.

En tanto, la senadora Silvia Nane fue por la misma línea que Cosse: “Hay una tendencia a querer judicializar la política, creo que este gobierno quiere un trofeo de guerra con el FA”, expresó. Asimismo, expuso que “no se terminan de poner de acuerdo en estas cuestiones fundamentales de qué es lo que hay que hacer frente a una víctima”. Por eso, cuestionó: “¿Hay que cuidarla o no hay que cuidarla? ¿Cómo la cuidamos? Creo que no se están dando los debates de fondo, creo que están generando olas en forma permanente para tapar problemas que realmente no tienen explicación, como el del narcopasaporte”, dijo a la diaria.

Por su parte, entrevistado por Telemundo, el intendente canario Yamandú Orsi se quejó de la medida y planteó que al MI “se le mueren siete personas por día” y “se dedica a algo que pasó hace años y pide resarcimiento”. “Quizá haya habido algún… Cómo decirle, no es ilegalidad, pero algún error administrativo, que pudo haber pasado”, reconoció, pero aseguró que tiene “clara la intención” de Carrera, aunque eso “no alcance”. “Se tendrá que analizar. No dudo de la intencionalidad y qué es lo que se quiso resolver”, expresó.

También habló sobre la situación de Carrera el expresidente José Mujica, referente del Movimiento de Participación Popular. En diálogo con la radio Universal, como lo ha hecho otras veces, respaldó al senador. “A mí lo que me interesa es la intención, porque moralmente había que hacer algo. El último convencimiento que existe es que esa bala no se puede extraer del cuerpo porque pone en riesgo la vida de la persona. Justamente es la prueba terminante de que la bala es de origen de un policía, pero ese convencimiento no es prueba jurídica y entonces que se joda la gente”, reflexionó.

“Yo no sé si cometió un error administrativo, no estoy metido en ese asunto, pero a veces moralmente hay cosas que hay que hacer, y esto es algo de este tipo: tratar de enmendar las consecuencias que tuvo el propio Estado, en un funcionario que cometió ese error”, dijo Mujica, e insistió: “El tiempo dirá quién tiene la razón, pero yo no tengo nada que reprocharle moralmente, que es lo que me importa, al compañero”.

Según informaron a este medio, la bancada de senadores del FA no trató el tema y por el momento no prevé hacerlo.

El 12 de noviembre de 2012 Víctor Hernández, un albañil de 26 años, recibió una bala perdida que lo dejó parapléjico por una bala que provino de la casa de enfrente, donde se estaba celebrando el cumpleaños del subcomisario de La Paloma, Marcos Martínez, quien hoy dirige la comisaría de Lascano, según informó Santo y seña, de Canal 4.

En ese momento, la víctima presentó la denuncia en la órbita penal y civil, pero hasta el momento nadie fue responsabilizado por el hecho. Tras gestiones de organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos, Carrera dio la autorización para que la víctima recibiera atención excepcional en el Hospital Policial y tickets de alimentación por 20.000 pesos durante tres años y medio, que se resume en 260.000 dólares, dinero que hoy pide la cartera a Carrera.