Senado pide al Ejecutivo medidas para el transporte internacional; el MEF ya descartó una por ir contra la LUC, según empresarios

Cuando asumió el gobierno en marzo de 2020, los empresarios del transporte internacional de carga –que estiman tiene una flota de 2.500 camiones y unos 4.000 trabajadores– tuvieron una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El pedido era que el sector sea exonerado del impuesto al valor agregado (IVA), ya que los transportistas de los países vecinos no abonan el tributo y por eso los uruguayos estaban en desventaja. Desde ese momento, hubo distintas idas y vueltas, en los que el gobierno se mostró abierto pero no implementó la disposición. Ahora el Senado votó por unanimidad una minuta de comunicación que solicita eso al Ejecutivo, y según dijeron a la diaria desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) la medida está “en análisis”, si bien la decisión final corresponde al MEF.

Además de la exoneración del IVA, hay otro pedido de los transportistas que apunta a evitar que las empresas argentinas se beneficien al cobrar en efectivo los traslados a clientes uruguayos, por la diferencia con el dólar paralelo. La minuta del Senado propone bancarizar los pagos en el sector, para limitar la competencia desleal que aducen las firmas locales. Sin embargo, esta decisión, según contaron los empresarios, fue descartada tiempo atrás por el MEF por ir en “contra” de la ley de urgente consideración (LUC), que incluyó medidas para revertir el proceso de bancarización obligatoria de los pagos.

“La primera vez que nos reunimos nos dijeron desde el gobierno ‘recién asumimos, lo vamos a ver’. Enseguida llegó la pandemia y fueron postergando el tema. El año pasado nos reunimos cuando asumió [José Luis] Falero [titular del MTOP desde mayo del 2021], después estuvimos con [Pablo] Labandera [director nacional de Transporte], luego nos pidieron un informe de un especialista jurídico tributario para que presenten al MEF; lo hicimos y ahí empezaron a discutir entre el MTOP y el MEF por la parte jurídica, consultaron a Presidencia sobre si debía hacerse vía ley o decreto”, relató a la diaria Mauro Borzacconi, presidente de la Cámara Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu).

El periplo por las oficinas estatales parecía haber tenido sus frutos para los empresarios: a finales de 2021 les dijeron que había “un compromiso de la coalición, que estaban los votos para una ley” que se aprobaría luego del receso de verano. Llegó febrero de 2020, el referéndum por la LUC frenó la actividad legislativa, y la promesa pasó para luego de la elección. En abril, con la ley del gobierno ratificada en las urnas, “nos dijeron que no se podía hacer porque la LUC iba en contra de algo que pedimos, porque se iba contra la desbancarización”, recordó.

Lo mismo expresaron en la Comisión de Transporte del Senado el 3 de agosto Diego Martínez y Gastón Landa, que integraron la delegación de Catidu. “En los últimos dos años empezamos a insistir con el tema de las transferencias” para los pagos y “el MTOP apoyó la iniciativa”, pero “al final se nos dijo que no se podía aplicar por la ley vigente [la LUC]”; ante la consulta del senador blanco Sergio Botana, recordaron que esa respuesta la dio por el MEF “la contadora María Pía Biestro”, la directora de la Asesoría Tributaria. la diaria intentó tener la versión del MEF sobre este punto, pero no obtuvo respuesta.

Este pedido de los empresarios responde a que los transportistas argentinos optan por cobrar a los clientes uruguayos en efectivo, para así llevar esos dólares hacia su país y cambiarlos en el mercado paralelo a un mejor precio. En busca de una solución al tema, ayer el presidente de Catidu tuvo una reunión en la embajada de Argentina, donde trasladó que la situación actual “no sirve a nadie”.

Para revertir esto, la minuta que votó el Senado plantea al Ejecutivo que dicte “un decreto reglamentario” del artículo 35 de la ley de inclusión financiera de 2014, que fuera modificado por el artículo 221 de la LUC votada en junio del 2020. El primero restringió el uso de efectivo para pagos por encima de cierto monto, un límite que la LUC elevó hasta los 100.000 dólares. La medida implicaría dictar una reglamentación específica para este sector que haga obligatorio los pagos por vía bancaria, algo que según Borzacconi ya ocurre con excepción de las firmas argentinas que buscan el beneficio por la diferencia cambiaria.

En el caso de la exoneración del IVA, desde el MTOP dijeron a la diaria que “no está descartada” su aplicación “para las empresas nacionales en el tramo” del recorrido dentro de Uruguay. “Está en análisis la posibilidad, la pertinencia y el alcance”, indicaron.

Borzacconi explicó que al no tener pagos por IVA las empresas del rubro de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, existe una competencia desleal. A esto se suma, según el empresario, que los costos internos son menores en todos los demás países. Así, el mercado del transporte de carga hacia Argentina pasó, de estar repartido a la mitad entre firmas locales y del país vecino, a que hoy “de cada diez camiones en la frontera ocho sean argentinos”.

La diferencia de precios con la región es una problemática admitida por Ricardo Aloy, del Sindicato Único del Transporte de Carga (Sutcra), pero con diferencias en cuanto a las consecuencias: “Entendemos la competencia desleal que hay, pero no puede terminar impactando en las condiciones de trabajo. Se ajusta vía salarios para ser competitivos; lo que debe cambiar es la regulación y que el Estado piense en establecer cupos [del mercado uruguayo habilitado para extranjeros y otra parte reservado para firmas locales]”.

Uno de los reclamos que expuso Aloy es que los conductores de camiones internacionales hacen como mínimo viajes de dos días de duración, y pueden llegar a estar hasta un mes en actividad; en esos períodos cobran en las empresas con mayor grado de formalización 12 horas –en otras es menos–, ocho por la jornada normal y cuatro horas extra, “pero el resto de la jornada tenés que vivir, comer y dormir arriba del camión”.