En la tarde del jueves en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo tuvo lugar la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que fueron elegidas hace tres semanas por la Asamblea General del Parlamento.
El abogado Juan Faroppa, presidente del consejo directivo saliente, dijo que la ocasión era oportuna para “destacar y celebrar la continuidad del proceso de fortalecimiento y consolidación de una institución del Estado que comenzó a ejercer sus funciones el 22 de junio de 2012”. Agregó que en esta década, “de forma sostenida”, la INDDHH ha trabajado “como seguramente seguirá haciéndolo en adelante, para constituirse como una herramienta fundamental, orientada a contribuir al efectivo cumplimiento de las obligaciones del Estado uruguayo en materia de respeto, protección y promoción de los derechos humanos”.
Faroppa subrayó que el trabajo realizado por el consejo directivo saliente, por su antecesor “y también seguramente el que realizará” el nuevo “no necesita ser objeto de ninguna defensa en particular”, sino que “solamente basta remitirse al trabajo que se realizó durante este período y el que se seguirá realizando”, ya que “la institución habla por su trabajo, por lo que produce y por la forma en que rinde cuentas regularmente ante la Asamblea General y toda la sociedad uruguaya”.
Agregó que “la necesaria información que permite evaluar el trabajo de la institución es pública” y está “al alcance de quien desee conocerla”, pero también “de quienes, en razón de las responsabilidades y cargos que ocupan, tienen la obligación de conocerlo”. A su entender, además de la emergencia sanitaria por el coronavirus, “en los últimos tiempos, la INDDHH debió enfrentar otra seria emergencia” relacionada con “la propia salud de la institucionalidad del Estado uruguayo dentro del sistema democrático”. “Los ataques y agravios recibidos por parte de algunos integrantes del sistema político y de formadores de opinión hoy nos permiten sostener que Uruguay debe asumir de una buena vez la necesidad de respetar y fortalecer los mecanismos de control de la gestión de las instituciones y organismos del Estado”, sostuvo.
Faroppa destacó que esa “campaña” impulsada “en los últimos meses” no solamente “fracasó” en el objetivo de “debilitar o eliminar la INDDHH”, sino que, por el contrario, “la fortaleció”. “Prueba de ello es este acto, de enorme relevancia para seguir avanzando en el desarrollo de esta herramienta, que reafirma la continuidad institucional. Y es posible que en este acto estén presentes algunos de quienes impulsaron esos ataques y agravios, y que incluso promovieron la desaparición de la INDDHH”, acusó. “Hoy, con este cambio de autoridades, la fortaleza de la institución adquiere una relevancia importantísima que no debemos dejar pasar”, finalizó.
Nuevo presidente de la institución destacó el “carácter pluralista” del consejo directivo entrante
Luego de Faroppa habló Marcos Israel, quien presidirá el nuevo consejo directivo durante el primer año, a raíz de que fue el más votado en la Asamblea General. Dijo que para el éxito de la institución “resulta fundamental el respaldo amplio que el sistema político le ha brindado”, y resaltó que este tipo de instituciones fueron concebidas, desde su origen hace más de un siglo, como dispositivos de los estados democráticos, capaces de fortalecerlos y perfeccionarlos”, y para “defender los derechos de las personas”.
“En ese sentido, la visión del nuevo consejo directivo es que la INDDHH debe asegurar el completo goce de los derechos humanos a todos los habitantes de la república, sin distinciones, ciudadanos o no, en una sociedad libre de racismos y de cualquier tipo de discriminación”, afirmó. Especialmente, destacó el “carácter pluralista” que tiene el nuevo consejo directivo.
Agregó que además de seguir trabajando en las áreas en la que ya se ha avanzado, las nuevas autoridades deberán impulsar otras que están esperando su atención, porque constataron que “hay demandas de sectores de la población uruguaya que falta atender debidamente”. Puso como ejemplo “todo lo relativo a la violencia de género” y “lo que tiene que ver con la descentralización” territorial. También “la cuestión de la salud mental, la atención a la tercera edad y a la discapacidad”, y “seguir avanzando en la educación en derechos humanos, racismo y discriminación, para alcanzar a sectores de la población y del propio Estado a los cuales no se ha llegado aún”. “Es una nueva agenda que se suma a la anterior”, agregó.
Consultado en rueda de prensa sobre la búsqueda de los desaparecidos, Israel subrayó que todos los integrantes del nuevo consejo están de acuerdo con que este tema “es una política de Estado” y “no hay ninguna duda de que hay que seguir con el trabajo, para llegar todo lo lejos que se pueda”. Según informó a la asociación de ex presos políticos Crysol días atrás, esta tarea será encabezada por él y Wilder Tayler, el único director del anterior consejo que seguirá en el cargo.
Director presentado por Cabildo Abierto subraya que no tiene vínculo “con ningún partido político”
Además de Marcos Israel y Wilder Tayler, el nuevo consejo directivo de la INDDHH lo integran la abogada Carmen Rodríguez Núñez, Jimena Fernández Bonelli y el abogado especializado en Familia Bernardo Legnani. Este último fue presentado por Cabildo Abierto (CA), pero en diálogo con la diaria aclaró que no tuvo ni tiene vínculo “con ningún partido político”. Dijo que, en realidad, lo presentó un amigo suyo “que tiene vínculos con CA” y conoce su “currículum en materia de la defensa de los derechos humanos desde hace muchos años”, ya que se desempeñaba como defensor público, y entendió que su trayectoria “podía ser de interés” como para acceder al cargo.
Además, aseguró que desde CA no se le ha hecho “ningún tipo de señalamiento con respecto a nada”, e incluso considera que, dada la “autonomía e independencia” que tiene el consejo directivo de la INDDHH, eso “no corresponde”.
Legnani sostuvo que desde esta institución se puede hacer “una mayor y mejor defensa” de la que él como defensor público “hacía ante los estrados judiciales”, y señaló que hay temas que oportunamente tratará con el Parlamento, porque entiende que ameritan “ser legislados o contemplados”, aunque no quiso adelantar cuáles, porque “no corresponde que lo haga en este momento”.
En cuanto a la búsqueda de los restos de desparecidos, dijo que “se debe seguir haciendo”, y resaltó que siempre fue partidario “de llegar a la verdad”. “Es un tema que ha sido muy doloroso y lamentable para toda la sociedad uruguaya, y no se debe dar por terminado hasta que se logre conocer la verdad de cómo sucedieron los hechos”.
Por último, consultado por el proyecto de CA que busca establecer la prisión domiciliaria para reclusos mayores de 65 años, Legnani dijo que es una iniciativa que debe ser estudiada “detenidamente”, porque “tiene que respetar los tratados internacionales que existen en la materia, que tienen rango constitucional en nuestro país”. “Por lo tanto, hay que ver si tiene o no compatibilidad con esos tratados internacionales”, finalizó.