Supuestas irregularidades en el manejo de recursos para ollas populares, el incumplimiento del pago a una empresa constructora y denuncias de acoso laboral llevaron a que la Junta Departamental de Canelones (JDC) creara una comisión investigadora para analizar la gestión del alcalde de La Floresta, Néstor Erramuspe (Frente Amplio, FA). La comisión se formó luego de que el edil del Partido Nacional (PN) Fabián Colombo presentara ante la JDC seis carpetas con diferentes temáticas que, a criterio de su bancada, merecen ser investigadas.

La JDC decidió investigar tres de los seis temas propuestos y la comisión comenzó a trabajar el miércoles de la semana pasada, integrada por los ediles Gustavo Morandi y Marcelo Tamborini (PN), Gerónimo Costa, del Partido Colorado, y Diego Nuñez, Roberto Saravia, Sergio Pereyra y Julio Aquino, por el FA. El plazo de actuación de la comisión es de 60 días y a partir de este miércoles comenzará a recibir a los primeros testigos para prestar declaración.

El edil Sergio Pereyra habló con la diaria sobre la formación de la comisión y comentó que su resultado tiene varias posibles derivaciones. Se puede entender que no hay ningún mérito para profundizar la investigación, pero, en caso de que sí lo haya, la JDC puede enviar todos los oficios a la Justicia para que sean elementos de prueba, hacer una denuncia penal o, incluso, iniciar un juicio político. Explicó que la bancada del FA resolvió apoyar la comisión porque entendió que “hay algunos puntos que necesitaban ser aclarados en pos de mantener la transparencia. Si bien la intendencia ha venido actuando, la legislatura departamental tiene derecho y obligación de conocer los pormenores de la situación”.

En principio, la bancada del FA estuvo dividida a la hora de votar la aprobación de la comisión. Según informó El País, 13 de los 20 ediles, de los sectores Asamblea Uruguay, Movimiento de Participación Popular, Partido Socialista y Nuevo Espacio, se mostraron a favor de la investigadora. Los siete restantes, del Partido Comunista –sector de Erramuspe– y de la Lista 939, se expresaron en contra. Finalmente, la totalidad de los ediles del FA acordaron dar su apoyo a tres de los seis puntos a investigar. Sobre este desacuerdo inicial entre los sectores del FA, Pereyra dijo a la diaria que la bancada discutió el asunto, se votó y, “como en todos los temas”, cuando la bancada resolvió, se decidió actuar en unidad de acción.

Colombo dijo a la diaria que la comisión, en primer lugar, apuntó a las denuncias contra Erramuspe que realizaron funcionarios del municipio de La Floresta por acoso laboral. En un comunicado que emitió Adeom Canelones la semana pasada, el sindicato manifestó su “preocupación” por las denuncias que realizaron los funcionarios por “abuso de funciones, acoso laboral, maltrato psicológico, discriminación y desconocimiento de los derechos del usufructo a licencia por lactancia materna”. El edil del PN comentó que existen dos denuncias: “Una hecha por dos funcionarias y otra por nueve”.

También serán investigadas supuestas irregularidades en las ollas populares del municipio. Uruguay Adelante, la organización encargada de suministrar comida a las ollas, realizó un informe a partir de inspecciones que hizo junto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y señaló que existen situaciones irregulares en las ollas. “Se levantaban insumos durante el verano en ollas que sólo funcionaban en invierno. Una olla estaba funcionando en un camping y no correspondía que funcionara ahí. Además, se decía que se cocinaba para determinada cantidad de gente y en realidad se estaba entregando comida para menos”, dijo Colombo.

En su informe, Uruguay Adelante manifestó su disconformidad con la Coordinadora de Emergencia Social Entre Arroyos (Cesea), la organización encargada de organizar las ollas populares. Además, se señaló que Nirsa Álvarez, edila del FA, está vinculada a Cesea. La comisión investigará si es compatible que la edila desempeñe ese rol en la coordinadora o si hay un conflicto entre su rol público y el privado.

la diaria se comunicó con la edila Álvarez para conocer su versión de los hechos, pero prefirió no dar declaraciones. El País informó que el lunes 26 de setiembre el diputado del PN Alfonso Lereté y el concejal del municipio La Floresta Vicente Amicone presentaron una denuncia en la fiscalía de Atlántida “por la presunción de cinco delitos en torno a más de 30 toneladas de alimentos que se retiraron para ollas populares en Canelones y nunca llegaron a destino”. La denuncia plantea que Erramuspe, Álvarez y particulares organizados en una entidad social “podrían haber cometido los delitos de estafa, apropiación indebida, fraude, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de los funcionarios públicos en proceder a denunciar los delitos y encubrimiento”, dijo Lereté a El País.

El tercer punto a investigar es la denuncia de una empresa constructora ante la Intendencia de Canelones por la falta del pago de un trabajo que realizó a fines de 2021. El edil nacionalista no supo precisar la cifra exacta de la deuda, pero apuntó que era un “monto importante”. Definió este caso como un “gran entramado” que implica la presunta falsificación de la firma del concejal del MPP Julio Pérez. La firma en cuestión estaba en un documento que tenía como fin entregar una suma de dinero a la empresa constructora que denuncia al municipio. Sin embargo, “la cifra era mucho menor a la cantidad de plata que se le debía”.