El tercer año de gobierno se suele plantear como el momento de las concreciones, al superar la barrera de la mitad del período. Con el ingrediente de una elección a finales de marzo sobre su ley insignia, la administración de Luis Lacalle Pou procuró consolidar en 2022 su plan de gobierno, impulsando la reforma previsional, la “transformación educativa” y la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales. Sin embargo, aparecieron los escollos. Algunos fueron habituales en la política, como la falta de consenso –dentro de la coalición o con los socios del Mercosur– o la tensión con los sindicatos; y otros inesperados, como los coletazos por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset o la investigación con amplio alcance del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano. Mientras tanto, la economía mostró señales variadas y en seguridad la cifra de crímenes no presenta mejoras.

1. Reformas, leyes y anuncios

  • Se votó el proyecto de tenencia compartida en el Senado y en comisión en Diputados –falta votarlo en el plenario–, con críticas de las organizaciones sociales.
  • La coalición logró la aprobación de la Rendición de Cuentas, que incluyó un incremento del gasto de unos 250 millones de dólares.
  • La ANEP puso el acelerador para la “transformación educativa”, que prevé cambios curriculares y de organización de los ciclos de enseñanza. Los sindicatos cuestionaron los tiempos y la falta de diálogo.
  • OSE aprobó el proyecto Arazatí, una nueva planta potabilizadora, y un plan de saneamiento para 61 localidades, con una inversión total entre ambos proyectos de 500 millones de dólares. La Intendencia de Montevideo, el Frente Amplio y el sindicato de OSE presentaron recursos contra Arazatí.
  • La coalición acordó la reforma jubilatoria, que se votó en el Senado antes de finalizar el año. El PIT-CNT se movilizó e hizo un paro en contra del proyecto.
  • Temas pendientes: ley de medios, juego online, ley orgánica militar, cambios a la negociación colectiva y personería jurídica, y reforma de la carrera funcional.

752 días después, se levantó la emergencia sanitaria por la covid-19, que comenzó en marzo de 2020.

Análisis: Daniel Buquet, politólogo

Evaluación: 2022 estuvo marcado por el referéndum contra la LUC. El resultado fue favorable al gobierno, pero lo ajustado del margen generó lecturas distintas. Con el panorama despejado el gobierno se dedicó en avanzar algunos puntos centrales de su programa como las reformas educativa y de la seguridad social. El gobierno ha logrado mantener unida a la coalición, lo que le permite tanto llevar adelante su agenda legislativa como mantener niveles aceptables de aprobación en la opinión pública. Sin embargo, todas las encuestas han mostrado un descenso de la aprobación y un incremento de la desaprobación a lo largo de 2022. El incremento de los homicidios ha restablecido la preeminencia de la inseguridad entre las preocupaciones de la población. También los casos de Marset y Astesiano han contribuido al deterioro de la imagen del gobierno.

El análisis del año del Frente Amplio

“A pesar de la derrota [en el referéndum sobre la LUC], la oposición se sintió tonificada por la alta votación y se lanzó a recorrer el país con su campaña ‘El Frente Amplio te escucha’. [Durante el año] El Frente Amplio ha seguido cumpliendo con su rol opositor, tanto desde su bancada legislativa como a través de la presencia mediática de su presidente, [Fernando Pereira]. Se ha ubicado frontalmente en contra de los principales asuntos de la agenda legislativa del gobierno y también llevando adelante denuncias por el acuerdo con Katoen Natie, oponiéndose al proyecto Neptuno y aprovechando la delicada situación en la que se encuentra el gobierno por los casos de Marset y Astesiano. La perspectiva del FA es posicionarse con fuerza en perspectiva electoral, aunque parece haber cometido un error al resignar la presidencia del Congreso de Intendentes”.

2. Economía

  • El PIB mostró un primer semestre de expansión económica y un segundo semestre con signos de estancamiento. Los analistas prevén un crecimiento anual en torno a 5%.
  • La inflación estuvo por encima de 8%, y entre marzo y octubre el registro superó el 9%. Lejos del techo del rango meta del Banco Central, que es 6%.
  • Las tasas de empleo y desempleo mostraron una mejor situación a comienzos del año que en el segundo semestre. El desempleo ha oscilado en torno a 8% desde mayo.
  • A mitad de año con los anuncios del gobierno hubo un repunte del índice medio de salarios, pero no logra ganarle a la inflación y sería el tercer año de caída del salario real.
  • La estimación de la pobreza fue 10,7% en el primer semestre, con una suba respecto del mismo período del año anterior, y es dos puntos más alta que antes de la pandemia.
  • El déficit fiscal fue 2,7% del PIB en los 12 meses a octubre. El gobierno redujo el rojo del sector público en más de un punto y medio desde inicio del año.

Análisis: Florencia Carriquiry, economista

Evaluación: Fue un año muy movido en lo económico a nivel global, con impactos relevantes en la economía local. Tuvimos una primera parte del año de crecimiento –por un extraordinario desempeño exportador e inversiones del proyecto de UPM– y un segundo semestre que habría sido de pobre desempeño tras la baja de los precios de los commodities. El PIB habría crecido más de 5%, pero por un efecto arrastre del rebote registrado en la segunda mitad de 2021; en el transcurso del año la economía habría tenido un crecimiento muy moderado. En ese marco, el empleo tendió a caer a lo largo del año –aunque empieza a insinuar cierta recuperación en los meses más recientes–, al tiempo que los salarios reales cayeron por tercer año consecutivo, en un contexto de suba de la inflación. De hecho, al igual que en el resto del mundo, la inflación fue superior a lo esperado este año, recogiendo desde el comienzo la fuerte suba de precios de los alimentos y de la energía, que vino con la guerra en Ucrania.

Lo positivo: La evolución de las cuentas públicas y la sólida posición financiera que mantuvo el país en los mercados internacionales. Con un esfuerzo sostenido en el control del gasto –aunque también en un escenario de caída del salario real–, Uruguay logró una mejora de las cuentas públicas incluso mayor a lo que se había planteado como objetivo para este año y, en lo financiero, mantuvo una posición muy sólida. De hecho, el riesgo país bajó a niveles mínimos y Uruguay logró consolidar una imagen muy positiva en los mercados internacionales en medio de un contexto regional y latinoamericano complejo.

Lo negativo: El deterioro fuerte de competitividad registrado este año, que supone riesgos bajistas para la actividad económica en 2023. Si bien la caída más reciente del dólar en nuestro país está alineada a las tendencias globales de estos últimos dos meses, durante la mayor parte del año el dólar a nivel global mostró un fortalecimiento intenso y generalizado que no se observó en nuestro país. En ese marco, a lo largo de 2022 hemos acumulado un fuerte desalineamiento cambiario, no sólo con los países vecinos sino también frente a varias otras referencias clave, como Europa, Australia, Nueva Zelanda o la propia China. En un mundo de muy moderado crecimiento y con precios de commodities notoriamente más bajos que los alcanzados en la primera parte de 2022, el fuerte deterioro de nuestra competitividad externa supone riesgos para la actividad económica en 2023.

50% obtuvo el No en el referéndum de marzo y así se ratificaron los 135 artículos de la ley de urgente consideración impugnados.

3. Política exterior

  • En una visita del canciller turco a Uruguay que trajo polémica, se firmaron los términos de referencia para negociar un tratado comercial.
  • Uruguay y Brasil acordaron la eliminación de aranceles para lo producido en las zonas francas.
  • En julio el gobierno anunció que culminó el estudio de prefactibilidad para un tratado comercial con China. En los meses siguientes no hubo avances en la negociación.
  • Lacalle Pou viajó a Emiratos Árabes, a Chile para el cambio presidencial, a Paraguay y Colombia para reunirse con sus mandatarios, a Gran Bretaña de gira oficial en mayo y a Japón en octubre.
  • Uruguay presentó la carta de adhesión al Acuerdo Transpacífico. Los tres socios del Mercosur mostraron su molestia y advirtieron que podrían tomar “medidas”.
  • Montevideo recibió la cumbre de presidentes del Mercosur y nuevamente hubo cruces dialécticos entre el argentino Alberto Fernández y Lacalle Pou por la flexibilización del bloque.

Análisis: Marcos Soto, contador

Evaluación: El camino de la política exterior ha sido intentar flexibilizar el Mercosur en busca de alcanzar acuerdos por fuera del bloque. La opción para transitar ese camino, que es necesario, fue la de confrontar con nuestros socios del bloque y no lo comparto. Es necesario que haya mayor apertura, es imprescindible un activo regionalismo abierto; lo que no precisamos es una mala relación regional. Por ello hay alternativas intermedias, que pueden llevar tiempo de maduración, como negociar excepciones ante la existencia real de asimetrías entre los Estados parte. Se ha elegido el camino de desconocer por la vía de los hechos a la unión aduanera, y eso inequívocamente lleva a la brecha de análisis, interpretaciones y, por tanto, estancamiento tenso.

Lo positivo: La gran virtud que ha tenido la cancillería fue colocar estos temas sobre la mesa, sostenerlos en agenda y hacer repensar tanto internamente como a nivel de bloque.

Lo negativo: La estrategia, que en la práctica ha tenido resultados nulos.

3 situaciones polémicas: la renuncia de Carolina Ache como subsecretaria de Relaciones Exteriores por el caso Marset; la de Luis Calabria como tres del Ministerio del Interior por atenderse en el hospital Policial; y el decreto que flexibilizó la política antitabaco, hoy en suspenso.

4. Seguridad y justicia

  • Los reportes del Ministerio del Interior muestran 283 homicidios entre enero y setiembre, 32% más que en igual período de 2021 y 10% más que en 2020. El ministro Heber destacó la baja de hurtos y rapiñas respecto de los años previos.
  • Los delitos violentos tuvieron foco en Rivera, donde en enero hubo siete asesinatos, y en barrios de la capital como Peñarol, que registró igual cifra en mayo. Los crímenes se vinculan al narcotráfico, y las autoridades dijeron que hay 45 organizaciones que manejan la venta de droga en Uruguay.
  • A mitad de año se conoció la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, que estaba detenido en Dubái y hoy se encuentra prófugo. Paraguay lo acusa del asesinato de un fiscal y de ser el líder de una organización criminal.
  • El 25 de setiembre fue detenido Alejandro Astesiano, jefe de la custodia presidencial. La Fiscalía le imputó tres delitos vinculados a la entrega de pasaportes con documentación falsa. También se lo investiga por presunto espionaje político y vínculos con jerarcas policiales.
  • Fueron constantes en el año los cruces y acusaciones de actores de la coalición con la Fiscalía. El fiscal de Corte, Juan Gómez, fue convocado al Parlamento en agosto y se buscó –sin éxito– impulsar una reforma del ministerio público.

Análisis: Gabriel Tenenbaum, sociólogo

Evaluación: Desde hace diez o 15 años hay una radicalización de la violencia asociada al mercado ilícito de las drogas. El diagnóstico es correcto, pero la forma de encarar ese problema social y criminal es inadecuada. El gobierno se enfocó en el microtráfico, pero falta una política original, que tenga por objetivo limitar la actividad de los grandes proveedores de drogas y de las organizaciones criminales internacionales. Hay factores por fuera del Ministerio del Interior, como el lavado de activos y los protectores del capital que ayudan a movilizar dinero sucio; el acceso a armas de fuego; las dificultades de progreso en la educación e inserción laboral de los jóvenes; o la realización de actividades adultas a edades tempranas. Otro tema relevante es la presunción de corrupción del dato estadístico, con dudas sobre la metodología y sospechas de maquillaje de los números.

La visión sobre los casos de Marset y Astesiano

El fenómeno criminal conocido con los nombres de Marset y Astesiano, si bien estos refieren personas, es un fenómeno criminal porque ambos forman parte de una red, organizada o no, formalizada o no, pero hay un conjunto de instituciones y personas que intervienen. Evidencian ambos algo que venimos planteando desde hace tiempo: la falacia de la excepcionalidad uruguaya, el mito de que acá no pasa nada y está todo bien, que no sucede lo que pasa en otros países de la región. En estos casos vemos la corrupción –eso revelan los dos casos– y los vacíos normativos y la actuación de los protectores del capital que auxilian a estos fenómenos o estas personas muchas veces en un marco de legalidad. Esto habla de cómo está constituida la jurisdicción uruguaya, facilitando actividades con aspecto de ilegales, o al menos éticamente reprobables. En los casos de Marset y Astesiano hay sospechas de corrupción y también de lavado de dinero, lo que nos lleva a hablar de la Senaclaft [secretaría antilavado] y la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública], dos instituciones sumamente débiles. Las preguntas de fondo son: ¿Uruguay quiere llevar adelante un control y vigilancia de estas actividades? ¿Uruguay se constituye en parte a partir de brindar facilidades a estos dos fenómenos criminales? Lo bueno de estos casos es que revelan estos dos fenómenos, que han existido antes pero que siempre es bueno que salgan a la luz.

35% es la aprobación del presidente según una consulta en noviembre de la Usina de Percepción Ciudadana.