El artículo 74 de la ley de urgente consideración (LUC), que está dentro del capítulo de seguridad, fue uno de los que generaron polémica y por eso estaba entre los que se intentó derogar en el referéndum. El artículo reflotó lo establecido en el artículo 36 del Decreto-ley 14.924, de 1974, que es el marco normativo base de los delitos de drogas. Así, se volvió a establecer que se aplique una pena de cuatro a 15 años de prisión cuando se dé una serie de circunstancias, por ejemplo, cuando la entrega, la venta, la facilitación o el suministro de las sustancias se efectúan en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o sanitario, de hospitales, cárceles, etcétera.
En 1998 se aprobó la Ley 17.016, de estupefacientes, que marcaba como agravante especial cuando se suministraba en cárceles, pero no establecía máximos ni mínimos de pena. Con la LUC se restableció la pena mínima de cuatro años por ingresar drogas a las cárceles, y al pasar el tiempo se constató que 95% de las personas que caen presas por intentar ingresar drogas a las cárceles son mujeres, siendo un caso paradigmático el de Dona Samer, de 39 años, que intentó entrar 56 gramos de marihuana al Comcar para un hombre que conoció por redes sociales y le dieron una pena de cuatro años de prisión que fue apelada.
Así las cosas, hace pocos días tres senadores del Partido Colorado (PC), Carmen Sanguinetti, Pablo Lanz y Raúl Batlle, presentaron un proyecto de ley sobre “armonización” de las penas relativas a los delitos de estupefacientes. En concreto, quita la palabra “cárceles” del inciso 5 del artículo 36 de la ley de 1974 y agrega el artículo 36 bis, en el que se establece como circunstancia agravante especial que el delito consista en el intento de ingreso de “sustancias estupefacientes a establecimientos carcelarios o de privación de libertad de adolescentes infractores”, y se castigará con una pena de 12 meses de prisión a cinco años de penitenciaría. Por lo tanto, la pena mínima pasa de cuatro años a un año.
Además, el proyecto agrega que “para decidir acerca de la imposición o en su caso la sustitución o la cesación de la prisión preventiva, el juez le asignará especial relevancia” a diversos elementos, como la “necesidad de atender circunstancias familiares o especiales del imputado que hicieran evidentemente perjudicial su internación en prisión”. “Se considerará especialmente al imputado que tuviere la guarda exclusiva de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad siendo el vínculo favorable a su desarrollo integral según informe técnico que lo acredite en atención al interés superior del niño, niña o adolescente”, se agrega.
En la exposición de motivos, los senadores señalan que en la práctica el artículo de la LUC “refiere a la situación de mujeres, quienes mayoritariamente son las que realizan visitas a las cárceles, y que en algunos casos ingresan sustancias psicoactivas, generalmente en pequeñas cantidades”.
Pero, agregan, la nueva norma “tiene una excesiva penalización, provocando un importante aumento de la prisión femenina, 26% en los últimos 12 meses de setiembre 2020 a 2021, mientras que la población privada de libertad toda aumentó 9%”. “En su mayoría se trata de mujeres pobres, vulnerables, con hijos menores a cargo, que han sido sometidas a presión de sus compañeros privados de libertad o de otras personas para el ingreso de estupefacientes en cantidades mínimas”, agregan los senadores en la exposición de motivos.
la diaria consultó sobre el proyecto al senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, que tratará la iniciativa. Contestó que en su partido están estudiando otros temas que les parecen “más urgentes”, como “la reestructuración de pasivos de las personas físicas endeudadas con las financieras”, algo en lo que vienen insistiendo en el último tiempo. “No es un tema que haya estudiado y no es urgente para mí, antes tengo que atender la situación de un millón de personas en el clearing”, finalizó.
Críticas desde la oposición
En tanto, la bancada del Frente Amplio aún no analizó la iniciativa. De todos modos, la senadora de la oposición Silvia Nane dijo a la diaria que el proyecto “no armoniza nada” la legislación actual, dado que lo que hace es “subsanar tardíamente un error de una votación que salió de un acuerdo político en la coalición”. “Que esto iba a afectar a las mujeres y que iba a haber más mujeres presas, incluso con sus hijos, fue algo que todo el mundo se los dijo. Se lo dijeron los expertos en derecho penal y las organizaciones sociales. En ese momento no escucharon a nadie y provocaron lo que pasó ahora”, sostuvo. Subrayó que si el PC “hubiera abierto las orejas antes, esta situación no pasaba”, porque sin los votos del PC ese artículo no podía ser aprobado.
Además, Nane señaló que los colorados presentan este proyecto mientras apoyan la iniciativa de corresponsabilidad en la crianza, por lo tanto, “evidentemente no hay una comprensión integral de la situación de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes”, en el marco “de que tampoco hay una visión integral del problema de la violencia basada en género y todas sus consecuencias”. “Parece ser una iniciativa que es de orden, pero era mucho más de orden no votarla en su momento, y no después de haber aumentado tanto la cifra de mujeres presas”, finalizó Nane.