La interpelación a los ministros de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por las contrataciones de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande culminó pasadas las 3.00 de este martes y la moción final fue aprobada por todos los partidos políticos. La Cámara de Diputados aprobó una declaración en la que manifestó que es “fundamental garantizar el uso racional, eficiente y transparente de los recursos económicos destinados al organismo para el cumplimiento de sus cometidos y el desarrollo de proyectos de infraestructura que potencien el crecimiento regional”.
Asimismo, se llamó a respetar la “idoneidad técnica a la hora de designar delegados y funcionarios, “respetando tanto las normas estatutarias como las de ética de la función pública”.
La Cámara de Diputados consideró satisfactorias las explicaciones dadas por los ministros y “comparte lo expresado por ellos en el sentido de establecer un régimen legal que regule específicamente la actuación de los miembros de la delegación uruguaya en la CTM de Salto Grande, así como el seguimiento y monitoreo de los gastos incurridos”.
También se planteó la necesidad de que la CTM de Salto Grande “promueva en forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional a través de las designaciones directas se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020”. En concreto, se solicitó de manera “imprescindible” que se cese a los ediles de la Junta Departamental de Salto que se encuentran contratados.
Por último, sólo con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio se agregó un aditivo en el que se señaló que debido a la “gestión inadecuada” a partir de la “designación de personal y los cambios del estatuto de los funcionarios”, sin consultar al Poder Ejecutivo, se manifestó que la “renuncia del expresidente Carlos Albisu debe ser acompañada por la renuncia del resto de los delegados uruguayos” y se “encomiende la realización de una auditoría externa de gestión”.