Como alguien que ve un choque inminente sin poder hacer nada, en el Partido Nacional (PN) no hubo sorpresa al enterarse del pedido de imputación de la fiscal de Delitos Sexuales de 6º turno, Alicia Ghione, que lleva el caso del senador nacionalista Gustavo Penadés por pagarle a menores de edad a cambio de mantener relaciones sexuales, caso por el que ya declararon diez personas.

Según comentaron fuentes políticas a la diaria, se trata de un “daño asumido” a la interna del PN, y la planificación electoral de cara a 2024 se hace a sabiendas de que esta marca está; de todas formas, sí coinciden en que el hecho de que efectivamente vaya preso, agrega, simbólicamente, otro matiz a la cuestión.

El pedido de imputación, informado por El Observador y confirmado por la diaria, incluye tanto a Penadés como al exprofesor de Historia del Liceo Militar Sebastián Mauvezin, a este último por reclutamiento y ofrecimiento a Penadés y a otros varones adultos. Asimismo, se pedirá la prisión preventiva.

Así, el próximo mojón es el martes 10, cuando en la audiencia la jueza a cargo, Marcela Vargas, deberá definir si acepta la imputación y esta medida cautelar. Esto se da luego de que la propia jueza Vargas decidiera dar lugar a un pedido de la defensa de Mauvezin de comprobar la autenticidad de un chat que forma parte de la evidencia del caso.

Se trataba de un intercambio entre un adolescente de 14 años y Mauvezin, donde el docente arreglaba un encuentro con el senador en la esquina del Nuevocentro Shopping. En ese momento, el propio Penadés había dicho, al salir del juzgado, no tener “la menor duda” de que los chats eran falsos e insistió, como ha hecho durante todo este periplo, en su inocencia. Luego de este pedido, el caso no tuvo más movimientos hasta ahora.

Los cambios de la LUC

La ley de urgente consideración (LUC), que fue impulsada por el gobierno, modificó en su artículo 34 el artículo 224 del Código Penal, que refiere a los requisitos para disponer la prisión preventiva, como se pretende hacer con Penadés.

Además de los riesgos procesales que se toman en cuenta a la hora de disponer esta medida cautelar, como son la posibilidad de fuga, el entorpecimiento de la investigación y el riesgo para la seguridad de la víctima y la sociedad, se expresa que estos riesgos se presumen de hecho cuando se imputan ciertos delitos sexuales: violación, abuso sexual, abuso sexual agravado, atentado violento al pudor.

Es decir, si Penadés fuera imputado con alguno de estos delitos, la Fiscalía necesariamente debería solicitar la prisión preventiva y la Justicia debería seguir la normativa que rige desde la LUC.

Pereira: debe haber “una condena explícita de todo el sistema político”

Consultado al respecto por la diaria, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, entendió que “de confirmarse” la imputación, se trata de algo “gravísimo”, puesto que, “en primer lugar, un senador de la República esté vinculado a la explotación o a la promesa de retribución o retribución de menores de edad”, algo que “en sí mismo es aterrador”. Por otro lado, “estamos ante un hecho que yo considero sin precedentes en la historia de Uruguay, y no lo podemos naturalizar”.

“Me da la impresión de que los niños y las niñas uruguayas, que deberían ser quienes estén más protegidos, tienen hoy un nivel de desprotección increíble” y este en particular no es un tema “para la utilización en una campaña, no es para sacar réditos políticos”, pero sí “es para que el sistema político haga todas las condenas necesarias, porque no es cualquier cosa lo que ha pasado”.

“Ha pasado que un senador de la República prometió o retribuyó a menores para tener relaciones sexuales, lo cual da pavor”, señaló Pereira, e insistió con que debe existir “una condena explícita de todo el sistema político, independientemente de partidos y de filosofías”. Hasta ahora, en el FA han “tenido el cuidado de, habiendo víctimas menores, expresarse con cuidado”, pero siempre en el entendido de que “tiene que haber garantías”.

“Creo que la fiscal y los jueces actuantes dieron todas las garantías posibles a los menores y, en función del pedido que hay, me parece que estamos ante un hecho grave”, agregó, y recordó a la decena de personas que han acusado “a Penadés siendo menores de edad, algunos de los cuales son muy chicos”. En este marco, “la información que tenemos es muy parcializada, suponemos que en el momento que se tenga toda la información podremos tener definiciones más contundentes”, sentenció.

A su vez, en la Mesa Política del FA del lunes la directora por la oposición del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Natalia Argenzio, presentó “un informe sobre la situación actual de la minoridad”, contó Pereira, e indicó que “están devolviendo dinero del INAU y no contratan personas para cuidar a niños que tienen una desprotección brutal”.