La Mesa Política del Frente Amplio (FA) emitió una declaración este lunes por la falta de definiciones del gobierno en torno al pedido del Parlamento de remover a todos los funcionarios de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande que fueron designados de forma directa. Si bien el presidente, Luis Lacalle Pou, dijo que se actuaría “en consecuencia” frente a lo solicitado por los legisladores, hasta ahora no se conoció la resolución.

El FA “expresa su preocupación por la indefinición del gobierno en este contexto, teniendo en cuenta la resolución adoptada por la Cámara de Representantes, por amplia mayoría, como conclusión de la interpelación” y reafirma “en todos sus términos lo indicado en los numerales 6 y 7 de la declaración votada por la Cámara de Representantes en el sentido de que cesen los contratos por designación directa, que renuncien los integrantes políticos de la Delegación de Uruguay y se proceda a realizar una auditoría externa”. Este aditivo se aprobó sólo con los votos de la oposición y Cabildo Abierto.

Por otra parte, la Mesa Política “reconoce y respalda el trabajo realizado por la Bancada de Diputadas y Diputados en la preparación de la interpelación, en el entendido que se realizó con responsabilidad, estudio y rigor, procurando el combate permanente contra el clientelismo, la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos”.

El presidente del FA, Fernando Pereira, se refirió al tema en rueda de prensa antes de entrar a la Mesa Política. Al respecto, dijo que Lacalle Pou debería “adoptar las decisiones que el Parlamento le recomendó, entre otras, cesar al conjunto de personas que ingresaron por amiguismo, por clientelismo, por favores, porque esta ya es una política que no se debe practicar”.

Pereira utilizó la expresión “desidia y poco apego” -que acuñó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche- para calificar el manejo del gobierno de esta situación, pero consideró que “se tendrían que haber ido todos ya, sin necesidad de que el presidente se los pida, porque si cometieron actos tan aberrantes desde el punto de vista de la gestión, no pueden ser administradores”.

Según supo la diaria por fuentes de la Cancillería, es “inminente” que el gobierno adopte una definición respecto del pedido del Parlamento que concierne a la CTM.