La Cámara de Senadores concluyó que hubo ilicitudes en la gestión que llevó adelante el exdirector general del Ministerio del Interior (MI) Charles Carrera entre 2010 y 2017, a partir del informe de la comisión investigadora que se conformó en diciembre del año pasado, y remitió la información a la Fiscalía de Delitos Complejos y a la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep).

La comisión se creó a partir de una denuncia de 2012, cuando Carrera, por entonces director general del MI, habilitó a atender en el Hospital Policial a Víctor Hernández, quien quedó parapléjico a raíz de una bala perdida que presuntamente provenía de una fiesta que se celebraba en la casa del subcomisario de La Paloma.

Al igual que durante el trabajo de la comisión, el Frente Amplio (FA) resolvió no concurrir a la sesión. En una misiva enviada al Senado, la oposición argumentó que la conformación de la comisión fue “totalmente extemporánea”, ya que la Fiscalía se encontraba “analizando los hechos denunciados al momento de su integración”. Asimismo, se indicó que “su actuación ha estado signada por la acción proselitista y la intención de presionar indebidamente al Poder Judicial”.

La coordinadora de bancada de la oposición, Amanda Della Ventura, explicó en una rueda de prensa que desde el inicio no compartieron la decisión de crear la investigadora porque el tema estaba siendo analizado por la Fiscalía, a partir de una denuncia de la actual gestión del MI. “Entendemos que esto es una deformación proselitista partidaria que tiende –no podemos decir intencionalmente– a llevar presiones al sistema judicial, en el sentido de que hay un poder del Estado que está haciendo la misma tarea que hace la Fiscalía. En ese sentido, no nos parece correcto, no nos pareció correcto participar en la investigadora y no nos parece correcto ahora entrar”, expresó.

Además, sobre la decisión de enviar el caso a la Jutep, Della Ventura dijo que llama la atención que los senadores de la coalición no hayan hecho lo mismo para el caso del senador nacionalista Juan Sartori, quien resolvió no presentar la declaración jurada de su esposa.

Niffouri: “Acá no estamos para perseguir a nadie”

El senador nacionalista Amin Niffouri fue el encargado de presentar las conclusiones de la investigadora en el Senado. Señaló que durante todo el trabajo de la investigadora se dieron “todas las garantías necesarias a los comparecientes” y rechazó que se diga que hubo “persecución” a Carrera porque se investigó la gestión de la Dirección General de Secretaría del MI. “Quiero que quede meridianamente claro, porque acá no estamos para perseguir a nadie”, afirmó.

Lamentó la no participación del FA en la comisión y la inasistencia de los senadores a la sesión, lo que a su entender configura un “desconocimiento de la institucionalidad parlamentaria”. Niffouri señaló que se realizaron 16 sesiones y los únicos que no concurrieron fueron Carrera, su pareja y la diputada Susana Pereyra.

Cuestionó los argumentos del FA y señaló que el año pasado, en Diputados, la oposición hizo la denuncia penal contra la gestión del ministro de Turismo, Germán Cardoso, antes de que iniciara la investigadora. “¿Y ahí no presionaron a la Justicia? Es lo mismo. No vale acusar cuando es para un lado de una manera y cambiar el discurso cuando nos toca”, retrucó.

En el informe presentado al Senado se hizo hincapié en tres hechos con apariencia delictiva. En primer lugar, la autorización otorgada por parte de Carrera a Hernández, su pareja y Pereyra para el uso de las instalaciones en el Hospital Policial. El oficialismo entiende que existió en ese caso un abuso innominado de funciones porque era un “funcionario público haciendo abuso de su cargo” para favorecer a otras personas, en un “claro perjuicio de la administración”, dijo Niffouri.

Otro de los hechos en los que se consideró que existió delito es en la elaboración de “documentos públicos falsos” para darles a estas personas el grado policial, con el objetivo de que fueran atendidos en el hospital. Para el oficialismo, hubo “falsificación ideológica” en carácter de coautor.

También se hizo referencia al pago de tickets de alimentación a Hernández, por un total de 20.000 pesos, y Niffouri señaló que para esa conducta se prevé “un delito de colusión en modalidad de compeler en grado de tentativa”. “Esto porque en su calidad de funcionario y de abuso de su cargo intentó compeler a los funcionarios para que le abonaran a Hernández un dinero”, pero ante su negativa, los terminó pagando a título personal.

Durante su intervención, el senador Guillermo Domenech señaló que el país “asiste atónito a un desvío de la Fiscalía”, que ha sido utilizada “como instrumento político”. “Hemos asistido al cese de Penadés, a debates en el campo judicial de cosas que se podrían discutir en el ámbito político. Eso no nos inhibe de reconocer que es imprescindible acudir a los estrados judiciales y formular imputaciones que hacen a la conducta de protagonistas de la política, porque es evidente que hay inconductas que no podemos soslayar”, señaló. Agregó que “sería una irresponsabilidad hacer caso omiso a conductas que entendemos desviadas e incorrectas, y la Justicia juzgará hasta qué punto estamos en lo correcto o no”.

Desde filas coloradas, el senador Adrián Peña manifestó que se trata de un “llamado de atención en este tiempo político”. “Todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, donde la transparencia a la hora de la gestión en la administración pública es fundamental. donde la ciudadanía está elevando el estándar y la vara en cuanto a la exigencia a sus servidores públicos”, resaltó.

Carrera: “Tengo la conciencia más que tranquila”

Luego de conocer la determinación del oficialismo, Carrera reiteró que la conformación de la comisión se constituyó con la finalidad de perseguirlo “por haber denunciado numerosos actos de corrupción que involucran a este gobierno”. En una carta que publicó en su cuenta de X, el senador frenteamplista agradeció el apoyo de su fuerza política al “no participar en este circo político, sino que dejaron bancas vacías, entendiendo que se ha presionado políticamente a la Justicia”.

“Hoy me tocó volver a ser el foco de los ataques de este gobierno desgastado, que utiliza la política para atender asuntos que deberían ser resueltos en la Justicia. Que no sólo conforma una comisión investigadora que me declaró culpable de antemano –y fue utilizada como recurso político para enchastrarme–, sino que se apersonó ante el fiscal de Corte [Juan Gómez] para presionarlo y que se me persiga judicialmente “, agrega Carrera.

El senador recordó que informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de “todas estas acciones de persecución política”.

“Esto terminará como empezó: con una campaña de persecución hacia mi persona, que deja en soledad a un gobierno atormentado por los inacabables casos de corrupción”, agrega el legislador y concluye: “Por mi parte, tengo la conciencia más que tranquila de haber obrado de acuerdo a derecho y con la fuerza de seguir militando con la misma intensidad”.

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