Los directores de Tránsito departamentales se reunieron el miércoles en Rocha con las autoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) para avanzar en el proyecto de la libreta por puntos, que viene postergada desde hace más de dos años.

Según pudo saber la diaria, se busca que la licencia por puntos sea un “sistema integrado” que esté sostenido en puntos “habilitantes” y que mejore la calidad de la conducción en procura de una “mejor seguridad vial”. Todo esto de cara a 2025, por lo que el año próximo estarán en debate los puntos otorgables, su pérdida y la forma de recuperación, así como los mecanismos de fiscalización.

A modo de prueba piloto, para 2024 el Congreso de Intendentes espera que, conjuntamente con las multas, cuando se apliquen y se las notifique al infractor, se le comunique por ejemplo por mensaje de texto cuántos puntos le habría costado esa sanción de haber estado vigente el sistema.

En esa reunión, el presidente de la Unasev, Alejandro Draper, realizó un racconto de la ley, que rige desde 2019, habló del puntaje que se asignaría, cómo se percibirían esos puntos y cuál sería el sistema de restitución que podría llegar a haber. En su exposición, planteó que cuando una persona tramite la libreta por primera vez obtendrá ocho puntos, a los tres años podrá tener 12, y si se mantiene sin sanciones llegará a un máximo de 15. Todo esto está bajo análisis por parte de las autoridades del Congreso de Intendentes.

En función de la gravedad de las infracciones se delimitará cuántos puntos quitar a esa libreta. Habrá tres que le quitarán todos los créditos al conductor, por ejemplo, haber ingerido alcohol, marihuana o haber participado en una picada o carrera ilegal. Esto quiere decir que con ese tipo de infracciones se les quitará la libreta. Otro de los planteos es que se quiten puntos por escala. A modo de ejemplo, se planteó que se quitarían seis por exceso de velocidad, cuatro por utilizar el celular, y dos por no usar casco o cinto de seguridad.

César García, asesor del Congreso de Intendentes, dijo a la diaria que con esa información ahora trabajan junto a los directores de tránsito para “dar una propuesta de qué es lo que nosotros podemos hacer para generar un sistema que comprenda estas aspiraciones que tiene el Poder Ejecutivo y ver cómo negociamos y aspiramos a llegar con el proceso cumplido a 2025”, que sería cuando se aplicaría formalmente lo que pide la ley.

García dijo que desde el Congreso le tienen que dar un “enfoque claro” porque lo que se haga se tiene que trasladar a las 19 intendencias y así generar “un sistema que sea único”. Para el asesor, eso “no es fácil” porque “tenés que hacer el desarrollo informático que te abarque las particularidades que tiene cada uno”.

“Eso tiene la apertura suficiente como para saber que tenemos que ver cómo este tema lo instrumentamos, como también ver cómo llegaríamos a instrumentar el tema de los formadores que tiene que haber en seguridad vial en el Uruguay que hoy no está. Entonces hay que formar formadores primero para después preparar el sistema para que haya gente que pueda fiscalizar eso”, agregó.

Al ser consultado sobre si las academias de choferes no podrían hacerlo, García planteó que lo primero que hay que analizar “es cuál es la formación de las academias”. “Alguien tiene que determinar si formalmente ese nivel educativo o de formación que dan las academias es el apto”, porque “tampoco los titulares de las academias fueron formados por nadie”.

Según García, nadie en Uruguay “tiene una profesión que sea la seguridad vial, entonces vos tenés que construir un sistema”. “A partir de ahí es que tenemos que generar cómo esto va a funcionar y en todo el país, porque tampoco lo puedes hacer únicamente con enfoque en Montevideo o en el área metropolitana, sino que tenés que llegar a todos los rincones del país. Y en todos esos lugares la gente tiene que tener libre acceso al sistema, o sea, poder acceder a un sistema pago, pero también acceder a un sistema público que dé garantía de que llegue a todos”, expresó.

El escenario parece no ser sencillo a la hora de poder instrumentar cómo se pueden recuperar los puntos y cada cuánto tiempo, porque debe diferenciarse entre las personas que usan la licencia de conducir “como su modo de sustento” y los que no.

Según plantearon desde la Unasev, “no es una ley para castigar”, sino, por el contrario, es “para traer seguridad”. En ese marco, indicaron que los conductores “de riesgo” deben ser “reeducados antes de que puedan volver a conducir”. Por eso la “única razón de la existencia del permiso por puntos es” aumentar la seguridad en la vía pública, porque “para esta pandemia no existe vacuna”, y creen que “este mecanismo en conjunto con otros ayuda a crear la conciencia en las personas de hacer lo correcto”.