La construcción de un complejo residencial de 29 bloques proyectados a ambos lados de la península rocosa de Punta Ballena, cerca de Punta del Este, ha dado que hablar. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo este jueves que en esa zona, que es terreno privado, “se puede construir”, y lo que queda pendiente es revisar si habrá “impactos ambientales que sean significativos e irreversibles, que hagan que nosotros no otorguemos el permiso”.

El proyecto original –que tenía 37 viviendas– cuenta con la aprobación de la Intendencia de Maldonado y la Junta Departamental desde la administración de Óscar de los Santos, y ahora que se redujo en tamaño busca la aprobación del Ministerio de Ambiente. “Estamos ante una iniciativa privada en terrenos privados, o sea, lo que corresponde al ministerio es dar el trámite legal correspondiente”, aclaró Bouvier en Desayunos informales de Canal 12.

El ministro enfatizó que el proyecto original ya tiene la aprobación de la comuna y que ya se hizo una transacción con los dueños del terreno. “La propiedad privada está laudada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y en su momento se transó por el hecho de que se liberara espacio público en la ruta. Hubo una transacción en que los privados dieron al uso público la avenida Páez Vilaró, la ruta que lleva al mirador principal, los miradores laterales y unas bajadas a la playa. Esa fue la transacción que se hizo en ese momento y sobre esa base fue que se autorizó el proyecto. Hoy no hay un nuevo proyecto, es una readecuación del original”, por lo que los permisos siguen vigentes, comentó Bouvier.

El ministro no quiso ahondar en los detalles de la aprobación original porque afirmó que no ha accedido al expediente de aquella negociación. Uno de los elementos que aún no quedan claros es si se aprobó el proyecto sin que se cumpliera la Ley de Ordenamiento Territorial, que estipula que se debe dejar libre cierta parte de la franja costera.

¿Qué ha hecho y qué puede hacer el Ministerio de Ambiente?

El ministro aseguró que uno de los primeros pasos que dio con respecto a este tema fue pasarlo de categoría B a C. Esto implica que se deba llevar adelante una audiencia pública obligatoria en la que la ciudadanía y los impulsores del proyecto pueden discutir y generar insumos para que luego el ministerio estudie el caso.

Por otra parte, otra de las decisiones que tomó fue extender el plazo hasta el 12 de diciembre para seguir recibiendo las consideraciones que se hagan sobre el proyecto. Hasta el momento, advirtió Bouvier, han llegado más de 10.200 consideraciones, algo que superó ampliamente lo presentado sobre el proyecto de la planta de celulosa de UPM. Esto “muestra la sensibilidad social que está teniendo este tema y la prudencia que tenemos que tener en cuanto al manejo”, consideró el ministro.

Sobre los pasos a seguir, comentó que esperan superar las 11.000 consideraciones y deberán evaluarlas todas. Además, tienen que darles esos argumentos a los impulsores del proyecto para que puedan prepararse también para la audiencia pública. Por eso, el ministro estima que esa instancia no sucederá antes de abril del próximo año.

Asimismo, Bouvier afirmó que se estudiarán todos los argumentos de la academia sobre la protección de flora y fauna. También se consideran los impactos de la construcción de un complejo tan grande, con todos los movimientos de maquinaria que eso conlleva, y las consecuencias sociales que tenga el proyecto, en referencia a la cantidad de personas y vehículos que pasarán por el lugar a diario.

“Nos parece importante recibir todos esos insumos, que pueden ayudar al análisis técnico de nuestro personal; tenemos que ir lentos, seguros, con rigurosidad técnica, por lo que los apuros no son aconsejables”, resumió el ministro.

Por otra parte, Bouvier aseguró que el ministerio analiza en estos momentos la posibilidad de generar en el lugar un área protegida. “Es una buena medida, lo estamos analizando, tanto por sí como por no. El expertise lo tiene la gente de áreas protegidas y le estamos pidiendo asesoramiento técnico, pero me parece que es el momento adecuado para analizarlo”, comentó.

Este mismo jueves, acompañado por el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, Bouvier informó sobre el asunto al presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Al término de la reunión, el ministro señaló en una rueda de prensa que se trata de “un tema que tiene sensible a la ciudadanía”.

Comentó que este miércoles mantuvo una conversación con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, aunque no se habló “de ninguna solución”, sino “simplemente de ideas que podría haber” al respecto.

Consultado sobre la posibilidad de que haya una expropiación por parte del Estado, Bouvier dijo que “no es algo que esté considerando el ministerio”, aunque aclaró que tampoco “le compete” a su cartera. “Nosotros estamos analizando una propuesta que viene de un privado, lo cual hacemos con cualquier proyecto que viene a nuestro ministerio. No tenemos por qué plantear ninguna solución en este momento, [porque] estamos en los trámites normales del proceso”, subrayó.