El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió notificar, una vez más, al senador nacionalista Juan Sartori, luego de que este entregase, fuera de plazo, información adicional sobre su declaración jurada. La presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo, indicó a la diaria que si bien Sartori presentó “balances” de sus empresas y un escrito sobre su “incremento patrimonial”, el organismo definió “pedir otra documentación más”.
“Necesitamos la información a través de una declaración jurada. Él manifiesta a través de ese [último] documento dónde es el incremento patrimonial, pero eso, como si fuera en un juzgado, tiene que acreditarse”, por ejemplo, con “un certificado de un contador”, explicó Di Longo. En definitiva, “falta más” información para “aclarar el tema” y “se le va a notificar”, señaló.
Según lo que declaró Sartori, el patrimonio neto del senador y empresario era de 3.909.417.975 pesos en 2020 y de 5.579.060.941 pesos en 2022. La Jutep le pide que justifique ese incremento patrimonial de 39 millones de dólares en dos años; en caso contrario, podría disponerse una investigación de su declaración jurada. El principal argumento de Sartori es que las empresas que no incluyó explícitamente en su declaración jurada están dentro de un holding, el cual sí declaró.
Esto forma parte de uno de los dos expedientes que la Jutep tiene sobre Sartori. El otro, por el cual ya fue declarado omiso, refiere a la declaración jurada de los bienes de su esposa, Ekaterina Rybolovleva. Sartori se niega a presentar información sobre su cónyuge. Al ser catalogado omiso por la Jutep, el Senado debe proceder a retenerle la mitad del salario de legislador e imponerle una multa de 50 unidades reajustables; además, estaría impedido de ejercer la función pública.
La semana pasada, el suplente de Sartori en el Senado, Juan Straneo, sostuvo en rueda de prensa que hay “mucho de político atrás de todo esto”. A su criterio, existe “un trasfondo muy fuerte”, a partir de constantes pedidos de acceso a la información pública para saber la situación particular de Sartori “y no así sobre el común denominador de los políticos en Uruguay”. Afirmó que, por su condición de millonario, “la tranquilidad que tiene la ciudadanía es que precisamente es el único político que no nos va a venir a robar”.
Al respecto, Di Longo afirmó que no se trata de “una persecución”, porque la intimación “fue a raíz de una denuncia que se presentó”. “Si alguien hace una denuncia frente a cualquier funcionario público y plantea que hay un incremento del patrimonio y sospecha de ese incremento, la Jutep tiene que investigar”, señaló; y añadió que “en ningún momento nosotros manifestamos que el senador robó o que viene a robar; simplemente se pide lo que exige la normativa”.
Acerca de otros casos similares al de Sartori, Di Longo puntualizó que actualmente la Jutep tiene sólo cinco funcionarios y no hay “posibilidades de estar haciendo investigaciones de las declaraciones juradas como lo pide la ley, ni siquiera las que publica la Jutep, porque no tenemos personal”. Mencionó que incluso ella misma está a cargo de “temas administrativos” porque “no damos abasto”.