Una semana antes de que el directorio de la Caja de Profesionales aprobase el aumento de 2% de la tasa de aportación, de 16,5% a 18,5%, a partir del 1° de enero de 2024, en el mismo directorio se rechazó una moción que establecía una serie de medidas alternativas con el objetivo de incrementar los ingresos del organismo previsional, cuyas reservas se prevé que se agotarán en el transcurso de 2025.

De acuerdo al texto que se trató en la sesión del 23 de noviembre, al que tuvo acceso la diaria, el directorio rechazó “solicitar al Poder Ejecutivo un préstamo puente de 300 millones de dólares” con el propósito de “permitir el acometimiento de acciones”, tales como préstamos sociales e inmobiliarios, que generarían “utilidades que permitan su pago oportuno”, del mismo modo que “lo hacen los estados con organismos financieros internacionales”.

El directorio también declinó “reclamar” la devolución del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que tributan los profesionales universitarios, cuya recaudación se vuelca íntegramente por ley al Banco de Previsión Social. Tampoco se optó por “encarar a la mayor brevedad posible una campaña de captación de afiliados con declaración de no ejercicio”, que se estiman en 100.000, o por incrementar las acciones tendientes a recuperar “el dinero que por morosidad de diferentes deudores” corresponde a la Caja de Profesionales, entre otras medidas alternativas.

La moción fue presentada por el representante de los pasivos en el directorio, Odel Abisab, uno de los cinco integrantes del directorio electos por los afiliados. Además de Abisab, acompañaron el planteo Fernando Rodríguez Sanguinetti y Pablo Schiavi, suplente del director secretario del instituto, Blauco Rodríguez. Votaron en contra la presidenta, Virginia Romero, y el vicepresidente, Hugo Alza, mientras que los dos delegados del Poder Ejecutivo, Luis González y Gerardo López, se abstuvieron.

Una semana después, en la sesión del 30 de noviembre, el directorio aprobó el aumento de la tasa de aportación, que en principio regirá por un año, con los votos en contra de Abisab y Rodríguez Sanguinetti.

La mayoría del directorio basó su decisión en la ley de la reforma jubilatoria (20.130), que establece que ante “resultados operativos deficitarios” las cajas paraestatales “deberán” implementar “las medidas precautorias inmediatas necesarias con la finalidad de detener y revertir la descapitalización observada”. La normativa faculta a las autoridades de los organismos previsionales a disponer “un aumento de hasta dos puntos porcentuales de las alícuotas de aportación”.

Desde el directorio de la Caja de Profesionales señalaron a la diaria que el aumento de la tasa de aportación “era la única medida que podía tomar el directorio” tras el rechazo a la reforma del gobierno en el Parlamento. Sin embargo, según consta en el acta de la sesión del 16 de noviembre, a la que tuvo acceso la diaria, Abisab sostuvo en el directorio que la Ley 20.130 “no le ordena al directorio a aumentar un 2%” la tasa de aportación, sino que simplemente “lo faculta”. Aunque la normativa sí “ordena tomar medidas” al directorio, también lo habilita a elaborar “otros proyectos que se puedan pasar al [Poder] Ejecutivo como vía hacia el [Poder] Legislativo a fin de incrementar ingresos”, señaló Abisab.

Según el Poder Ejecutivo, los profesionales aportan a lo largo de su trayectoria apenas entre 35% y 40% de la jubilación que perciben al retirarse. A su vez, según números de la Caja de Profesionales, la jubilación promedio es de 80.000 pesos, pero como la mayoría de los cotizantes están “estacionados” en la segunda categoría de aportación, se requieren aproximadamente “diez aportantes para pagar una jubilación”.