A las 10.00 comenzó este jueves, en la Comisión Permanente del Parlamento, el llamado en régimen de comisión general al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, para conocer y analizar las medidas tomadas por la sequía y la emergencia agropecuaria. Mattos reconoció este miércoles que la situación se va agravando en la medida en que no llueve: “Estamos en un proceso de creciente seriedad y gravedad de los efectos. Ya va a haber daños que estamos cuantificando, pero que pueden ser importantes no sólo en la economía agropecuaria, sino en la nacional”, señaló.
El miembro convocante, el senador frenteamplista Sebastián Sabini, apuntó en la apertura de la convocatoria que la sequía “no es nueva en Uruguay”, pero que “eventos que eran excepcionales van a ser menos excepcionales y más profundos”, por lo que se requieren medidas en el corto plazo, pero también en el mediano y a futuro. “Dentro del paquete de medidas del gobierno hay algunas que no estamos vislumbrando y que nos preocupa; más que cuestionar al ministro o a su equipo -no tenemos ningún cuestionamiento a las personas-, entendemos que hay alguna serie de responsabilidades que vamos a marcar”, anunció.
Sabini adelantó que el Frente Amplio (FA) aportará propuestas, porque “el sector agrario es sumamente diferente, tiene capacidades distintas para afrontar esta crisis, y venimos de tres años de seca, y este último verano ha sido el peor”. Señaló que si bien “nadie puede hacer llover”, sí “se pueden hacer políticas públicas para mitigar el impacto del cambio climático, se pueden hacer medidas desde el Estado para apoyar a productores familiares”.
El senador frenteamplista opinó que “no podemos dejar [librados] a las fuerzas del mercado a esos productores familiares y a esos asalariados, porque la racionalidad del mercado es muy cruel y no va a atender” esas situaciones. Advirtió que, de lo contrario, “tras la seca lo que va a quedar es un tendal de pequeños y medianos productores que dejen de producir”. “Sé que no estamos diciendo nada nuevo para el ministro ni para su equipo”, reconoció, y contó que participó en recorridas junto a las autoridades y “conocen las dificultades”.
El legislador recordó que 90% de la tierra en Uruguay “está destinada a actividades agropecuarias de secano, lo que quiere decir que tenemos una debilidad muy grande ante estos eventos climáticos”, y señaló que como país se debe apuntar a que esos tipos productivos sean cada vez menos. Además, dijo que 98% de las unidades productivas del agro son micro y pequeñas empresas: “No son las que exportan, esas están en el 2%, pero esas empresas pequeñas son las que desarrollan la actividad más intensiva y son las que tienen más dificultades para afrontar esta seca, y por eso queremos enfocar las medidas allí”.
Sabini señaló que “las postergaciones de pago y el acceso a crédito, medidas que compartimos, entendemos que son insuficientes: en primer lugar, porque muchos de estos productores directamente hoy no van a poder cosechar absolutamente nada, porque ya están endeudados, porque ya tomaron préstamos, porque venimos de tres años complejos”. Insistió en que “necesariamente tiene que haber otras políticas que hasta ahora no vemos”.
Además, reclamó que “no se puede hablar de seca en la seca”: “De la sequía hay que acordarse en los tiempos de normalidad, cuando se puede juntar el agua”, y en ese sentido apuntó que “hay responsabilidades políticas”.
“Convocamos a esta sesión con el objetivo de conocer las acciones que planifica el gobierno a futuro para paliar esta situación, pero también para minimizar las acciones de cambio climático a futuro, y también esperando una autocrítica por las cosas que se dejaron de hacer, por políticas públicas que estaban previstas, diseñadas, financiadas y no se hicieron”, afirmó Sabini. Agregó que, a su entender, esas políticas públicas no se concretaron “por una razón meramente de carácter ideológico. Probablemente el ministro no sea el responsable, pero sí su gobierno, porque se antepuso un criterio fiscalista a las necesidades que tenía el país”.
Sabini aseguró que “hay miles de productores que podrían estar enfrentando esta situación con otras herramientas que hoy no tienen”, lo que en parte se debe a recortes presupuestales en direcciones del ministerio que consideró “las más estratégicas: la dirección de Desarrollo Rural y la Dirección General de la Granja”. “Como ejemplo, no como reproche”, dijo que el Fondo de la Granja en 2019 invirtió 296 millones de pesos, mientras que en 2021 invirtió 159 millones. “Son fondos destinados a los granjeros del país, esos que tienen menos espalda y de los que nos vamos a acordar cuando no los tengamos, cuando tengamos que importar toda la fruta y la verdura, o cuando dos o tres productores terminen comprando esas unidades productivas”.
Preguntas sobre el programa “Más agua”
El senador cuestionó que el gobierno no haya promovido el proyecto “Más agua para el desarrollo rural”, en el que tenía pendientes 2.574 iniciativas. “Creo que hoy ese proyecto cobra la importancia estratégica que tenía. El proyecto buscaba financiar inversiones para el suministro del agua para predios de todo el país y asistencia técnica. Hacia 2019 se formularon 3.400 proyectos; una vez que se pasó el tamiz técnico, se aprobaron 2.574 proyectos. De esos 2.574 proyectos, pero sólo se ejecutaron 540. Este es un recorte que no entendemos, no aceptamos, no compartimos”, expresó Sabini.
Para el legislador del Movimiento de Participación Popular, el gobierno debe hacer “autocrítica” y retomar la iniciativa, porque actualmente 2.000 “productores hubieran podido enfrentar esta situación con otras herramientas”. Sabini remarcó que “el gobierno dijo que iba a mantener lo que estaba bien y cambiar lo que estaba mal. Y esto estaba bien. Esto era una buena medida para el país, era un endeudamiento necesario que se dejó por el camino y nosotros no entendemos por qué”, expresó.
También señaló que hay productores que hicieron el gasto y “quedaron adentro”. Tuvieron que ver cómo hacían para pagar el pozo y el tajamar que habían realizado, “porque un gobierno decidió que esa política que se estaba aplicando no corría más”.
En suma, Sabini señaló que en 2009 la sequía costó al país 868 millones de dólares y en 2017, la pérdida por sequía fue por 546 millones de dólares. “¿Nos preguntamos cuánto nos va a costar esta sequía y quién va a pagar los costos?”, preguntó.
Al finalizar su intervención, el senador hizo diversas preguntas al ministro en torno a la gestión para paliar los impactos de la sequía. A nivel económico, consultó sobre las pérdidas que se esperan para todo el sector productivo y las estimaciones del ministerio sobre la caída de la productividad de los sectores. También preguntó sobre los recursos que el MGAP piensa destinar para paliar la situación y si Mattos “entiende que la situación puede ser catalogada como catástrofe climática”.
Asimismo, manifestó que es necesario preguntarse sobre cómo “repercute la sequía en los asalariados rurales, víctimas más débiles de la situación”. En el caso de los productores, también consultó si es posible extender los plazos del pago de las deudas contraídas por la emergencia.
Mattos: “No hay nada que pueda suplir el daño que está causando esta sequía”
Durante su intervención, Mattos señaló que es la tercera primavera-verano con déficit hídrico y es la cuarta emergencia agropecuaria declarada durante este período de gobierno. Esta sequía, agregó, “tiene características bastante más generalizadas” y ha “afectado a todos los productores, los chicos, medianos y grandes”.
En ese sentido, señaló que es “absolutamente prioritario y atendible que los pequeños productores tienen un margen de maniobra mucho más escaso, tienen posibilidades mucho más limitadas para enfrentar las situaciones que el productor más grande”.
En referencia a las preguntas de Sabini sobre el impacto económico, señaló que “no hay nada que pueda suplir el daño que está causando esta sequía. Es muy difícil evaluar, porque la seca no se sabe cuando empieza y cuando termina” y en unas semanas “podemos estar peor o mejor”. De todas maneras, dijo que según datos preliminares, estiman que el impacto directo de la sequía será de unos 1.175 millones de dólares.