Este viernes fue el velorio del general retirado Pedro Aguerre Albano, que murió el jueves a los 85 años. Aguerre fue integrante del Partido Socialista y fue uno de los oficiales constitucionalistas que fueron detenidos antes del golpe de Estado de 1973. En 1964, junto al entonces mayor Pedro Montañez, Aguerre y tres oficiales más conformaron la Corriente 1815, que llegó a estar integrada por un centenar de militares legalistas. Estuvo preso desde 1972 hasta 1985.
Su hijo, el general retirado Pedro Aguerre Siqueira, fue comandante del Ejército entre 2011 y 2014, y él mismo fue asesor honorario de la ministra de Defensa Nacional Azucena Berruti, durante más de un año, cuando asumió el primer gobierno de izquierda en Uruguay. “Le puse como condición que siempre le iba a decir lo que pensaba y no lo que quería oír, y que no quería cobrar porque ya tenía mi sueldo de retirado. Soy general ascendido en base a una ley de reparación para militares perjudicados por la dictadura por razones políticas”, contaba en una entrevista con la diaria, en 2011.
En esa entrevista también dijo que para él, el golpe de estado “fue el 9 de febrero de 1973 porque fue una rebelión militar triunfante que cambió la Constitución, y si eso no es un golpe, ¿qué es? Desconocer al presidente, al nombramiento del ministro de Defensa [Antonio] Francese, imponerle el Cosena [Consejo de Seguridad Nacional] al Poder Ejecutivo... Fue un gran error de la izquierda confundir defensa del presidente con defensa de la Presidencia”.
También en esa nota rechazó la participación de los militares uruguayos en la misión de paz en Haití: “Fue una intervención para ayudar a los estadounidenses a hacer lo que no quisieron hacer sus tropas. Dieron un golpe de Estado exterior sacando al presidente de la cama, pero no quisieron continuar con sus soldados ahí porque iba a ser un desastre y mandaron a otros países como Uruguay. Este país, que no les paga lo suficiente a los soldados, está trabajando como proveedor de mercenarios. Los soldados están en el cinturón de miseria de las ciudades y el campo, están viviendo en el mismo barrio que los delincuentes porque ganan 6.000 pesos por mes. Entonces la salida es aceptar ir a una misión de paz, utilizan eso como supervivencia y el Estado no se anima a pagarles más”.