El proyecto de ley para regular el uso turístico de viviendas particulares abrió el debate en el Parlamento y fue cuestionado tanto por el Frente Amplio (FA) como por el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA) por lo “excesivo” de su reglamentarismo. Las autoridades del Ministerio de Turismo (Mintur) acudieron a la comisión homónima del Senado para dar su parecer sobre el proyecto que redactó el Ejecutivo, a impulso del sector hotelero, para hacer frente a lo que definen como “competencia desleal”.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, justificó el proyecto en que, a partir de la llamada “economía colaborativa” -aplicaciones como Airbnb, Booking o Mercado Libre, que conectan a los usuarios directamente con los propietarios para alquilar sus inmuebles-, muchos propietarios comenzaron a arrendar viviendas o habitaciones por temporada, en períodos que fueron “variando”. Apuntó que primero era por lapsos de tres meses, sobre todo en el verano, y luego “se fue acortando de acuerdo con los hábitos y recursos de la gente”.

“Es así que mucha gente arrienda su casa o su apartamento, parte de ella, alguna habitación, etcétera, de manera de obtener un ingreso extra para solventar en varios casos los gastos de la propia casa, es decir, para cubrir los impuestos, los gastos comunes, entre otros”, sostuvo. Por eso, dijo, se constató una “realidad”: la economía colaborativa pasó a ser “un verdadero negocio”. No obstante, Viera aseguró que la filosofía del proyecto de ley es “seguir manteniendo lo que era la economía colaborativa, es decir, que a aquellos que alquilan por 15 días o un mes y hasta 90 días nosotros no pensamos exigirles un registro y sí a quienes lo hacen por más tiempo y en forma fraccionada”, señaló.

En tanto, el asesor del Mintur Julio Facal indicó que los países que comienzan a regular la actividad empiezan a entender que la prestación turística “realizada de forma comercial, habitual o profesional debe tener obligaciones especiales”. En concreto, señaló, el proyecto intenta regular la prestación, no la intermediación, que es algo que “llegó para quedarse” y “forma parte de otro universo, que es el comercio electrónico”.

“Letra muerta” y “complicaciones”

El proyecto de ley y las explicaciones de la delegación del ministerio no convencieron a los legisladores del FA. La senadora frenteamplista Liliam Kechichian, exministra de Turismo, planteó sus dudas, y si bien dijo estar a favor de acompañar la iniciativa, porque le parece que “hay que dar alguna señal”, indicó que “hubiera ido por otro camino”.

Según la exministra, la ley de turismo “permite reglamentar” y agregó que es “importante” tener una norma vinculada a una actividad “tan dinámica como esta”, que “va a seguir cambiando porque hoy tenemos esto de los apartamentos con las piscinas, las mucamas, todo eso que compite con el hotel, pero van a seguir los cambios”. “Cambiar una ley es bastante más difícil que cambiar un decreto”, estableció. En ese marco, sostuvo que le preocupan las “trabas” que a veces tienen en el Estado para después poder dar respuesta a cambios que “son permanentes en el turismo”. Otro elemento que le causa preocupación es cómo se va a “controlar eso de que se pueda alquilar cinco veces y no más”. “Si no, va a ser letra muerta”, agregó.

El también frenteamplista Alejandro Sánchez afirmó que el proyecto puede “complicarle la vida a mucha gente”. “Se planteaba qué puede pasar con quien tiene una casa, por ejemplo, en Araminda. ¿Tendrá que registrarse? ¿Tendrá que cumplir con un montón de requisitos? Esto podría generar complicaciones cuando, en realidad, el foco está en otro lado: en los hoteles disfrazados, que ya existen; hay torres enteras que están ejerciendo una competencia desleal y grandes complejos que constituyen algo bastante escandaloso”, concluyó.

Redacción y diseño

En filas oficialistas también hubo cuestionamientos. El senador colorado Raúl Batlle aseguró que la redacción de la iniciativa “es mala” porque se habla de “ofrecer” y no de “alquilar”. En ese sentido, dijo que si un particular pone su casa en cualquier plataforma y la ofrece todo el año o por más de cinco días “tiene que ingresar en un registro”.

“Me parece que está mal redactado para tratar de sacar a unos seis o siete competidores desleales, que no vamos a sacarlos porque son los que tienen la fuerza atrás y de alguna manera siguen haciendo su negocio, porque es un negocio inmobiliario. ¿Vamos a formar un equipo inspectivo paralelo denunciante? No quiero mencionar ninguna época pasada. Me parece que se nos va a ir de las manos por querer atrapar a uno o dos grupos económicos que están disfrazados con nombres como apart hotel”, apuntó.

En resumen, consideró que desde el gobierno se tiene que plantear un proyecto “más en la dirección” de los que “sí están escondiendo actividades comerciales y no de la pobre gente que tiene cuatro cabañitas” y que las alquila “por Airbnb”. “El proyecto está mal diseñado por lo que se quiere perseguir. Como siempre, terminamos persiguiendo al que no queremos perseguir, cuando en realidad apuntamos a otro tipo de emprendimientos”, agregó.

Por su lado, al cabildante Guillermo Domenech le da la impresión de que la iniciativa “padece” de un exceso de reglamentarismo que “quizás habría que atenuar”.