Este jueves 25 de mayo la asociación de ex presos políticos de Uruguay Crysol emitió un comunicado dirigido al ministro de Defensa, Javier García, en el que expresa “malestar” por el proyecto de ley enviado al Senado, referente a la liberación de archivos de la dictadura.
El proyecto, remitido el 17 de mayo, propone la creación de una sección en el Archivo General de la Nación destinada a “reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos”.
En rueda de prensa, García expresó: “Escuché ayer [por el sábado] al presidente del Frente Amplio, el señor Fernando Pereira, que decía que no le parecía muy bien porque se podía acceder a información que no estaba bien acceder. Yo pregunto: ¿quién dice a qué información pueden acceder ustedes? ¿Cuál es el censurador que va a decir eso? Nosotros estamos por la transparencia, por la verdad. No queremos que haya un comité de censura que les diga a los uruguayos qué tienen que leer y qué no del pasado reciente”.
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Crysol cuestiona que las organizaciones de derechos humanos no sean mencionadas en el proyecto de ley y adelanta que lo estudiará “como corresponde” y que promoverá “los cambios necesarios o el rechazo frontal” en caso “de ser necesario”. En el comunicado también señala que se trata de “documentos sensibles que deben ser manejados muy criteriosamente por un Estado democrático”.
El presidente de Crysol, Gaston Grisoni, dijo a la diaria que a la organización le preocupa que el proyecto haya sido enviado “sin siquiera informar previamente a las organizaciones de victimas del terrorismo de Estado” y que, “haciendo una lectura somera”, no se menciona una participacion de las organizaciones sociales en la implementacion de la ley.
El proyecto menciona en uno de sus artículos a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y a la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio de Defensa Nacional como los organismos que “instrumentarán los mecanismos necesarios para la publicación en línea de los contenidos”.
Grisoni consideró que “se están manejando archivos muy sensibles provenientes de la justicia militar”, que “carecen de ningun valor legal” y que lo que consta en muchos documentos son declaraciones “arrancadas bajo tortura en condiciones terribles, como ha sido demostrado en los multiples procesamientos que ha llevado a cabo la Justicia en nuestro país”.
Además, cuestionó al gobierno ya que considera que “en Domingo Arena, en la Guardia Republicana y en los domicilios es en donde están algunos de los principales participantes ejecutores de las desapariciones forzadas”. “Ellos saben qué paso, tienen acceso a esos archivos, lo han señalado en ocasiones en la Justicia, ahí está la solución”, concluyó.