La Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió el martes a la asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol para escuchar su opinión sobre el proyecto de prisión domiciliaria del Partido Nacional (PN), que pretende reglamentar el beneficio de la excarcelación con una visión más integral en comparación al proyecto original de Cabildo Abierto (CA).
“Si esto sale retrocedemos en democracia, porque se está dando la prisión domiciliaria a los terroristas que violaron los tres poderes. Pero además de eso, de haber violado los tres poderes, hay desaparecidos que aparecieron en sus propios cuarteles, ellos saben que ahí debe haber más gente, y si no están ahí, saben dónde están. Todos, de arriba a abajo y de abajo hacia arriba, lo saben”, dijo a la diaria Nélida Chela Fontora, integrante de Crysol, a la salida de la comisión.
“Básicamente el proyecto apunta al mismo lugar, más allá de algunos matices que pueda tener y de que se cambien algunas cosas medio para la tribuna. El gran objetivo del proyecto es sacar de la cárcel de Domingo Arena a los que todavía están ahí. Nosotros mantenemos la misma posición, rechazamos el proyecto inicial y rechazamos este porque busca lo mismo, [aunque] este además tiene un elemento tramposo: habla de delitos de lesa humanidad a sabiendas de que en Uruguay no hay procesados con esa tipificación”, agregó a la diaria Waldir Tábarez, también de Crysol.
El proyecto del PN propone modificar el Código del Proceso Penal para autorizar a los jueces a dictaminar la excarcelación de personas privadas de libertad a partir de los 65 años y/o en determinadas circunstancias. En cambio, a partir de los 70 años el beneficio “se impondrá de oficio y sin más trámites”, salvo en algunos casos, como por ejemplo, personas procesadas por delitos de abuso sexual, violación o crímenes de lesa humanidad.
El principal cuestionamiento que realizó Crysol, compartido por el Frente Amplio –que ya expresó su rechazo a la propuesta–, es que la mayoría de los represores de la dictadura no fueron imputados por crímenes de lesa humanidad, sino por delitos de homicidio, tortura y secuestro, entre otros. Por lo tanto, en caso de aprobarse, el proyecto del PN beneficiaría a más de 20 represores presos en la cárcel de Domingo Arena.
En el documento que Crysol le entregó este martes a los legisladores de la comisión, al que tuvo acceso la diaria, se advierte que la opción de otorgar prisión domiciliaria “ya está prevista en la normativa de nuestro país” y que, de hecho, se ha otorgado a “delincuentes que han cometido delitos durante el período conocido como del pasado reciente”. A modo de ejemplo, Crysol señala que actualmente “están cursando prisión domiciliaria” el teniente general Juan Modesto Rebollo, el general Mario Aguerrondo y el mayor Ricardo Arab.
Para la asociación imponer la prisión domiciliaria “de oficio y sin más trámites” desde los 70 años “violenta el legítimo derecho de las víctimas a que haya justicia”, “degrada la calidad de la democracia uruguaya” y “generará a nivel internacional un enorme rechazo”.
En diálogo con la diaria, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, miembro de la comisión, sostuvo que las críticas de Crysol “no tienen nada que ver con el proyecto que estamos tratando ahora, porque nosotros no estamos tratando de disimular nada”. Aseguró que, a diferencia de CA, “el PN hizo un proyecto integral de libertad domiciliaria” en línea con el Código del Proceso Penal, que “quiere la menor cantidad posible de gente en las cárceles”. “Si nos creen, bien, y si no, lo lamento mucho”, expresó.
Bianchi resaltó que, “desde el punto de vista jurídico”, el proyecto tiene el respaldo del director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, Germán Aller, así como también de integrantes del Instituto de Derecho Procesal, “que son los que más estudiaron el tema y son los que más saben, con todo respeto”.
Cláusula expresa
Al igual que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol solicitó a los senadores de la comisión que se incorpore en el proyecto un artículo que “excluya del beneficio de la prisión domiciliaria preceptiva a todos los condenados y procesados por violaciones a los derechos humanos durante el pasado reciente, cualquiera sea la tipificación que se haya usado”.
Consultada al respecto, Bianchi dijo que la incorporación de una “cláusula expresa” no está a consideración de la coalición de gobierno, aunque puntualizó que desconoce la postura del Partido Colorado. “Desde el punto de vista jurídico, eso sería un mamarracho. La Comisión de Constitución del Senado no puede hacer leyes con nombre y apellido. Ellos nos acusan a nosotros de que queremos hacer leyes con nombre y apellido, pero si nosotros excluimos [a los represores presos en Domingo Arena] son leyes con nombre y apellido”, afirmó; y añadió: “No tenemos ninguna intención de violentar el principio de igualdad”.