A menos de una semana de la finalización del procedimiento competitivo para adjudicar tres bloques de espectro 5G –tecnología que, entre otras cosas, permite una mayor velocidad de conexión–, no se prevén grandes sorpresas. Tal como estaba previsto, uno de los bloques será utilizado por Antel, y los otros dos se repartirán probablemente entre Movistar y Claro, las únicas dos empresas “precalificadas” para la instancia final de la subasta de 5G, que se realizará el 9 de mayo, según informó la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).
Sin embargo, persisten los cuestionamientos de las empresas de telecomunicaciones a las características del procedimiento competitivo, cuyo responsable es el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). El miércoles asistieron a la Comisión de Industria del Senado delegaciones de Movistar, Dedicado y Claro para tratar el asunto.
Los representantes de Movistar presentaron un documento, al que tuvo acceso la diaria, en el que sostienen que “no se trata simplemente de subastar frecuencias radioeléctricas”, lo cual sería sólo “el primer paso”, sino de establecer condiciones “para que se puedan desarrollar las redes para proveer esta tecnología”. En ese sentido, advierten que “las condiciones actuales no facilitan dicho despliegue a los operadores privados”.
Movistar cuestionó que a las empresas privadas que se les adjudicarán los bloques de espectro 5G “no se les habilita a contratar [la red de] fibra óptica” de Antel, por un lado; y por otro, “tampoco se generan condiciones que posibiliten a los restantes operadores desplegar sus propias redes, porque no se les dan las licencias para que brinden todos los servicios”. La empresa transnacional señaló que el desarrollo de 5G en Uruguay exige multiplicar por diez la cantidad de radiobases que se utilizan para tecnologías anteriores.
“Será imposible atender estos requerimientos de capacidad sin el uso de la fibra óptica como medio de transmisión”, subrayó Movistar. Y planteó dos posibles soluciones: “o bien los operadores privados pagan por el uso de la infraestructura al operador que ya la desarrolló”, es decir, arreglan con Antel, “o bien se les facilita a los operadores privados que puedan prestar todos los servicios que esas redes soportan”.
Al igual que Dedicado y Claro, Movistar impugnó la subasta de 5G a través de recursos administrativos, cuyos efectos suspensivos ya fueron levantados por el MIEM. En el documento presentado ante los legisladores de la comisión, la firma señaló que parte de la impugnación responde a “las ventajas que se le confieren al operador estatal” en el procedimiento competitivo.
De acuerdo al decreto del Poder Ejecutivo que establece los términos de la subasta, uno de los bloques “se reserva a favor de Antel”, mientras que los otros dos bloques se adjudicarán por un precio base de 28 millones de dólares y por un plazo de 25 años.
Según Movistar, las condiciones de la subasta de 5G “son violatorias de los tratados de protección a las inversiones extranjeras” suscriptos por Uruguay. El conocimiento previo de la empresa estatal de la frecuencia en la que desarrollará la tecnología 5G “le permite lanzar el servicio antes que sus competidores”. “Sólo asegurando una fecha común de lanzamiento de 5G a nivel de la industria podría compensarse en parte la ventaja competitiva que se le ha otorgado a Antel”.
Consultado al respecto, el ministro de Industria, Omar Paganini, admitió semanas atrás ante la misma comisión que “es cierto que hay una posición que le da alguna ventaja competitiva a Antel”, pero señaló que si la empresa pública pujase en la subasta “eligiendo primero, porque tiene capacidad financiera, esta capacidad financiera mayor que tiene Antel puede ser objetada por ser juez y parte”, ya que “al fin y al cabo es el Estado mismo”.
Más críticas
Luego de Movistar compareció ante la Comisión de Industria del Senado una delegación de Dedicado, encabezada por su CEO, Arturo Vargas. La empresa ha manifestado sentirse “excluida” del proceso debido a los requisitos impuestos por el MIEM, que entre otras cosas exigen experiencia previa en el sector de la telefonía celular.
Al respecto, Paganini argumentó ante la comisión: “Se hace esto porque se entiende sumamente razonable que, para un servicio de la importancia de la telefonía móvil, quien adquiera la banda no sea solamente alguien que tenga la capacidad financiera de adquirirla y después salga a ver cómo desarrolla el servicio, sino asegurarla a alguien que tenga la experiencia y las credenciales necesarias”.
También comparecieron vía Zoom representantes de Claro, que también presentó un recurso administrativo contra el pliego de la subasta, objetando sobre todo el precio base fijado por el gobierno. Paganini sostuvo que la cifra de 28 millones de dólares por cada bloque, que seguramente será el precio final dado que hay sólo dos empresas autorizadas a ofertar, surgió de “un valor indicativo de benchmarking internacional” con 27 países como referencia. “A algunos de los interesados en participar les parece que este número es excesivo. Es entendible que así suceda, pero nosotros pensamos que es el valor que realmente tiene”.