Representantes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) integran desde febrero una comisión cuyo único propósito es elaborar, en forma urgente, un proyecto de ley para mitigar el déficit de la Caja Bancaria. Hoy, tres meses después, “no ha habido avances” y siguen “procesándose distintas alternativas”, sostienen desde la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU). “Qué ponen los bancos, qué ponen los trabajadores y qué pone el Estado, eso es lo que está discutiendo la comisión y por ahora no hay acuerdo”, dijo a la diaria Elbio Monegal, presidente del Consejo Central de AEBU.
Tiempo atrás, la comisión de expertos en seguridad social, conformada al inicio de la redacción del proyecto de ley de reforma jubilatoria, diagnosticó: “El subsistema previsional bancario presenta esperanzas de vida elevadas y edades de retiro bajas en comparación con el régimen general” y se prevé “una situación de déficit operativo por aproximadamente una década”. Recién en 2034, a causa de un “enlentecimiento del ritmo de crecimiento de las jubilaciones” y un aumento de la recaudación de la Caja Bancaria asociada al nivel de la actividad económica, los números volverían al verde.
El MTSS había estimado que el organismo agotaría sus reservas entre octubre y noviembre del presente año. Sin embargo, Monegal apuntó que, “si todo se mantuviera más o menos estable”, “hoy pensamos que se puede llegar a fin de año”. Actualmente la Caja Bancaria tiene cerca de 18.300 afiliados activos y 19.400 pasivos.
Monegal reiteró que “por ahora no ha habido avances” en el trabajo de la comisión, aunque calculó que “para mediados de junio ya debería haber algo más o menos encaminado”. El proyecto de ley modificará la situación de los afiliados a la Caja Bancaria antes de la convergencia en el sistema previsional común, creado en la reforma jubilatoria. Monegal indicó que estos cambios “entrarían en vigencia” antes “por la necesidad de liquidez que tiene la caja”.
Diferentes alternativas
No es la primera vez que la Caja Bancaria sufre una crisis de liquidez. Por múltiples causas, como la introducción de tecnología que suprimió puestos de trabajo, reestructuras en el sistema financiero, y la prohibición del ingreso de funcionarios en bancos estatales que rigió hasta 2005, el organismo también estuvo cerca de agotar sus reservas financieras en 2008. Esto se superó con la aprobación de la Ley 18.396, todavía vigente, que entre otras cosas creó la prestación complementaria patronal (PCP), un aporte patronal que depende de la actividad de la empresa y que, según AEBU, es el mecanismo adecuado para resolver el déficit en el corto plazo.
En diálogo con la diaria, Pablo Andrade, dirigente de AEBU y consejero suplente en la Caja Bancaria, señaló que este ha sido “uno de los planteos básicos” del sindicato en la comisión, “pero encontramos la oposición del Poder Ejecutivo y la patronal”.
Monegal agregó que si se aumentara la PCP, como permite la Ley 18.396, “ya no se necesita más nada y se termina la historia”. El año pasado los bancos privados tuvieron 245 millones de dólares de ganancias, próximas a sus récords históricos.
Si bien aclaró que aún “está todo en discusión” y siguen “procesándose distintas alternativas”, Andrade dijo que el Poder Ejecutivo ha planteado un “cambio de parámetros y de la edad jubilatoria” como solución en la comisión. “En ese grupo de trabajo no se evita discutir nada, pero cada una de las partes tiene algunas definiciones que pueden estar limitando. Todavía no hay acuerdo. Está todo arriba de la mesa, es un movimiento de platos en equilibrio”, expresó.
Para resolver la también deficitaria situación de la Caja de Profesionales, el Poder Ejecutivo respaldó un proyecto de ley que propone subir la edad mínima de retiro, bajar la tasa de reemplazo y aumentar la tasa de aportación, entre otros cambios.
Según Monegal, en el caso de la Caja Bancaria “no está planteado subir la tasa de aportación porque ya es muy alta, tanto para las empresas como para los trabajadores”; actualmente es de 17,5%, mientras que en el caso de la Caja de Profesionales se propone subirla a 19%. “Se están buscando otras fórmulas, algunas nosotros las hemos manifestado públicamente, como el aumento de la PCP, pero todavía no hay nada cerrado”, señaló el dirigente de AEBU.
En principio, al tratarse de una persona jurídica de derecho público no estatal, el Estado no tendría por qué asumir responsabilidades por la subsistencia de la Caja Bancaria. Consultado al respecto, Andrade dijo que “el Estado está manejando financiación”. La Caja Bancaria, sostuvo, “tiene condiciones para hacer emisiones, y si tuviera una garantía del Estado, esas emisiones serían colocables en el mercado”. Aseguró que en ese caso no habría una contribución “económica” del Estado, “porque no pone el dinero en efectivo”; el eventual aporte, subrayó, “no necesariamente implica que el Estado ponga dinero de Rentas Generales”.