Este jueves, el Estado debe realizar el acto de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, tal como lo indica la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso por las ejecuciones de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, las “muchachas de abril”, en 1974 y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González en el mismo año y Óscar Tassino en 1977.

La realización del acto, que tuvo muchas idas y vueltas organizativas entre el gobierno y los familiares vinculadas al lugar y a la ausencia del presidente de la República, “reconoce los hechos del pasado” pero es también “sobre la responsabilidad incumplida hasta el presente, de esos acuerdos firmados y ratificados por el Estado uruguayo” para “investigar y perseguir los delitos de lesa humanidad y específicamente encontrar a nuestros desaparecidos”, sostuvo Jacqueline Barrios, cuñada de Silvia Reyes, durante la conferencia de prensa que ofrecieron este miércoles los familiares en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).

En el comunicado leído por Barrios se recuerda que la Corte instó al Estado a “juzgar a tiempo para que estos delitos no permanezcan derramando impunidad como lo han hecho”, y lo condenó “también por mantener obstáculos que han impedido a las familias y a la ciudadanía conocer la verdad”.

La sentencia, recordó, obliga, entre otros puntos, a “entregar información veraz para ubicar a los desaparecidos, “cambiar la formación de las Fuerzas Armadas donde los derechos humanos deben ser una constante, fortalecer y dotar de más recursos a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad”, así como desarrollar los juicios a torturadores “observando una perspectiva de género” y “cumplir con indemnizaciones reparatorias para las víctimas”.

Los cinco crímenes por los que la Corte condenó al Estado -los asesinatos de las muchachas de abril y las desapariciones de González y Tassino- “no se dieron como actos específicos sino en el marco de operativos masivos del Estado terrorista de esos días” que fueron “emprendidos contra toda la población y que cosechó miles de ciudadanos detenidos, torturados, violados”, así como “cientos de asesinados y desaparecidos”.

Es en este sentido que los familiares entienden que, “más allá de las víctimas concretas, el objetivo de esta política perversa fue la sociedad toda”. “En esa pesadilla crecieron nuestras infancias y adolescencias de aquellos años y sus secuelas nos persiguen a todos hasta hoy”, agregó Barrios.

“Por eso, quisimos que este reconocimiento fuera un acto en un lugar público, abierto, porque reconocer el significado de estos cinco crímenes implica el reconocimiento de toda esa política desarrollada y fortalece la necesidad de cumplir la totalidad de la sentencia”, y se propuso “realizarlo en la plaza Libertad”.

Sin embargo, “la propuesta del Estado fue hacerla en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos”, cambio que los familiares aceptaron “porque priorizamos la importancia de cumplir con este punto de la condena, especialmente cuando desde ese Parlamento escuchamos voces negacionistas de lo ocurrido e incluso favorables a ese golpe de Estado que provocó tanto dolor”.

En el texto leído por Barrios se recordó que la primera sentencia de este tipo, del caso Gelman, “tuvo como consecuencia la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que permitió avanzar parcialmente, procesando a algunos de los responsables de esos crímenes”; por su parte, “el cumplimiento de esta sentencia debe terminar con las desapariciones forzadas en nuestro país”.

Asimismo, el acto se dará “a pocos días de un nuevo hallazgo” de restos en el Batallón 14, y es por eso que “ha llegado el momento para que de una vez por todas los mandos constitucionales de las Fuerzas Armadas (presidente, ministro de Defensa) exijan a los comandantes de las tres armas la información de dónde mantienen secuestrados a nuestros desaparecidos”.

Si bien los familiares solicitaron que se coloque una pantalla gigante en la explanada del Palacio, por encontrarse en obras esto no podrá realizarse; de todas formas, habrá una en la vereda de la plaza 1º de Mayo, se transmitirá también por la pantalla del IMPO, TV Ciudad y por el canal de Youtube de APU.

“Precisamos su presencia, su compañía. Este acto tiene sentido si es un auténtico acto público con la ciudadanía” y por eso “allí deberíamos estar todas las organizaciones y todos los cientos de anónimos que mantuvieron y mantienen viva la memoria”, finalizó Barrios.

Cabildo Abierto no participará en un “episodio bochornoso”, según Manini

Por su parte, Cabildo Abierto (CA) ya le informó al resto de la coalición de gobierno que no participará en el acto, el martes durante una reunión de coordinación, según supo la diaria.

Por su parte, este mismo miércoles, el senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, sostuvo en su columna en Radio Oriental que se trata de un “bochornoso episodio” en el que su fuerza política no participará por tratarse de un acto en el que “el Estado uruguayo se somete al dictamen de un grupo de juristas que vaya a saber con qué sesgo mira las cosas para decidir dentro de nuestro país”.

“Claramente las cosas no ocurrieron como se presentan en la opinión pública y se ha repetido hasta el cansancio”, aseguró Manini, y otro de los motivos para no asistir más allá del “menoscabo a la soberanía” es que desde CA “no compartimos el relato que se ha impuesto”.

Según Manini, dirían lo mismo respecto a la soberanía “si nos obligan a reconocer al peón asesinado [por el Movimiento de Liberación Nacional] Pascasio Báez Mena”. “Este tipo de mandato es una intromisión en las cosas internas, obligan a estar presente incluso al presidente de la República”, insistió.