La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) expresó formalmente, este martes, su opinión con relación al proyecto de ley del oficialismo, elaborado por los senadores Carlos Camy, Sergio Botana y Germán Coutinho, que pretende resolver la situación de los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). La posición es negativa en términos generales.

Luego de comparecer durante casi una hora ante la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado que estudia el proyecto, María Eugenia Estoup, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, dijo en rueda de prensa que “llama la atención” que el texto mezcle el tema de los deudores en UR con “la fusión del BHU con el Banco República”, ya que “son dos temas separados”.

El primer capítulo del proyecto, en efecto, establece la supresión del BHU y traslada sus “cometidos y atribuciones” al BROU, institución en la cual se creará “la unidad organizativa Créditos Hipotecarios”. Asimismo, se dispone el traslado de los funcionarios del BHU al BROU “sin perjuicio a los derechos y beneficios” vigentes de los trabajadores. Este apartado del proyecto requiere de una mayoría especial de dos tercios de los votos en el Parlamento, es decir, debe contar con el apoyo del Frente Amplio.

Según Estoup, la reestructura de las deudas en UR “no necesariamente implica la fusión” entre ambos bancos, porque, “dicho por la propia presidenta del BHU”, Casilda Echevarría, el organismo “tiene espalda para soportar la reestructura de la deuda que implica este proyecto de ley”. En total, se estima que el BHU resignaría unos 330 millones de dólares.

De todos modos, Estoup sostuvo que “el peso de la reestructura” de las deudas en UR no debería ser asumido por el BHU, dado que se trata de “una definición política” y por eso mismo “debería salir de Rentas Generales”.

Al respecto, el senador Coutinho sostuvo en la sesión anterior de la comisión que, en caso de aprobarse, el proyecto “no va a salir millones” porque “la gente ya pagó”. “Se podrá usar la expresión que dejará de ingresar lo que estaba previsto en algún tema, pero no que se van a pagar millones. Esa es mi evaluación, más allá de que en su momento daremos el debate”, manifestó según consta en la versión taquigráfica.

La reestructuración de las deudas en UR

El tema de los deudores en UR, que persiste desde hace varios años, comprende a un grupo aproximado de 20.000 personas que tomó créditos estatales en UR para la construcción de viviendas y que entiende fue perjudicado por la variable de ajuste de la UR: el índice medio de salarios. Señalan que por el aumento de los salarios en el largo plazo, además de ciertas condiciones de refinanciación y los denominados “colgamentos”, los deudores ya han pagado el valor de la casa más de una vez, pero siguen sin cancelar la deuda.

Para ellos, el segundo capítulo del proyecto establece que, en caso de reunirse determinadas condiciones, como que el préstamo tenga una antigüedad de 40 años desde su concesión, que el titular del préstamo sea una persona física y que la deuda haya sido contraída para la adquisición, construcción o reparación de la vivienda propia, las deudas en UR “quedarán extinguidas de pleno derecho”. En tanto, para aquellos que no tengan 40 años de antigüedad se establecen una serie de beneficios, como por ejemplo, una disminución de la tasa de interés.

Estoup cuestionó que la propuesta del oficialismo sea “a tabla rasa”, es decir, que se base únicamente en los plazos de los préstamos sin considerar “la especificidad de cada crédito y las condiciones de cada deudor”. Señaló que “no se establece qué pasa con el comportamiento del deudor durante todo el plazo del crédito”, y tampoco “se estudia si es el mismo deudor desde que empezó hasta que terminó”. En definitiva, “hay una cantidad de aspectos que hacen que [el proyecto] sea injusto e inequitativo a la interna de los propios deudores”, afirmó.

Consultada sobre cuál sería la solución al problema desde el punto de vista de AEBU, Estoup mencionó que tanto el BHU como la ANV “ya han tenido procesos de reestructuración de las deudas”, pero “viendo el caso a caso” y analizando “el valor de la tasación” de la propiedad y “la capacidad de pago del deudor”. “Entendemos que tenemos que ir nuevamente por ese camino”, afirmó; y puntualizó que en ese sentido podría resolverse “incluso sin legislar”.