En una carta, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos, el relator especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, y el presidente del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, Damilola Olawuyi, exhortaron a Uruguay a “priorizar el uso de agua dulce para el consumo humano” en el marco de las crisis hídrica que atraviesa el país.

Los especialistas señalaron que 60% de la población se está viendo afectada por el aumento de la salinidad del agua, que perjudica “significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas”. En esa línea, manifestaron su preocupación por las personas que no pueden comprar agua y por “aquellas con discapacidad o movilidad reducida que no pueden transportar agua”.

Y apuntaron: “Aunque los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica, agravada por los períodos anormalmente largos de estrés hídrico, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país”.

“Reconocemos los esfuerzos del gobierno para reducir los impuestos al agua [embotellada]. Sin embargo, es necesario profundizar las medidas para garantizar que todas las personas puedan acceder al agua necesaria para la vida”, agregaron.

La respuesta de Cancillería

A través de un comunicado, este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores les respondió a los expertos de la ONU en un texto titulado “Ante inexactitudes del comunicado emitido por el Relator Especial de la ONU”. Según cancillería, los valores de sodio hasta el momento “no se consideran alarmantes ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas”. En la misma línea que la ministra de Salud Pública, Karina Rando, la cartera aseguró que el agua de OSE “sigue siendo bebible” para “la gran mayoría de la población general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal”.

También recordó que los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social reciben un apoyo económico para la compra de 60 litros de agua embotellada por mes, es decir, dos litros diarios. Según la cancillería, una de cada tres personas del área metropolitana recibe esta ayuda.

Asimismo, destacó la continuidad del suministro de agua sin interrupciones a pesar del déficit hídrico y que se haya evitado la “contaminación biológica” con el fin de preservar la salud de la población, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. También recalcó que se sostuvo hasta el momento el servicio de saneamiento para garantizar “la dignidad de las personas en la vida cotidiana”.

“El gobierno nunca recomendó reducir el consumo humano de agua, sino su disminución en actividades no esenciales con el propósito de asegurar una mejor calidad de agua por un tiempo más prolongado”, aclaró.

Sobre “la sobreexplotación del agua” por parte del sector industrial, la cancillería no hizo ninguna declaración.