El Poder Ejecutivo le otorgó una licencia a un cableoperador del interior para prestar servicios de transmisión de datos, es decir, internet. Se trata de la primera autorización desde que se modificó la ley de medios, a través de la Rendición de Cuentas de 2022, y según el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), se avecina una “andanada de resoluciones en este mismo sentido que seguramente favorecerán a empresas cableoperadoras”.
A mitad del año pasado, el Poder Ejecutivo rompió el monopolio que tenía Antel en el mercado de transmisión de datos, el cual se entendía como una continuación de su monopolio en el mercado de telefonía fija. Con base en un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional el artículo de la ley de medios que protegía el monopolio de la empresa estatal, el gobierno otorgó cinco licencias: tres a empresas de Montevideo (Monte Cable, TCC y Nuevo Siglo) y dos a empresas del interior (Korfield de Colonia y Praiamar de Pando).
Semanas después, en octubre de 2022, la Rendición de Cuentas cambió la redacción de la ley de medios y estableció que los cableoperadores “tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a internet”.
Así, el pasado 3 de julio, el Poder Ejecutivo concedió finalmente una “licencia de telecomunicaciones clase B” para ofrecer internet a Sergio Eduardo Moreira Rosso, cableoperador del departamento de Florida, según marca una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería a la que accedió la diaria.
Esto ameritó un comunicado de Sutel. El sindicato se manifestó “en alerta” ante el otorgamiento de la licencia y “la segura andanada de resoluciones en este mismo sentido que seguramente favorecerán a empresas cableoperadoras”. “El único objeto de esta licencia y las que vendrán es destruir a Antel y las capacidades que ha desarrollado, que han permitido que seamos uno de los países con mayor penetración de fibra óptica y de telefonía móvil del mundo entero”, sostiene el gremio.
Para Sutel, la reciente resolución del Poder Ejecutivo forma parte de un conjunto de medidas que “solamente pretenden favorecer al capital extranjero y perjudicar a Antel”, sin que haya un “impacto en el bolsillo de las consumidoras y consumidores”. Se menciona como ejemplo la implementación de la tecnología 5G, que Antel “demoró cinco años en poner en servicio comercial con el objetivo expreso de esperar a que las multinacionales estuvieran en condiciones de brindarlo”.
Por último, Sutel advierte que “no cejará en su esfuerzo por defender el patrimonio nacional”, así como “la soberanía, el desarrollo tecnológico propio y el interés social de las telecomunicaciones, que han hecho de nuestro país un ejemplo a seguir durante los años anteriores a esta administración”. “Sépalo este gobierno” y “sépalo nuestro pueblo” que “no dejaremos que hagan lo que se les canta como se les cante”, cierra el comunicado.
“No es algo nuevo en el mundo”
Aunque con una postura diferente, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) comparte el pronóstico de Sutel y espera que a partir de la habilitación del cableoperador de Florida se acelere el resto de los trámites en curso. El presidente de CUTA, Washington Melo, dijo a la diaria que hay expectativa en que “empiecen a salir”, ya que las primeras cinco licencias otorgadas “habían generado una especie de distorsión en el mercado”. Actualmente más de 30 cableoperadores han solicitado la habilitación del Poder Ejecutivo.
Una vez autorizado, el cableoperador tiene un plazo máximo de 15 meses para empezar a ofrecer internet; por lo tanto, las primeras cinco empresas autorizadas comenzarán a competir con Antel en “un par de semanas” en Montevideo y “un poquitito más” en el interior, estimó Melo. “Ya están listos para prestar el servicio”, agregó.
Los cableoperadores habilitados podrán acordar con Antel el uso de la infraestructura estatal, invertir en el desarrollo de una red propia o arreglar con otras empresas -Movistar o Claro- para ofrecer internet. Melo afirmó que “la enorme mayoría de los cables” optará por “construir su propia red de fibra óptica”, sobre todo en localidades del interior, y después “hacer un acuerdo con Antel y alquilar la red”.
Melo sostuvo que la conjunción entre cableoperadores y los servicios de transmisión de datos “no es algo nuevo en el mundo”; de hecho, “en el mundo no existen cables que no brinden internet”. “En este escenario de pérdida de abonados, esto nos va a permitir de alguna forma equilibrar nuestra rentabilidad”, manifestó.
Según el último informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, al término de 2022 había 573.746 clientes en el mercado de servicios de televisión para abonados en todo el país, esto es, 18,5% menos que en 2018. No obstante, en ese mismo período los ingresos de los cableoperadores, medidos en pesos corrientes, aumentaron 10,9%. Actualmente, 30% del mercado pertenece a la empresa Directv, 8% a Cablevisión -que opera comercialmente como Flow- y 7% a TCC.