Luego de no entrar en las dos últimas rendiciones de cuentas, esta vez ingresaron 45 artículos con modificaciones en el sistema de carrera administrativa, parte central en la reforma del Estado. En diálogo con la diaria Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), indicó que los cambios que se introdujeron en la rendición no se implementarán en este periodo de gobierno, sino que podrá hacerlo la siguiente administración. Para Ramos, es fundamental que la gente entienda los cambios porque “no afecta solo a una equis cantidad de funcionarios, afecta la calidad de políticas del país”.
“Es una modernización de la gestión pública”, resumió Ramos y señaló que afecta a funcionarios clave. En total, los cambios afectarían a unos 15.000 empleados de Administración Central, aunque agregó que puede ampliarse a otros sectores del Estado en caso de que la siguiente administración apruebe el nuevo sistema.
Uno de los principales cambios que propone el articulado está orientado a motivar a los funcionarios para lograr que ingrese “gente buena y que no venga solamente aquel que está buscando estabilidad. Que vengan en busca de un desarrollo profesional”. Para eso, se introdujeron facilidades para que los funcionarios puedan moverse entre distintas partes del Estado para fomentar su desarrollo sin que se vea afectado su salario.
También se proponen cambios para poder identificar qué es lo que hace cada funcionario, ya que hoy en día no se especifica de forma precisa las diferencias entre cada uno. Como ejemplo, Ramos comentó que con el sistema actual, un especialista de medioambiente aparece como asesor, no se sabe lo que hace. “Así está el 80% de los funcionarios”, afirmó. En el nuevo sistema, se “categorizó” lo que hace cada funcionario para poder ver cuales son sus tareas.
Otro cambio que se introdujo fue un sistema de evaluación, identificado como un Sistema de Gestión de Desempeño, que, en principio, sería un piloto de un año. Ramos explicó que con eso se cambia “radicalmente” la forma de evaluar y por eso, desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) sugirieron, “con buen criterio”, establecer un periodo de prueba.
Comentó que, a diferencia de otros intentos de reforma que se hicieron en el pasado, esta se hizo luego de negociar con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que apoya la lógica de la reforma de ampliar la movilidad dentro del Estado y que los empleados ganen lo mismo por cumplir la misma función en otra parte. De todas formas, indicó que aún no se firmó un acuerdo y que la confederación aspiraba a que se hubiera invertido más “en los máximos y mínimos salariales”.
Además, valoró que el nuevo sistema “tiene un apoyo jurídico enorme” ya que contaron con el apoyo de distintos constitucionalistas de distintos signos políticos y que participaron en distintas administraciones de gobierno. De acuerdo a Ramos, los especialistas ayudaron a redactar parte del articulado e hicieron informes jurídicos.