El Frente Amplio (FA) tiene, frente a sí, una serie de definiciones políticas que tomar. Con las bases programáticas aprobadas y los grandes lineamientos más o menos definidos, quizá la decisión más importante sea qué posición tomar frente a la posibilidad de un plebiscito que modifique la reforma de la seguridad social aprobada a fines de abril.

La fuerza política acordó, en su último Plenario Nacional, que de ganar la presidencia en 2024 llamará a modificar la reforma actual, sin perjuicio de “otros mecanismos que puedan ser oportunamente evaluados por nuestra fuerza política”; en otras palabras, un plebiscito surgido desde las organizaciones sociales. Más allá de esto, y de que Fernando Pereira haya anunciado que el 2 de marzo de 2025 se convocará a distintos actores a conformar una mesa de diálogo para encarar la nueva reforma, la consulta popular divide las aguas entre los principales sectores.

Por un lado, el ala seregnista del FA, junto con la Vertiente Artiguista y el Movimiento de Participación Popular (MPP) tienen una visión crítica respecto al recurso, mientras que el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) lo ven con buenos ojos. Si bien el Partido Comunista no se ha definido, es probable que espere a la definición del movimiento sindical, que también está en un proceso de discusión interno. El quid del debate no está en la importancia de cambiar la reforma –algo en lo que hay unanimidad–, sino en el plebiscito y cómo podría impactar en la campaña y las elecciones.

Limpiar el debate

“Preferimos que el debate electoral en las elecciones del año que viene se dé de la manera más limpia posible, en cuanto a que se contrapongan los dos proyectos de país”, explicó el senador de la Vertiente, Enrique Rubio, a la diaria. Desde esa óptica “los plebiscitos como criterio general” pueden complicar “la opción ciudadana en la medida en que pueden no ser los proyectos contrapuestos sino la adhesión o no a determinado plebiscito sobre un tema parcial” y de esta forma “puede llevar a que muchos ciudadanos, porque adhieren o no a determinado plebiscito, terminen tomando opciones electorales que son contradictorias con el proyecto que nosotros estamos defendiendo”.

En este sentido, desde el sector lo ven “inconveniente”, y ven con buenos ojos lo emanado del Plenario Nacional. A entender de Rubio, a la hora del debate político “la derecha haría gran campaña y trataría de llevar la discusión no hacia los programas que se oponen sino sobre determinados aspectos del plebiscito, y eso puede ser un campo para que haya muchas confusiones”.

En esta circunstancia particular, también podría suceder que “se entrevere con otros plebiscitos que parece que va a proponer la propia derecha, como es el caso de Cabildo Abierto [con el plebiscito sobre reestructuración de deudas], entonces el campo político se complica”. Si bien hace varios ciclos electorales que hay una consulta popular en paralelo con las elecciones nacionales, Rubio entendió que en este caso habría una “multiplicidad de temas” que se toquen y no “una cosa muy nítida de un solo artículo como en el caso del Plebiscito del Agua”.

Sobre lo mismo, el senador de Asamblea Uruguay (AU) José Carlos Mahía dijo a la diaria que “casi todas las oportunidades que se fue a plebiscito junto con elecciones nacionales, las iniciativas naufragaron”, por lo tanto, “es un riesgo incluso para quienes entendemos que esta ley de seguridad social es mala”.

Por otro lado, compartió con Rubio que el FA “viene desarrollando una tarea de acumulación política importante de cara a la elección nacional” y debería “estar lo más despejado posible de interferencias el camino hacia retomar el gobierno nacional”.

“El tema está sobre la mesa y en principio no tenemos una opinión favorable”, sentenció la senadora de Fuerza Renovadora Liliam Kechichian. Desde el sector se pliegan a lo anunciado por Fernando Pereira respecto al “gran diálogo social para modificar las aristas que consideramos sumamente negativas y retrógradas de esta reforma que nosotros consideramos negativa la primera versión presentada y la última, que fue un mamarracho”.

Si bien comparte que se debe “limpiar” el debate político para que prime la comparación de “los dos modelos de país” y no insertar el plebiscito de forma paralela, sí señaló que cambiar esto “obviamente es parte del proyecto de país que tenemos”.

Parte del proyecto país

El PS ya resolvió, en su último Comité Central, “respaldar la iniciativa popular”, explicó a la diaria la delegada de las bases Daniela Brandon, así como también una resolución del último congreso del sector “que implica una reforma constitucional”.

“Entendemos que en este momento no hay condiciones para avanzar en una reforma más amplia, pero nuestra posición sería ponerle un límite”, expresó. En este sentido, las modificaciones irían “por que las personas no estén obligadas a trabajar más allá de los 60 años, que sea voluntario, que haya un ingreso digno como mínimo para las jubilaciones y las pensiones y que se elimine el lucro de las AFAP [Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional]”.

Esto es “parte del proyecto de país que queremos construir”, en el que “la seguridad social sea un derecho, respete a las trabajadoras y los trabajadores y se respete el derecho de tener también el ocio”, se trata, según Brandon, de “un proyecto total que implica todos los aspectos de la vida, no solamente el programa de gobierno por cinco años”.

La idea de convocar la mesa de diálogo si se gana el gobierno no es acompañada por los socialistas, aunque sí la respetan “porque es la mayoritaria en el FA”. Para el PS es necesario “instalar un diálogo social ahora, elaborar un proyecto de seguridad social con todos los actores y presentarlo a la ciudadanía de esa manera”.

En tanto, en el PVP entienden necesaria “una instancia de democracia directa”, sostuvo el diputado Daniel Gerhard. Esta tendrá las “tres bases” que también maneja el PS respecto al tope de edad, las jubilaciones mínimas y la eliminación “del lucro” para “poder vivir con dignidad el último tramo de tu vida”.

“Cómo eso después se esboza en una redacción para que quede impregnado en la Constitución es algo que tiene que ver con lo político pero también con lo técnico”; sin embargo, sobre todo, “si vamos a proponer en la campaña un modelo de país diferente al actual la mejor forma de hacerlo es proponiendo transformaciones profundas”.

“Nos hemos pasado denunciando lo que hay detrás de esta reforma, y no hay forma más nítida y creíble de mostrar una contrapropuesta que diciendo ‘vamos por estos tres pilares y tan convencidos estamos que queremos que estén en la Constitución’, porque no alcanza con hablar de dos modelos de país si no los podemos definir”, sentenció.

En el PVP apoyan, igualmente, la idea de una mesa de diálogo si se llega al gobierno, pero entienden que si es posible “hacerlo de otra manera, con democracia directa, generando un acuerdo social antes y poniendo a la gente a militar su seguridad social, dándole jerarquía constitucional, nos parece mejor” si bien entienden que “es parte de las reglas de juego de la democracia representativa decir ‘votame y me comprometo a hacer esto’”.