En el marco de otra larga jornada en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que discute la Rendición de Cuentas, los legisladores recibieron a dos delegaciones del movimiento sindical. Representantes del PIT-CNT y del Instituto Cuesta Duarte fueron los primeros en exponer ante la comisión para plantear su visión sobre la Rendición de Cuentas.

José Olivera, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, comentó en rueda de prensa que el gobierno tomó la opción de “procesar un ajuste estructural del capital sobre el trabajo” y que aunque la inversión es mayor a la de 2021, sigue siendo menor a la de 2019. “Faltó inversión pública”, resumió.

Según él, “más allá de que al gobierno algunos números le están dando bien, el bajo presupuesto “está afectando el salario y el empleo”. Específicamente sobre el trabajo, señaló que no se están resolviendo algunas problemáticas para sectores como los jóvenes y las mujeres, además de las situaciones regionales en el litoral y la frontera en general.

Además, indicó que está particularmente afectado el ingreso de personal al Estado: “Hay empresas públicas que están viendo resentidos sus servicios por falta de personal e inversión”, explicó. Añadió que “faltan políticas activas en materia de generación de empleo” y que “más allá de que hay números que dicen que se comienza a recuperar salario, no hay que olvidarse que en el medio hubo pérdidas muy importantes”.

En ese sentido, recordó que “hay sectores enteros que van a tener que esperar hasta 2025, a pesar de que la economía creció”. Incluso, planteó que no sólo debería haber una recuperación del salario, sino que debería haber un aumento por encima de la recuperación, pero que el gobierno no tiene voluntad para cumplir con ese pedido.

Afirmó que desde la central sindical insistieron “muchísimo” en la creación de empleo, en la recuperación salarial y en el aumento de las jubilaciones mínimas. “Lamentablemente la opción del gobierno ha sido privilegiar a las mejores jubilaciones, no a las más sumergidas”, dijo. También criticó la nueva reglamentación de las certificaciones médicas en el sector público, que, a su criterio, tiene la pretensión de “hacer caja a costa de la salud de trabajadores y trabajadoras”.

Por otra parte, Olivera también se refirió a los posibles efectos que puede tener la caída de la inflación, que se ubicó en un 4,79%, en el marco de las negociaciones en los Consejos de Salarios. Dijo que aún hay que ver cómo puede impactar la inflación en cada convenio, teniendo en cuenta que todos los acuerdos son distintos: “Claramente todos [los sectores] tienen un acompañamiento del salario en torno a la evaluación de los [Índice de] Precios al Consumo, por lo tanto habrá que ver cómo se aplica en cada sector”, explicó.

Una medida “para tapar agujeros”

Luego de la delegación del PIT-CNT, se presentaron ante la comisión los representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que llevaron como tema principal sus críticas al nuevo régimen de certificaciones médicas en el sector público. En diálogo con la prensa, José Lorenzo López, el secretario general de COFE, se refirió a los dichos del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que dijo no entender el motivo por el que el decreto se tomó como un ataque. “En realidad el que no entiende es el presidente de la República”, aseguró López.

En ese sentido, aseguró que, de acuerdo a la ley de negociación colectiva, los cambios vinculados a la salud deben ser negociados con los trabajadores, cosa que no sucedió. Además, recordó que el miércoles pasado una delegación de Presidencia asistió a la comisión y “reconocieron que el decreto que ellos firmaron es inaplicable”.

Comentó que el sindicato fue convocado a una reunión en Torre Ejecutiva el próximo lunes 7 de agosto, para “conversar con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil [Conrado Ramos] y uno de los integrantes del equipo de Presidencia”. Según López, desde COFE plantearán “que se dejé por escrito” que el decreto que reglamenta la nueva normativa de certificaciones quede en “ stand by” y que si abre una negociación, tienen que estar los otros sindicatos que representan a los trabajadores públicos.

En caso de que el lunes no lleguen a un acuerdo, López indicó que se podrían tomar acciones “de carácter administrativo”, un recurso de inconstitucionalidad y una queja en la Organización Internacional del Trabajo. Añadió que también pueden definir establecer una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). “A parte de eso, todas las acciones de carácter gremial que se entiendan necesarias de hacer para evitar esta ley”, afirmó.

Afirmó que el Poder Ejecutivo busca dar un mensaje político y económico con la medida y el objetivo es “recaudar” con las licencias médicas para “tapar agujeros que no se han tapado con el presupuesto de la Rendición de Cuentas”. Para él, la medida a tomar para afrontar el problema de las certificaciones consiste en “atacar las causas de las enfermedades y cuando se detectan abusos actuar fuertemente contra eso”.

“Si un trabajador está haciendo uso de una licencia médica trucha, no solo está estafando al estado, sino que estafa al trabajador que tiene al lado, que tiene que hacer una doble tarea”, dijo. De todas formas, planteó que si el gobierno habla de abusos, es porque los detectó, por lo tanto, “si los detectó lo que tiene que hacer es obrar en consecuencia y no pasar una tabla rasa para todos los trabajadores”.

Por otra parte, contó que hablaron sobre la regularización de los contratos precarios en el Estado. “Un tema que para nosotros es crucial”, dijo. Explicó que el problema de los contratos precarios se da sobre todo en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. “Hay que buscar una solución para eso, y venimos trabajando y negociando con el gobierno la posibilidad de regularizar esos contratos”, comentó.

Según él, la regularización “no tiene ningún costo porque son funcionarios que cobran su salario desde hace años, porque ya trabajan en el Estado en tareas permanentes”. Si bien dijo que es difícil precisar cuántos funcionarios tienen contratos precarios, planteó que la cifra es cercana a los 1.000 trabajadores.