El diplomático Stefano Di Conza, que estuvo involucrado en el caso de los pasaportes rusos en el que el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano fue mediador, volvió a trabajar en la cancillería. Según supo la diaria con base en fuentes de la cartera, Di Conza se reincorporó hace pocos días en el Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASE) como funcionario tras haber estado suspendido en sus funciones durante seis meses. Las fuentes relataron que, de todos modos, se le está tramitando un sumario que aún no finalizó.
El IASE, según consta en la página web de la cancillería, tiene a su cargo la “formación” de los funcionarios que ingresan a la carrera diplomática, como también la “especialización y perfeccionamiento” de los funcionarios del Servicio Exterior, y de los que “sin integrarlo, pueden ser destinados a prestar funciones en el exterior, de conformidad con las normas legales vigentes”. “Es la Escuela Diplomática de la República” y, asimismo, un centro de investigación en materias relativas a la política internacional y la diplomacia, “de difusión informativa y de publicaciones relacionadas con sus fines”.
Di Conza había sido señalado por el escribano Álvaro Fernández y por el ciudadano ruso Alexey Slivaev –ambos integrantes, junto con Astesiano, del equipo que se dedicaba a entregar documentos apócrifos– como uno de los que “facilitaba la ciudadanía” a ciudadanos rusos. Di Conza estuvo en el consulado uruguayo en Rusia entre 2013 y 2018. En su momento, el diplomático negó los cargos y dijo que excedía su responsabilidad verificar la autenticidad del documento que emitía.
El 27 de noviembre del año pasado, Di Conza fue imputado por 14 delitos de fraude con 14 delitos de suposición de estado civil por la falsificación de pasaportes. Días más tarde, el diplomático apeló la sentencia de primera instancia del juez Fernando Islas, que implicaba que debía ir a la cárcel de forma preventiva, pero no tuvo éxito alguno. De esa forma, se convirtió en el primer funcionario público imputado por la causa que relaciona al excustodio del presidente a la red de falsificación de documentos.
Finalmente, el 3 de febrero fue liberado tras pagar una fianza de 25.000 dólares, que en principio era de 50.000 dólares, pero tras una negociación entre la familia de Di Conza y la primera fiscal del caso, Gabriela Fossati, esa fue la cifra final. Durante el proceso, el juez Alejandro Asteggiante informó en su momento que Di Conza tenía prohibido salir del país y que no podía comunicarse con funcionarios del consulado y de la embajada. Además, consignó que debía fijar domicilio y presentarse en la seccional una vez por semana.
Fossati había indicado que Di Conza era responsable porque su firma figura en los expedientes que se usaron en la embajada uruguaya en Rusia para emitir documentación, que finalmente fue adulterada. Durante la audiencia de formalización la fiscal le dijo al cónsul que, “en el mejor de los casos, benefició a terceros por no tomarse la molestia de cumplir con su trabajo”. En respuesta, Di Conza reparó en que su tarea se limitaba a chequear desde el punto de vista formal que la documentación cuente con los sellos correspondientes.
En tanto, a fines de abril, su abogado, Florencio Macedo, presentó cuatro pericias informáticas en las que demostraba que el diplomático estaba fuera de Moscú cuando su firma digital fue utilizada para expedir pasaportes uruguayos con datos falsos.
En la última audiencia, la Justicia dictó que fije domicilio y decidió que prosiga su prohibición de salir del país hasta que se archive el caso. En caso de que pida autorización para hacerlo, le pueden dar permiso para traspasar fronteras, informaron a la diaria.