Desde hace muchos meses que en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) hay un nudo con el tema del senador de Partido Nacional Juan Sartori, que no presentó la declaración jurada de su esposa, la rusa Yekaterina Rybolóvleva, como lo obliga la ley. En octubre de 2022, luego de varias idas y más vueltas, Sartori no se presentó a la Jutep y planteó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por el artículo 12 de la Ley 17.060 (ley cristal de los funcionarios públicos), ya que entiende que, al obligarlo a presentar la declaración jurada de su esposa, “se viola el derecho a la privacidad” y “la intimidad”, consagrados en la Constitución.

A todo esto, en abril de este año varios senadores del Frente Amplio (FA) realizaron un pedido de informes a la Jutep, en el que insistieron con el tema, y que fue respondido el jueves. En la respuesta, a la que accedió la diaria, se consignan tres consultas que hizo la oposición. En la primera, le preguntaron a la Jutep si comunicó a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, “respecto a la situación de la falta de declaración jurada” de la esposa de Sartori, y el organismo contestó que efectivamente informó a Argimón, el 20 de setiembre de 2022, “comunicando que se realizaría el procedimiento de investigación al senador Sartori”.

El FA también consultó si la Jutep, “en conocimiento de la interposición del recurso de inconstitucionalidad” interpuesto por Sartori, “va a esperar el pronunciamiento de la SCJ sobre el mismo para aplicar el artículo 16 de la Ley 17.060” (que establece el procedimiento y las sanciones para quienes omiten la presentación de la declaración jurada). La Jutep contestó que, de acuerdo a una resolución del 22 de junio de 2023, el directorio del organismo, por mayoría -con el voto discorde de la directora vocal Ana María Ferraris, que representa al FA-, “hace lugar al efecto suspensivo como consecuencia de la demanda de inconstitucionalidad” presentada por Sartori, con base en varios fundamentos jurídicos.

La Jutep sostiene que, “de no optarse por la suspensión de la aplicación de la norma impugnada hasta que la SCJ se expida, se podría estar ante un posible reclamo de responsabilidad del Estado por daños y perjuicios en caso de que el fallo tuviera una sentencia favorable al actor, por aplicación de una ley inconstitucional, riesgo que se considera no se debería correr en aplicación de principios tales como el de buena administración”. Al final, se señala que, “si no se suspenden los efectos de la ley cuestionada en su constitucionalidad, el dictado de una sentencia de la SCJ que declarara la inconstitucionalidad ya no tendría ningún sentido debido a que la norma inconstitucional ya fue aplicada”.

Por último, el organismo contestó que “consta en forma fehaciente el incumplimiento del senador Juan Sartori con su obligación legal de presentar declaración jurada de su cónyuge” con el contenido que establecen los artículos 12 y 12 bis de la Ley 17.060.

Brenta: hace cuatro años que Sartori está “en offside”

En tanto, el senador suplente de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta, que ha seguido de cerca este tema dentro del FA, dijo a la diaria que en “todas las consultas jurídicas” que hicieron no encontraron ni “una opinión que defienda” la posición de la Jutep, de no expedirse sobre el caso de Sartori hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad. Brenta resaltó que ya estamos en el cuarto año de que Sartori es senador y está “en offside” con la declaración jurada, y aseguró que no es sólo por la declaración de su esposa, sino también por la de él, dado que “está incompleta”.

Brenta subrayó que, de acuerdo a la ley, la Jutep tiene que comunicar a Argimón que Sartori está en falta y retenerle la mitad del sueldo. En efecto, el artículo 16 de la “ley cristal” establece que la Jutep “comunicará la calidad de omiso al organismo en que reviste el funcionario, a efectos de la aplicación de las medidas disciplinarias pertinentes y de la retención prevista por el artículo 99 de la Ley 18.046”, que es 50% “del monto nominal de cualquier emolumento, salario”, etcétera, “pagado por organismos públicos”.

El senador dijo que, desde el punto de vista legal, “no hay otro mecanismo” para accionar contra Sartori, pero lo que pasa es que a “un ser humano normal” que le retengan la mitad del salario le generaría un gran problema, por lo tanto, “lo arregla”, pero, a su juicio, a Sartori no le interesa “si le pagan o no; de hecho, no le están pagando”, porque “agotó toda su licencia” en el Parlamento “y pide licencia sin goce de sueldo”.

Así las cosas, para Brenta, hay que “revisar algunos aspectos” de la “ley cristal”, para que haya “sanciones mayores”, sobre todo “para este tipo de casos, de personas con responsabilidades políticas de este nivel”. “Esto hay que mejorarlo, evidentemente, porque este hombre [Sartori] se ha reído de la Jutep durante cuatro años. Y, claramente, la Jutep sigue estando en omisión, fundamentando, desde el punto de vista jurídico, lo que para mí es, desde el punto de vista político, el interés de proteger a Sartori, nada más”, finalizó Brenta.