Este martes se iba analizar en la Junta Departamental de Montevideo el proyecto de decreto que presentó la Intendencia de Montevideo (IM) para reestructurar la tasa de inflamables, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el mes de junio. Sin embargo, la sesión de la Comisión de Legislaciones y Apelaciones fue suspendida por motivos de salud de su presidenta, la frenteamplista Estela Pereyra.
“Teníamos casi 42 expedientes para tratar y ese era uno de los últimos que nos había ingresado”, contó Pereyra en diálogo con la diaria tras explicar que no era seguro que el proyecto se abordara el martes. De hacerlo, el objetivo era realizarle “las consultas pertinentes” a la Unidad Jurídica y luego ponerlo a consideración de la comisión.
Consultada sobre las discusiones alrededor de lo presentado, la edila, quien se retiró de la JDM por una baja de presión, expresó que tras “las entrevistas en la prensa y las declaraciones del presidente”, se reconoció la existencia de “un debate que tiene dos caras opuestas”. Respecto al contenido de cada una de ellas y sus diferentes miradas, Pereyra destacó la importancia del análisis jurídico y defendió el hecho de que el nuevo impuesto no se traslada al contribuyente. “Se derogó la tasa, pero eso no se corresponde con la baja del combustible, porque en realidad nosotros no lo pagamos, no era vinculante al contribuyente”, argumentó.
Por su parte, el edil nacionalista Javier Barrios Bove adhirió a los planteos que aseguran que el impuesto propuesto es “de dudosa constitucionalidad”. En ese sentido, se refirió a lo expuesto por el abogado tributarista Leonardo Costa a la diaria, y dijo que el profesional fue “claro” al explicar que para que fuera legal deberían gravar a los vehículos y no a la carga. Con la actual redacción del proyecto de decreto, “el hecho generador no es el vehículo de transporte”, sino “la carga, la descarga y la distribución de combustible”, recordó.
Además, Barrios señaló que el nuevo impuesto también supondría un problema para quienes viven fuera de la capital y cargan combustible en la planta de Ancap ubicada en el barrio La Tablada. “Todos los combustibles que salen para el interior del país, sea nafta, gasoil o supergás, estarían gravados”, incluso cuando entre la planta y los accesos “no hay más de un kilómetro”, afirmó. “Por un kilómetro de distancia, ¿Montevideo tiene derecho a gravar los combustibles de todo el país? No parece lógico”, agregó.
De acuerdo al edil del Partido Nacional (PN), el argumento planteado por la IM que asegura que “los camiones de combustibles rompen las calles” -la intendenta de Montevideo Carolina Cosse dijo, durante una rueda de prensa, que “son muy pesados” e “impactan fuertemente en toda la ciudad”- tampoco tiene sentido pues, en ese caso, se debería tener en cuenta a “los camiones de harina, de refrescos, y de carne”. En la misma línea, criticó la idea de que se trata de una medida “para recuperar fondos que se perdieron al derogar la tasa”. Si así fuera, “el importe de la tasa y el impuesto deberían ser los mismos”, pero, “según se nos ha dicho, la tasa gravaba el 0,4% y este impuesto quiere gravar el 0,5%” del total del volumen transportado”, manifestó.
Por su parte, otro edil nacionalista, en este caso Diego Rodríguez, caracterizó el proyecto de decreto como “un capricho producto de que se demostró que lo que se venía haciendo era inconstitucional”. A la vez, dijo que se trata de “un mecanismo constante que viene llevando la administración de Carolina Cosse” a partir del cual generan impuestos “dando un servicio muy malo, o muchas veces ni siquiera dándolo”.
Tonos
“Yo estoy convencido de que este proyecto es constitucional, pero ya el terreno de la discusión dejó de ser el jurídico”, opinó el edil del Frente Amplio (FA) Nicolás Lasa a la diaria. “En el momento en que el presidente de la República asume la vocería en este enfrentamiento con el gobierno de Montevideo, y no recurre a una discusión jurídica, sino a una discusión que es estrictamente política, corre el eje del debate”, consideró con relación a los dichos de Luis Lacalle Pou, quien manifestó que, de aprobarse el proyecto, el Poder Ejecutivo apelará.
“Nosotros tenemos muchísimos argumentos para decir que lo que atenta contra el interés general son los reiterados aumentos que ha tenido el combustible”, además de “las modificaciones legales que introdujo la LUC”, afirmó en respuesta a lo esgrimido por el presidente. Según Lasa, Lacalle Pou “formuló lo que podría llegar a entenderse como una amenaza”, en el marco de un proceso en el que “el gobierno nacional viene combatiendo y asfixiando al departamento de Montevideo desde hace mucho tiempo” para perjudicar a sus autoridades en las próximas elecciones. “No quisiera que este fuera el tono de su participación política en los meses que se vienen, pero bueno, está a tiempo de recapacitar y llamarse también a cumplir con su rol”, concluyó el edil del FA.
Dado que todo indica que el impuesto será aprobado porque el FA tiene la mayoría necesaria para hacerlo, “entiendo que está bueno lo que planteaba el presidente de la República”, expresó el edil del Partido Colorado Matías Barreto en conversación con la diaria. De acuerdo a sus palabras, la medida afecta a todos los consumidores porque eleva los precios de otros productos y, en consecuencia, “no es el camino”.
Asimismo, Barreto recordó que lo que está en discusión es “la oportunidad, la procedencia y la justicia de un impuesto en la sociedad montevideana”. Respecto a las últimas reflexiones de la intendenta, quien dijo que el presidente debe preocuparse de “lo importante”, opinó que “esquivan la argumentación”.