El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) recibió este mediodía a la directora de UTE por esa fuerza política, Fernanda Cardona, para tratar el plan de “prepago” que aprobó el oficialismo en UTE, que comenzará a regir en setiembre para aquellas personas que acumulen al menos cuatro facturas sin pagar.
Según la propuesta del ente, se les planteará pasarse a este sistema, en el que se les va a recargar “como si fuese un celular o un cable”; la mayoría se aplicará en los barrios más vulnerables. “Eso tampoco lo votamos, porque entendemos que no es la manera de trabajar como viene trabajando el plan de inclusión de UTE”, indicó en una rueda de prensa tras la reunión, en la que participó el presidente del FA, Fernando Pereira.
Cardona explicitó que se utiliza la incorporación tecnológica que UTE hizo en todos estos años, como la medición inteligente, “en contra de la gente”, en un servicio que además “tampoco le va a servir”: “Imagínense que ustedes se queden sin luz, ustedes recargan la luz como recargan un celular o un cable. Nadie sabe cuánto va a consumir, se pueden quedar sin luz de madrugada. Está partiendo de la base de que va a haber una red de cobranza cerca en el barrio para que la gente pueda recargar, y seguramente eso no pueda pasar”.
De acuerdo al informe que presentó al FA y al que tuvo acceso la diaria, surgen varios puntos de “preocupación” si se considera la “ausencia de fundamentación” del plan y la “modalidad de intervención propuesta, así como también si vemos los malos resultados que han tenido algunas experiencias regionales en la materia”.
“Si bien se comparte la necesidad de trabajar en la gestión de cobro a dichos hogares, favoreciendo la sostenibilidad del acceso a la energía eléctrica, la modalidad impulsada puede llegar a institucionalizar la pobreza energética, ya que, por ejemplo, la reducción de potencia a 1,5 K como manera de evitar el corte no permite el uso del calefón u otros electrodomésticos relevantes para una vida digna. Esto se contradice con el eje social de la política energética acordada multipartidariamente en 2010”, indica el escrito.
A su vez, cuestionó que la solución para evitar las conexiones irregulares sea esa, dado que se demostró que ante la “necesidad” de cubrir su consumo básico los hogares vuelven a “colgarse”, con “las consecuencias que ello trae aparejado, no sólo en términos económicos, sino a nivel de seguridad y riesgo de accidentes en los hogares”.
En cambio, la directora de UTE en representación del Partido Nacional, Mariana Ubillos, opinó en diálogo con la diaria que se trata de un sistema que permite a todos aquellos que no pueden pagar mensualmente la UTE asegurarse de tener energía eléctrica en su hogar. “A muchas personas les cuesta pagar todo junto”, sostuvo.
“Así sea un empleado que gana su jornal o que gana su semana y no mensualmente, o que directamente no puede ahorrar durante el mes al momento de cobrar y tener lo que sea que necesita para la UTE. Creo que, por el contrario, beneficia; en ningún momento institucionaliza la pobreza energética”, expresó.
Asimismo, Cardona estableció que a esas personas que tienen la deuda las “obligan indirectamente” a mantenerse durante un año en el sistema dado que, de lo contrario, se retoma la deuda previa: “Lo que propone esta nueva modalidad para evitar llegar a ese punto es enviar mensajes de texto a los hogares avisando cuántos días de saldo les quedan”.
En contraste con lo afirmado por la frenteamplista, Ubillos dijo que cortes de luz de noche “no hay nunca”, y si un hogar durante tres meses no usa el sistema de prepago, vuelve al sistema anterior, por lo que entonces se tendrá que gestionar la deuda.
Mercado eléctrico
Mientras tanto, continúan las críticas al decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería que modifica el mercado eléctrico al habilitar contratos entre privados “sin reconocer los costos que asumió UTE” para cambiar la matriz eléctrica. Según apuntó en una rueda de prensa Cardona, “es todo beneficio” para los privados y “todo carga” para UTE, por lo que se trata de una “privatización solapada”. El principal cambio es que a los productores privados de energías renovables no convencionales –eólica, fotovoltaica y biomasa– se les reconoce la capacidad de suministrar potencia firme de largo plazo.
En ese sentido, indicó que el decreto, de alguna manera, “modifica lo que fue la pregunta en los 90 a la gente” sobre si entendían que se debía privatizar las empresas públicas o no. “Esto es una privatización de una parte del negocio medular para UTE, que es la generación [de energía]; va a perder facturación, por lo tanto, por ambas situaciones entendemos que UTE va a perder ingresos y eso se va a tener que trasladar a la tarifa”, advirtió.
A su vez, Cardona expuso que el Poder Ejecutivo hizo caso omiso a las observaciones de los técnicos. Para la frenteamplista, la modificación “tuvo errores” en la paramétrica para reconocer la potencia firme. “Además de estas modificaciones, entiendo que hubo alguna negociación pero que, de alguna manera, no cambia el corazón del decreto en el sentido de que en vez de irse 500 [clientes] juntos, se puedan ir 53, porque los 53 que están planteando ahora son los que facturan más”, como Coca-Cola. El pasado 18 de agosto, Cardona presentó un recurso revocatorio contra el decreto; en la misma vía se expresó la Asociación de Funcionarios de UTE.