El jueves pasado, el nacionalista Carlos Albisu renunció a la presidencia de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, tras ser acusado por el Frente Amplio (FA) de “clientelismo” y “corrupción” por una treintena de designaciones directas, en su gran mayoría a militantes del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC). Un día después, la Usina de Percepción Ciudadana comenzó una encuesta que se extendió hasta este martes, en la que consultó a la población sus sensaciones al respecto.

Para empezar, 62% de las personas encuestadas había escuchado hablar del caso. Al desagregar la pregunta, es posible observar que la polémica fue más conocida por los ciudadanos de mayor edad. Entre quienes tienen 60 años o más, la respuesta positiva correspondió a 82%. Asimismo, en la franja de 45 a 59 años, 72% estaba al tanto de la situación. La cifra bajó con la edad: en el tramo de 30 a 44 años el promedio fue de 54%, y en el de 18 a 29, de 38%.

Por otro lado, el tema tuvo mayor repercusión en Montevideo. En la capital, el 69% de los encuestados conocía el caso, mientras que en el interior del país, sólo el 51%. En materia de género, la respuesta fue afirmativa entre el 75% de los hombres y el 50% de las mujeres. El único ámbito en el que el porcentaje fue equilibrado fue el del voto en las últimas elecciones: el asunto fue igual de conocido entre quienes votaron al FA y a la coalición.

Para el 73% de la población, la partida presupuestal extra y las designaciones directas “pueden estar relacionadas con casos de corrupción y clientelismo político”. Al contrario de la pregunta anterior, la afirmación predominó entre los más jóvenes. El 86% de las personas de 18 a 29 años se mostraron afines a esta idea. De todos modos, el promedio fue elevado en todas las etarias: 69% en la de 30 a 44 años, 75% en la de 45 a 49 años y 69% en la de 60 años o más.

A la vez, la opinión fue similar en todo el territorio nacional. En Montevideo fue compartida por el 74% de los votantes y en el interior por el 71%. Tampoco difirió tanto entre hombres y mujeres –el 76% de los varones y el 69% de las mujeres estuvieron a favor de contemplar la corrupción como una posibilidad– ni entre clases sociales –en niveles socioeconómicos altos y bajos, el promedio fue de 72%–.

En lo que sí hubo variaciones fue en lo que respecta a la orientación política. Mientras que el 96% de los frenteamplistas se pronunció afirmativamente, sólo compartió su postura el 51% de los seguidores de la coalición. Además, el 33% de ellos se mostró contrario a esa idea y el 7% prefirió no contestar.

Por último, a los encuestados se les consultó cómo afectaron estos cuestionamientos la imagen que tienen del gobierno. El 64% respondió que la afectaban negativamente: 36% respondió que afectaban “muy negativamente” y 28% optó sólo por “negativamente”, mientras que 32% dijo que los hechos no afectaban su percepción de la actual administración. Esta postura predominó entre quienes votaron a la coalición –con un promedio de 54%–, aunque también dentro de este sector hubo personas –el 30%– que afirmaron que el caso influía de forma negativa en su mirada.