Este lunes la emisora radial argentina Urbana Play anunció que desde setiembre podrá escucharse en Uruguay a través de la frecuencia 92.5 FM, perteneciente al grupo Magnolio. Para hacerlo, la firma uruguaya debe contar con una autorización de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), que no le ha sido concedida, de acuerdo a lo expuesto por el director del organismo en representación del Frente Amplio (FA), Pablo Siris.

Dentro de los expedientes ingresados al directorio “no hay ninguna solicitud de autorización de Urbana de Argentina en ninguna emisora, ni del grupo Magnolio ni de ningún otro grupo”, aseguró Siris en diálogo con la diaria. En consecuencia, el director por el FA hará un pedido de informe a los servicios jurídicos y de contralor para que se verifique “formalmente” lo observado y se tomen “las medidas correspondientes”.

Siris explicó que, una vez iniciado el proceso, en primer lugar se debe intimar a la emisora a que realice la solicitud -que está establecida en el artículo 59 de la Ley 19.307- o a que fundamente la razón de su omisión a la hora de pedir la autorización. Luego hay otros elementos a contemplar, pues en la normativa también se prevé una limitación sobre la cantidad de tiempo que se retransmite: lo estipulado dicta que los servicios “no podrán exceder el 70% de su tiempo de emisión diario”.

La retransmisión de Urbana Play abarcará a los programas emitidos de lunes a viernes entre las 9.00 y las 17.00 horas, además de un fragmento de otro espacio que sale de 17.00 a 20.00, según lo compartido en su cuenta de Instagram. El investigador especializado en regulación de medios y telecomunicaciones Gustavo Gómez alertó sobre la irregularidad en su cuenta de X, y señaló que este volumen de programación supera lo establecido legalmente, pues los servicios “no pueden arrendar más del 25% de la radio a una misma empresa”.

En conversación con la diaria, Gómez manifestó que “la ley de medios, que todavía está vigente, permite ceder hasta el 75% de la programación de una emisora, pero sólo el 25% del total de la programación a una sola empresa”. En este caso, dado que se trata de alrededor de nueve horas de retransmisión, se “excede ese 25% máximo”, reiteró.

Promesas

“Hay un tema muy delicado en relación a la postura de determinados grupos económicos”, agregó Siris tras evaluar la situación. De acuerdo a sus palabras, a determinados sectores “se les prometió, por parte de este gobierno al inicio de la administración, que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual iba a ser derogada” y “el Poder Ejecutivo actuó hasta ahora como si efectivamente fuera a serlo, violando todo el ordenamiento jurídico nacional”.

Se sigue adoptando una postura que observa a la normativa en cuestión “como si estuviera en una especie de limbo jurídico, que no es tal”, planteó el director de la Ursec por el FA. “La ley está vigente y debe cumplirse”, pero “el Poder Ejecutivo y la propia Ursec están en permanente omisión” al “no exigir su aplicación o hacer la vista gorda cuando no se cumple”, subrayó.

Por su parte, Gómez dijo que “el grupo Magnolio está acostumbrado a funcionar de manera ilegal”, algo que se observa en que “hoy controla más medios de los que la legislación vigente le permite”. Sin embargo, aunque la noticia “no es una sorpresa”, tampoco “deberíamos tomarlo como algo normal y acostumbrarnos”, opinó.