En mayo, el proyecto de investigación interdisciplinario Cruzar, de la Universidad de la República, le solicitó al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) un informe de los generales Pedro Barneix y Carlos Díaz, por entender que contiene datos sobre detenidos desaparecidos en la dictadura. Luego de que desde la cartera respondieran que no podían “dar una copia” del documento, Cruzar presentó, con el patrocinio del abogado Juan Ceretta, un recurso ante un Juzgado de lo Contencioso Administrativo para que se les entregara el informe.
Aunque el juez a cargo, Jorge Gandini, reconoció la existencia del informe, “argumentó que no se podía obligar al MDN a entregar un documento que decía que era imposible ubicar”. Dado que “en la audiencia el general Carlos Díaz admitió que había entregado el informe de aproximadamente diez páginas al comandante Bertolotti 'en propia mano'”, Cruzar inició un trámite de apelación “para que la Justicia continuara la búsqueda”, relata el texto. Ahora, por medio de un comunicado emitido este viernes, el proyecto anunció que el Tribunal de Apelaciones “confirmó la sentencia de Gandini y desestimó el recurso de Cruzar”.
Para el proyecto interdisciplinario, es “insólito” que el MDN “se considere incapaz de ubicar, en el Comando del Ejército, un informe producto de una orden directa del comandante, que implicó la formación de una comisión –de la que existe registro documental–”. Por lo tanto, Cruzar, que “pretende agotar los esfuerzos” para ubicar el documento, “se propone trasladar todos los antecedentes a la Fiscalía especializada en Derechos Humanos, y a la Institución Nacional de Derechos Humanos”.
Según lo expuesto, “como explicó el propio general Díaz ante el juez Gandini”, el material “contenía información secreta sobre tres aspectos de la misión encomendada: identificar las unidades militares donde fueron recluidos los desaparecidos después de su detención; establecer en qué momento se produjeron los 'fallecimientos'; y ubicar los lugares de enterramientos”.
Asimismo, en el comunicado se afirma que “las fuentes directas de la información están cerradas a cal y canto por la decisión militar de mantener un estricto pacto de silencio”, algo que es admitido por “todos los organismos involucrados en la búsqueda de restos de desaparecidos”. También se señala que los diferentes argumentos del MDN –“primero, que no se podía obtener una copia; después, que no se lograba encontrar el documento; y finalmente, que el mismo no existía”– respaldan una “actitud evasiva” del Comando del Ejército, desmienten “la voluntad de colaboración” y confirman “la importancia de los datos recabados por Barneix y Díaz”.