Este jueves por la mañana una delegación del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) asistió a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado. Los delegados del Inisa solicitaron una reasignación de recursos al instituto que permita avanzar en el cumplimiento de la Ley 19.367, que establece sus obligaciones.

La presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, detalló a la diaria que se volvió a acentuar en lo que “venimos repitiendo año a año en todas las Rendiciones de Cuentas: que se cumpla con la ley de creación del Inisa”.

Según el artículo 2 de la Ley 19.367, a la que se refirió De Olivera, “el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente tendrá como objetivo esencial la inserción social y comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley penal mediante un proceso psicosocial, educativo e integral”. Esto, de acuerdo con los incisos f, g y h del artículo 4, implica la articulación de programas de “instrumentación, vigilancia y evaluación” de “medidas privativas de libertad” y “alternativas a la privación de libertad”, así como “medidas curativas”.

De acuerdo a lo desarrollado por De Olivera, el Inisa no se encontraría en cumplimiento de la ley, puesto que, según explicó, la mitad de las medidas alternativas a la privación de libertad permanecen bajo control del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), si bien administran las medidas privativas en 13 centros de libertad.

Por eso De Olivera considera esencial el traslado de recursos desde el INAU al Inisa, a los efectos de poder tomar responsabilidad íntegra sobre lo que le compete al instituto. Según dio a entender la presidenta del Inisa, el organismo cuenta con un modelo de intervención preparado en conjunto con Unicef, que “sistematiza y protocoliza la ejecución de las medidas alternativas”.

Asimismo, De Olivera anticipó a la diaria que ya se encuentra acordado con el INAU el posible traslado de cinco edificios, ubicados en cinco departamentos en los que el INAU aún gestiona las medidas alternativas. Igualmente, explicó que podrían transferirse 17 funcionarios que ya están dedicados a las medidas alternativas.

Así, lo único que faltaría, de acuerdo con la jerarca, serían equipos técnicos multidisciplinarios que el Inisa pueda asignar a estos centros regionales, ubicados en Cerro Largo, Maldonado, Lavalleja y Paysandú, que permitan “dar un mensaje” sobre “la importancia del Estado en territorio, cuerpo a cuerpo con estos adolescentes que están [...] cumpliendo una medida alternativa”.

La presidenta del Inisa explicó que la medida no es sólo necesaria, sino “inteligente y estratégica en esta situación que estamos viviendo hoy, [...] una situación compleja en lo que es la seguridad pública”, algo con lo que en la comisión “estuvieron de acuerdo”, según acotó.

También se trataron temas concernientes a la organización del Inisa y a los funcionarios que lo integran. “Hay algunas inequidades que también nos preocupan en cuanto a lo que tiene que ver con funcionarios del Inisa”, explicó, si bien acotó que “hay que esperar que termine este período de rendición de cuentas en su totalidad”, pues, a su entender, se ha discutido en la Cámara de Diputados.

Asimismo, De Olivera negó que exista algún inconveniente respecto del número de funcionarios asignados a la atención directa, en oposición a las palabras vertidas por Adriana Venosa, directora por el Frente Amplio (FA) en el Inisa, quien había declarado a la diaria que el organismo cuenta con “mucho menos personal de atención directa”. En ese entonces, Venosa argumentó que esto podría afectar los niveles de servicio en algunos centros.

De acuerdo con De Olivera, el ratio de personal de atención directa por adolescente privado de libertad establecido internacionalmente es de 2,5, número que ronda la institución. Asimismo, la presidenta del Inisa detalló que el instituto logró el cierre del centro de máxima seguridad MD, lo que permitió la redistribución de funcionarios en los otros centros.

De la misma forma, consideró que la ley de urgente consideración redundó en un efecto positivo para el centro, puesto que permitió una reducción “significativa” en el número de estadías cautelares mediante la aplicación de las llamadas “medidas mixtas”, que el Inisa administra de acuerdo a lo establecido por la Justicia.

Argumentó que esto permite a los adolescentes cursar “unos meses en privación y otros meses en medidas alternativas”, en lugar de “un tiempo extenso de privación de libertad”. Así, explicó que desde 2021, “por primera vez, en Uruguay son más los adolescentes que están en medidas alternativas que los privados de libertad”.