La famosa ley de reforma de la seguridad social (20.130), promulgada en mayo de 2023, quitó el incentivo que tenían los trabajadores que actualmente tienen entre 40 y 49 años y están afiliados de forma voluntaria a una AFAP, por lo que, ante la posibilidad de que sus jubilaciones se vean reducidas, tendrán hasta el 30 de noviembre para asesorarse en el Banco de Previsión Social (BPS) y saber cómo se verá ajustada su prestación. En caso de que les resulte conveniente, los trabajadores podrán revocar su afiliación a la AFAP.

Así las cosas, a principios de agosto, cuando la Rendición de Cuentas se estaba tratando en la cámara baja, el Frente Amplio (FA) propuso incluir un artículo aditivo para evitar que haya consecuencias fiscales si cuarentones deciden desafiliarse de la AFAP, con una solución similar a la que se encontró para el problema de los cincuentones: que el dinero de los que decidan desafiliarse vaya a un fideicomiso.

Este miércoles, el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) compareció ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado para explicar los artículos aditivos de su inciso, entre los que incluyeron varios que intentan solucionar este problema, en una línea similar a lo planteado por el FA.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Gabriela Miraballes, directora de la Asesoría Macroeconómica del MEF, explicó que mediante los artículos aditivos que se proponen se crearía un fideicomiso “para atender el tema de los cuarentones, que causó inquietud” la última vez que la cartera compareció en el Parlamento, y subrayó que en ese momento estaban trabajando en una propuesta, que es la que presentaron este miércoles.

La jerarca explicó que, dada la bonificación que eliminó la reforma de la seguridad social –dispuesta en el artículo 28 de la Ley 16.173, que aumentaba artificialmente el sueldo básico jubilatorio en 1,5–, “se estima que hay un número importante de personas que pueden estar afectadas y hacer esa revocación”. “Estas personas deberán seguir un proceso similar al de los cincuentones, que es asesorarse en el BPS y luego tomar la opción. En este caso, entonces, el propio BPS realizó una estimación de impacto financiero con distintos escenarios”, indicó.

Miraballes señaló que el impacto financiero que generarían esas revocaciones se daría porque al principio “tendríamos una devolución de aportes y rentabilidades que las AFAP harían al BPS”, y también “el BPS tendría incrementos en los aportes desde el momento en que las personas revocan la opción hasta el final de su etapa activa”. “Y luego –temporalmente mucho después– tendríamos un crecimiento de los egresos del BPS en el momento en que este colectivo se jubile. Adicionalmente, si la persona en actividad o jubilada fallece, podrían generarse pensiones de sobrevivencia en el BPS por un monto mayor. Entonces, tendríamos una situación de nuevos ingresos y egresos que afectarían al BPS. Habría un flujo de ingresos y un flujo de egresos diferentes. Y esto se produce a lo largo del tiempo, a partir de que este colectivo retorne al BPS con estos aportes y luego se jubile”, detalló.

Según la jerarca, de acuerdo con la cantidad de personas que se asesoren y revoquen la opción, el BPS estudió dos escenarios: uno es que revoque la opción el 20% del colectivo considerado, 52.500 personas, lo cual “tendría un impacto financiero de 896 millones de dólares en el período temporal en que se haga esa revocación”. En tanto, si revocara la opción el 50% de ese colectivo, es decir, 132.000 personas, “esto tendría un impacto financiero de 2.200 millones de dólares”.

En definitiva, lo que plantea el aditivo, “de igual forma que como se procedió en el caso de los cincuentones, es crear un fideicomiso que mantenga el dinero de estas revocaciones y lo invierta por un tiempo razonable, asociado a las jubilaciones que luego deberán cubrirse con estos recursos”.

Miraballes explicó que el primer artículo añadido dice que encomienda al BPS “constituir un fideicomiso de administración, en el marco de la ley de fideicomisos, que se va a llamar 'Fideicomiso II de la Seguridad Social', cuyo objetivo va a ser administrar el patrimonio fideicomitido con el fin de preservar el capital y maximizar la rentabilidad de los fondos administrados, mediante una gestión prudente de riesgos en un horizonte de inversión adecuado”.

Luego, se establece “la posibilidad del fiduciario público de acuerdo con la normativa, y también un plazo máximo de 40 años para el fideicomiso, que es más que los 30 años que plantea la ley de fideicomiso, porque en este caso se precisaría más cantidad de años a los efectos de acompasar los egresos con las prestaciones que el BPS tenga que hacer. El beneficiario de dicho fideicomiso será el BPS”, indicó.

En la oposición esta solución fue vista con buenos ojos. De hecho, luego de la explicación de los artículos propuestos, la senadora del FA Amanda Della Ventura dijo en la comisión: “Para nosotros esto era necesario porque da otra cristalinidad y otras posibilidades al BPS”.

“Va a haber recursos” para aumentar sueldos militares

A la comisión que analiza la Rendición de Cuentas ya no le quedan delegaciones por recibir, y ahora la coalición está enfocada en la negociación interna para destrabar algunos asuntos y poder votar el proyecto. Uno de los nudos más gruesos que debe desatar el oficialismo es el pedido de 700 millones de pesos de Cabildo Abierto (CA) para remuneraciones militares y salud mental, que los liderados por el senador Guido Manini Ríos pusieron como condición para votar el proyecto. Al respecto, el senador nacionalista Sergio Botana dijo, en declaraciones a Subrayado, que se llegó a un acuerdo, y aunque no dio una cifra, aseguró que “va a haber recursos para atender esa demanda, que es justísima”.

Por su parte, el senador blanco Rodrigo Blás, presidente de la comisión, comentó en una rueda de prensa que “se ha avanzado en buen clima y en buen tiempo”, y entre los cambios a los que llegaron está que el tope máximo para las multas por exceso de velocidad en las rutas nacionales baje de 15 a 10 unidades reajustables (UR). Cuando la Rendición de Cuentas se trató en Diputados, el oficialismo había aprobado que el tope bajara a 5 UR –cerca de 8.000 pesos–, con un aditivo presentado por el diputado de CA Álvaro Perrone. La iniciativa del cabildante había recibido duras críticas del Congreso de Intendentes, que la rechazó por unanimidad por ser “violatoria” de la Constitución de la República y “socavar” la autonomía departamental. Finalmente, el oficialismo la dejó naufragar cuando la rendición pasó al plenario de Diputados.