A pesar de las discrepancias en torno a la fecha de fundación de Montevideo, un hecho indiscutible es que la capital de nuestro país alberga múltiples edificios, espacios públicos y monumentos de valor patrimonial que se propagaron por la ciudad a medida que fue creciendo.

Hoy en día, de acuerdo con un informe de la Intendencia de Montevideo (IM) al que pudo acceder la diaria, el régimen patrimonial comprende diez áreas de la ciudad y 21.487 edificaciones, de las cuales 4.426 tienen un alto Grado de Protección Patrimonial. También forman parte 356 edificios de interés departamental, cuatro de interés municipal e incluso 589 ejemplares vegetales protegidos. Se trata de números dinámicos, dado que la intención de la administración departamental es la de rever y extender el inventario patrimonial a nuevas zonas de la ciudad.

Entre los barrios comprendidos por el régimen se encuentra la Ciudad Vieja, que fue declarada área testimonial en 1982, seguida por los barrios Reus al Norte y Reus al Sur en 1986; Barrio Sur, Pocitos, Carrasco y Punta Gorda en 1990; el Prado en 1991; Colón en 1998; Peñarol en 2010; así como la avenida 18 de Julio, de interés patrimonial desde 2014.

El gobierno departamental también está finalizando un Inventario de Patrimonio del Centro, que espera a ser aprobado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y por el de Ambiente para ser remitido a la Junta Departamental y que, en principio, comprende 8.789 padrones, así como un nuevo inventario del patrimonio arquitectónico y urbano de la Ciudad Vieja y un Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora. Igualmente, se encuentra revisando el inventario patrimonial de Barrio Sur y conformando el inventario patrimonial de Colón, Villa Colón y Pueblo Ferrocarril. Por último, detalla, se espera iniciar un inventario del patrimonio de Malvín, extender el inventario de conjuntos urbanos protegidos y designar nuevos bienes como de interés departamental.

De acuerdo con el director de Planificación de la IM, Luis Oreggioni, la “dimensión de patrimonio” forma parte de “la visión de ciudad y territorio” de sucesivas gestiones en el departamento de Montevideo desde el retorno a la democracia, en particular, luego de la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial, en 1998. En su opinión, el patrimonio es una “dimensión cultural” que “refleja acuerdos sociales y colectivos que definen la identidad de la ciudad”, por lo que “la acción patrimonial como dimensión urbanística es reflejo y construcción de esos acuerdos”.

Oreggioni explicó que dentro de la IM “no hay contradicciones, sino integración de puntos de vista de políticas públicas”, en referencia a posibles conflictos de interés entre la conservación del patrimonio y la apuesta al desarrollo de la ciudad. En este sentido, reconoció que la conservación de patrimonio puede derivar en “tensiones de intereses” a nivel de la sociedad, por lo que explicó que “el rol” del gobierno departamental es “formar políticas equilibradas” al respecto.

De igual manera, matizó que las “pérdidas y ganancias sobre bienes privados pueden ser entendidas en relación con varios aspectos de las dinámicas de la ciudad”, entre las que no sólo se encuentran las políticas patrimoniales sino también “la percepción cultural y el atractivo económico de algunos barrios de la ciudad”.

Comisión de Patrimonio: la IM “no puede flaquear” en la protección patrimonial

El director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, William Rey, dijo a la diaria que si bien en la actualidad algunas áreas de la capital cuentan con planes de protección patrimonial, no todos cuentan con una “fuerza legal” que permita efectivizarlos, y puso el ejemplo de Pocitos. En ese sentido, consideró que la IM “no puede flaquear” y llamó a “ir para adelante con el plan de protección patrimonial” en aquellos sitios donde diferentes intereses se encuentran en disputa con el patrimonio.

El director de la Comisión de Patrimonio lamentó que en algunos casos, en su opinión, la IM relega los intereses patrimoniales frente a aquellos de otras divisiones, por ejemplo, respecto del tránsito. Aun así, si bien reconoció que en algunos casos se han dado “polémicas” entre el organismo que él preside y la IM, resaltó que se lograron “acuerdos muy importantes”. Como ejemplo, se refirió a la aprobación de la construcción de una bicisenda en la rambla por parte de la comisión, ya que respeta su “lógica patrimonial”.

Asimismo, Rey manifestó satisfacción con el hecho de que el grado de participación que mantiene la ciudadanía con el acervo patrimonial de nuestra ciudad ha venido en aumento en los últimos años. A su entender, esto llevó a que el patrimonio forme parte de la agenda “de todos los políticos [y] de todos los partidos”. “No es un temita más, como lo podría haber sido hace 30 años”, valoró.

En ese sentido, teniendo en cuenta también el incremento de declaraciones de bienes patrimoniales, Rey se mostró optimista a futuro. Igualmente, alertó que “todavía nos queda mucho” a nivel de políticas de sanción y control frente al vandalismo y de las inversiones destinadas al mantenimiento y la protección patrimonial.

“Se sigue demoliendo a discreción”

Mientras tanto, Alfredo Ghierra, artista visual y patrimonialista que en su momento lideró Ghierra Intendente –una iniciativa de la sociedad civil que incluía entre sus objetivos la promoción del patrimonio–, criticó, en diálogo con la diaria, que las políticas públicas de protección patrimonial en Montevideo son “muy blandas”. A su entender, la ciudad “está muy tensionada”, producto de la “gran presión de capitales financieros [...] que están queriendo construir”, incentivadas por la Ley de Vivienda Promovida. El patrimonialista acusó que el catálogo patrimonial de Montevideo “no está hecho” por completo, por lo que “se sigue demoliendo a discreción”.

Ghierra afirmó que hay “varias regiones de Montevideo con altos valores patrimoniales”, pero que “casi nada de eso está debidamente registrado”, de manera similar a lo expuesto por Rey. En esta línea, cuestionó el hecho de que no existan políticas de promoción del patrimonio de un tenor similar a la ley de viviendas promovidas, y opinó que sería necesario apuntalar una normativa que incentive la restauración y el reciclaje. “Si vos te ponés a hacer algo de eso, no contás con las mismas exoneraciones fiscales que si fuera una obra nueva, entonces eso también desalienta mucho”, valoró.

Respecto de las consideraciones realizadas por Ghierra sobre la necesidad de implementar o expandir políticas que promuevan la protección y recuperación patrimonial, el director de la Unidad de Protección del Patrimonio, Ernesto Spósito, recordó que ya existen exoneraciones tributarias que contemplan la “conservación y rehabilitación” de bienes, en tanto se encuentren catalogados. Por ejemplo, la administración concede una “línea de exoneraciones tributarias a la conservación y rehabilitación de bienes catalogados desde el punto de vista patrimonial”, entre las que se destaca la posibilidad de exoneración total o parcial del pago de la contribución inmobiliaria, según su grado de protección patrimonial.

De todas maneras y a pesar de ellas, Oreggioni se mostró abierto a trabajar al respecto, a la vez que consideró que es necesario impulsar “nuevas iniciativas”, tanto a nivel departamental como nacional, y llamó a “converger en su promoción y protección”.

Para Barrios Bove, ciertas políticas de protección patrimonial son “inviables”

Si bien los planes de ordenamiento e inventario patrimonial son elaborados por equipos de la IM, para su puesta en marcha requieren la aprobación de la Junta Departamental, además de pasar por un proceso de puesta de manifiesto y audiencia pública, tal como establece la Ley de Ordenamiento Territorial.

El edil del Partido Nacional Javier Barrios Bove consideró, en diálogo con la diaria, que la IM se encuentra “en un debe enorme con el tema patrimonial”, si bien optó por referirse a casos específicos en vez de generalizar. Bove denunció que parte del acervo escultórico de Montevideo –como el Monumento a la Diligencia, ubicado en el Prado– “está todo vandalizado”. También acusó el deterioro del Cementerio Central, que forma parte del “acervo cultural” y “se cayó todo abajo”.

De igual manera, el curul opinó que algunas de las políticas de protección patrimonial son “incoherentes”. Según opinó, en algunos casos las políticas que rigen dentro de determinados barrios de la ciudad imponen requisitos “inviables” a los dueños de determinadas propiedades de valor patrimonial sin suficientes contrapartidas a cambio, por lo que terminan siendo “congeladas” y se vuelven “un clavo”, afirmó.