Por disposición constitucional, la primera legislatura de la coalición de gobierno comandada por el Partido Nacional (PN) culminó formalmente el pasado 15 de setiembre, con un acto de cierre en el que la vicepresidenta, Beatriz Argimón, destacó el buen “clima democrático” que tuvo el quinquenio legislativo. Con un total de 479 leyes aprobadas, fue la legislatura con la segunda menor cantidad de leyes sancionadas desde la recuperación democrática, según los datos procesados por el Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar). También fue la legislatura con el número más bajo de proyectos de ley presentados.

En diálogo con la diaria, el politólogo Daniel Chasquetti, miembro del Programa de Estudios Parlamentarios, señaló que, a fin de cuentas, “la coalición duró” y mostró “mucha fluidez legislativa” durante este período de gobierno. Apuntó que no existió un escenario de bloqueo y se evitó que “el presidente se quede en minoría”, lo cual “siempre es el riesgo” en un gobierno compuesto por varios partidos políticos, como sí le pasó a Luis Lacalle Herrera (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005).

“Adentro del Parlamento [los partidos de la coalición] trabajaron coordinadamente. Podrían haber sacado más [leyes] si hubiesen tenido más programa, pero me parece que no tenían más programa”, consideró Chasquetti, en referencia a la cantidad de leyes aprobadas. Señaló que en términos legislativos la coalición funcionó “como si fuera un solo partido”, excepto por algunos episodios puntuales en los que hubo algunas dificultades, “en general, vinculadas a Cabildo Abierto”.

Según los números recopilados por el Programa de Estudios Parlamentarios, 70% de las leyes aprobadas en esta legislatura corresponden a proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, que acaparó la agenda legislativa a pesar de que sólo presentó 37% de los proyectos que ingresaron en esta legislatura.

En la distribución por partidos, el PN consiguió la aprobación de 51 leyes de su autoría en este período de gobierno, el Partido Colorado, 20 leyes, y el Frente Amplio (FA), 19 leyes. La mayoría de las leyes sancionadas, entre las cuales alrededor de 55% están vinculadas a cuestiones administrativas, autorizaciones de ingreso y de salida de tropas militares o convenios internacionales, fueron aprobadas por unanimidad.

Consultado por el peso de la ley de urgente consideración (LUC) y sus 476 artículos sobre seguridad, educación, vivienda y otros temas en el total de leyes aprobadas, Chasquetti dijo que “la LUC podría haber sido cinco, diez o 15 leyes”, pero afirmó que aun así “no hubiésemos tenido un volumen más grande, porque acá hay un problema de pulsión reformadora”.

El primer gobierno de la coalición encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou terminó con 39% menos de leyes aprobadas en comparación al primer gobierno del FA; entre 2005 y 2010, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, el Parlamento sancionó 790 leyes.

Para Chasquetti, a diferencia de la actual administración, aquel primer gobierno del FA “venía con un programa de cambios y de transformaciones, con una acumulación programática muy larga, y tenía propuestas casi que para cada política pública”. Había “una intensidad de modificar” que posteriormente fue disminuyendo durante los otros dos gobiernos frenteamplistas, resaltó. En cambio, sujeto al acuerdo programático del “Compromiso por el país”, firmado en noviembre de 2019 entre la primera y la segunda vuelta, el primer gobierno de Lacalle Pou agotó rápidamente su agenda. “No hubo más leyes porque el [Poder] Ejecutivo no tenía más programa; todo lo que tenía lo mandó”, afirmó Chasquetti.

Las leyes de “alta importancia política” y la postura del FA

De todos los proyectos que mandó el Poder Ejecutivo, sólo dos provocaron la realización de consultas populares: la LUC y la reforma jubilatoria. Ambas leyes fueron rechazadas por la oposición. Sin embargo, el FA acompañó 16 de las 29 leyes de “alta importancia política” que hubo en esta legislatura, según la clasificación del Programa de Estudios Parlamentarios, que considera diferentes dimensiones, tales como el interés del gobierno en la aprobación de la iniciativa y la discusión en torno al proyecto, así como el alcance de la ley y su nivel de repercusión.

El FA votó a favor, por ejemplo, de la creación de fondos especiales durante la pandemia y la crisis hídrica; también respaldó el otorgamiento de ayudas y subsidios al sector agropecuario durante la sequía, e incluso apoyó las rebajas del impuesto a la renta de las personas físicas y del impuesto de asistencia a la seguridad social, que gravan a los trabajadores y jubilados de mayores ingresos. “Quiero mencionar que esto impacta parcialmente sobre la población y, particularmente, que no lo hace en la población de menos recursos”, expresó en sala en marzo de 2023 el senador José Nunes (Partido Socialista), quien justificó la postura del FA “en el entendido de que ese sector de trabajadores y de jubilados ha sido, como el conjunto de trabajadores, castigado por decisiones políticas llevadas adelante por este gobierno”.

Por el contrario, la oposición votó en contra del presupuesto nacional y sus cuatro rendiciones de cuentas, de las modificaciones a la ley de negociación colectiva y de la creación de un registro de personería jurídica para sindicatos. También rechazó la ley de tenencia compartida, porque la iniciativa “tiene y tuvo los oídos completamente sellados respecto a los niños, niñas y adolescentes”, según afirmó la senadora Silvia Nane (La Amplia); y la ley de reparación moral y patrimonial a víctimas de la guerrilla, para no validar “la teoría de los dos demonios”, porque “una cosa no es igual a la otra”, según afirmó la senadora Amanda Della Ventura (Vertiente Artiguista).

La negativa del FA a la reforma jubilatoria aprobada únicamente con los votos del oficialismo implicó en su momento el desalojo de las barras del Parlamento, cuando el senador Alejandro Sánchez (Movimiento de Participación Popular) afirmó que la iniciativa “no es la solución que precisa el Uruguay” y prometió pelear “en cualquier lugar, en el Senado, en la Cámara de Representantes y en la calle, para detener una reforma que lo único que hace es quitar derechos a la gente”.

Con todo, la oposición acompañó más de la mitad de las leyes de “alta importancia política” sancionadas en esta legislatura, y también trabajó junto con la coalición en otros proyectos que fueron aprobados por unanimidad, como, por ejemplo, la solución a los deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Vivienda y la ley sobre garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia promovida por la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg.

Consultado al respecto, Chasquetti señaló que, en la práctica, “hay proyectos de ley que están tan en el centro que el FA los termina votando”. “Desde la izquierda, a veces hay como una lectura de que el gobierno es herrerista, de derecha, y yo creo que no, creo que está mucho más corrido al centro, entonces, la posibilidad de que algunos proyectos fueran votados por el FA era bastante alta”, afirmó. A su entender, aunque “no son iguales”, actualmente oficialismo y oposición “están bastante próximos” a nivel programático.