Los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística (INE), nucleados en la Asociación de Empleados de Estadística y Censos (Aseec), expresaron a través de un comunicado su “preocupación respecto a los resultados y cobertura del Censo 2023”, manifestaron “serias interrogantes” sobre la Encuesta Nacional de Evaluación Censal (ENEC) y denunciaron la contratación de técnicos “elegidos a dedo” y la imposición de “modelos improvisados y de corte empresarial” a los productos que elaboran en el instituto.

El censo de población, hogares y viviendas se realizó en 2023 y está previsto que el 10 de diciembre se presenten los resultados finales. Desde el sindicato encuentran “inadmisibles los argumentos de la dirección para justificar el atraso en la presentación de resultados”.

“Durante 2023 se llevó a cabo el operativo censal en un ambiente de total hermetismo hacia los y las trabajadoras de plantilla del instituto”, afirmaron los trabajadores. Explicaron que el censo “se realizó fuera de las oficinas del INE con personal zafral y encabezado por un pequeño equipo de técnicos del INE, elegidos a dedo por el director técnico del INE, Diego Aboal, para la logística, y otro equipo de especialistas externos para los análisis y resultados”.

El Censo 2023 implementó la aplicación de un formulario web en la primera etapa que comenzó el 29 de abril de 2023. Según los trabajadores, esta modalidad fue presentada “como un hito de innovación tecnológica por parte de la administración” y se preguntan “cómo incorporando tanta innovación tecnológica no ha sido posible presentar los resultados con los que trabajaremos al menos los próximos diez años, ni ofrecer mínimamente los datos preliminares del formulario web a la ciudadanía”.

la diaria informó sobre el rechazo del INE a responder una solicitud de acceso a la información pública en la que se consultaba por los resultados de la ENEC. Con relación a la ENEC, herramienta destinada a indagar sobre el nivel de cobertura del censo, los trabajadores agrupados en la Aseec expresaron sus inquietudes, dado que, desde octubre de 2023, la Dirección Técnica dispone de los resultados sobre la cobertura y omisión.

En el comunicado señalan que “la negativa de la dirección frente a los pedidos de acceso a la información por parte de legisladores, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil” sólo aumenta sus dudas “a partir de la información a la que accedemos de forma no oficial, y que de confirmarse plantearía la pregunta sobre la existencia de herramientas utilizadas para corregir esta omisión”. Por otro lado, expresan dudas sobre si la encuesta “fue ejecutada por el mismo personal al que pretendía auditar”.

Además, aseguran que “durante la última administración” se les ha impuesto de “forma unilateral y desconociendo todos los acuerdos de negociación colectiva” la aplicación de “modelos improvisados y de corte empresarial” a los productos tanto de estadísticas económicas como sociodemográficas, que son la base de “indicadores tan sensibles para la población como la tasa de desempleo y ocupación, ingresos de los hogares, índice de pobreza, índice de precios del consumo e indicadores para salud, educación, seguridad alimentaria y mercado laboral, entre otros”.