Gabriela di Longo asumió al frente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en febrero de 2023 tras la salida de Susana Signorino y desde entonces el organismo ha tratado casos de gran notoriedad, como el del senador nacionalista Juan Sartori y el de la exministra de Vivienda Irene Moreira. Sobre el trabajo del organismo, los principales proyectos que no prosperan, la falta de funcionarios y cómo ven a Uruguay desde afuera a nivel de ética y corrupción conversó Di Longo en entrevista con la diaria.

Ha señalado en múltiples ocasiones que la falta de funcionarios es uno de los principales problemas de la Jutep, aunque también ha dicho que se les han asignado recursos para distintas contrataciones. En su programa de gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou prometió “fortalecer” al organismo. A menos de un año de que termine este período, ¿la Jutep está fortalecida?

Creo que ningún gobierno la fortaleció como debía desde su creación en 2015 y la ampliación de sus competencias a partir de 2020. Al momento de la modificación en la Ley 19.797 de 2019, se le debió dar más recursos cuando se ampliaron los cometidos. Para 2025 habrá una partida para poder hacer una reestructura del organismo, eso ya está aprobado con monto y todo para el año próximo, porque no se pudo hacer por ser año electoral.

¿Qué dicen los organismos de anticorrupción a nivel internacional de la situación de la Jutep actualmente?

En las distintas instancias que me tocó representar a Uruguay lo primero que les llama la atención es el hecho de que seamos tan pocos funcionarios. Es más, la última vez que fui a la reunión de Mesicic [Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción], que están todos los países, me topé con que de Chile fueron cinco funcionarios. Cada día expuso un funcionario distinto especializado en cada uno de los temas. De todos los países, el que tenía menos tenía dos. De Uruguay iba yo sola. Pero cuando empezás a hablar de lo que tiene Uruguay en transparencia les llama la atención. Publicar las declaraciones juradas de 800 funcionarios públicos no lo tienen en casi ningún país. Siguen con la publicación de las del presidente y vicepresidente. Nosotros publicamos todo, por ejemplo, del cónyuge también. Entonces Uruguay en ese nivel sigue siendo aceptado como un país que cumple con todo lo que es la transparencia internacional.

Hay dos proyectos, uno del Frente Amplio y otro de Cabildo Abierto, para incorporar el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos en el Código Penal. ¿Se debería avanzar ya en un proyecto de este tipo?

En cada actividad que tenemos a nivel internacional lo que nos critican es la falta de existencia de enriquecimiento ilícito como un delito. En Costa Rica, el Estado tiene la opción de reclamar daños y perjuicios a quien cometió el ilícito, con el fin de reclamar el dinero del que se benefició.

¿Qué pasa con el sistema político, que no se llega a poner de acuerdo?

Hay que preguntarle al sistema político. Ponerse de acuerdo en esto, dar más potestades y fortaleza a los organismos de control, como el Tribunal de Cuentas, Senaclaft [secretaría antilavado], Jutep, que son organismos que tienen muy poco personal y sus resoluciones no son vinculantes, depende de ellos. ¿Qué hacés con las observaciones del Tribunal de Cuentas? ¿Reiterás el gasto? ¿Qué implicó? ¿Qué problema hubo? Nada. El organismo siguió haciendo lo que quiso. Senaclaft también da una resolución como la Jutep, que dice “se violó el código de ética, artículo tal”.

¿Ahí falta un poco más de ética también de los funcionarios públicos?

Todos tienen claro, grosso modo, el tema de la corrupción. Ahora, el tema de la ética me parece que es un faltante muy grande. Cuando ingresé había un curso en la CND [Corporación Nacional para el Desarrollo] que les dan a los que ingresan sobre el código de ética. Fui al curso y se ven cosas chiquitas que el uruguayo acepta como normal y uno dice: “Esto no es ético”. Pero es normal, y nos conocemos, porque es esa idiosincrasia que tiene el uruguayo.

En el tema de ética falta poder capacitar mucho al funcionario. Es un faltante de la Jutep porque eso lo establece la ley. Es una consecuencia justamente de la falta de funcionarios. Tengo una sola funcionaria para capacitación. Necesitaría diez funcionarios más, no pases en comisión, que vienen y después se van. Necesito funcionarios que se capaciten y se queden.

Asimismo, en el Parlamento también se discute la ley de financiamiento de partidos políticos. Algunos integrantes del sistema político han advertido que el narcotráfico podría meterse en la política. ¿Qué análisis hace sobre esa preocupación?

Todo proyecto que implique poner barreras y límites a todo lo que está pasando afuera lo apruebo.

¿Hay preocupación por el posible ingreso del narcotráfico en la política?

Creo que todavía no entró, pero si abrimos las ventanas de Sudamérica hay muchos países donde sí pasó. A veces se piensa que el narco puede ser el que está en determinados barrios y no, hay narcos de traje y corbata, y esos son los que pueden ingresar por la puerta grande y nadie se da cuenta. Sería muy egocéntrico pensar que nunca nos va a pasar, porque el uruguayo siempre se consideró distinto al resto, pero no implica que no ingresen. Creo que tarde o temprano todos ingresan, entonces todo lo que son barreras jurídicas que permitan frenar ese ingreso son fundamentales.

Durante esta administración, el senador nacionalista Juan Sartori se ha negado en reiteradas ocasiones a entregar la declaración jurada de su cónyuge. Incluso, el Senado rechazó el pedido de Sartori para que se le levanten las sanciones impuestas por la Jutep. ¿Cómo calificaría este accionar por parte del senador?

No me corresponde calificar ninguna actitud. La Jutep lo que hace es cumplir con la ley, que es clara. Omisos hay varios, senadores, funcionarios comunes y corrientes. La ley la tienen que cumplir todos. Una de las sanciones que establece la ley es la retención de 50% del sueldo, que no todos los organismos la cumplen. La Jutep informa: “tal funcionario es omiso, se le debe retener el 50% del sueldo, según la ley”, y los organismos a veces no cumplen.

¿Eso también pasa por un tema de capacitación?

O del organismo que no quiere retenerle [esa mitad del sueldo] a alguien. Pedimos en esta Rendición de Cuentas que nos dieran la opción de aplicar la sanción al organismo, pero tenemos que reglamentarlo. Ahí ya no es el funcionario el que está incumpliendo la ley, la retención la tiene que hacer el organismo. Hay muchos funcionarios que manejan plata del Estado y no son visibles. Lo de Sartori es público porque él publica antes de actuar. En el caso de él en particular su situación es que es incumplidor por dos vías: por un lado, porque omitió lo de la cónyuge, pero además porque omitió temas relacionados con sus bienes propios.

También ocurrió durante la gestión en el Ministerio de Vivienda de Irene Moreira la adjudicación de viviendas a militantes de Cabildo Abierto de manera discrecional. El actual ministro, Raúl Lozano, dijo que no presentó la denuncia ante la Justicia porque, si bien el delito de abuso de funciones es un delito, no lo es el de abuso de poder, como se dice en el informe de la cartera. ¿Se puede descartar el abuso de funciones en este caso?

No puedo dar opinión todavía porque está a estudio de Jurídica. Ese fue uno de los casos que la Jutep decidió tratar de oficio. No hubo ninguna denuncia al respecto. 90% de los casos que tiene en estudio la Jutep es por denuncias. La Jutep, al no tener funcionarios, no tiene la capacidad de investigación propia. En el caso de la exministra de Vivienda, no hubo ninguna denuncia, cosa que llamó la atención, porque son anónimas. El directorio decidió a pedido de la vocal [Ana Ferraris] que sea estudiado de oficio.

Según el índice de percepción de corrupción de 2023 del organismo Transparencia Internacional, Uruguay bajó dos puestos en el ranking. ¿Qué análisis se puede hacer sobre esta información?

A nivel internacional Uruguay está muy bien conceptuado. Lo que le falta a Uruguay son medios para poder mantener lo que tenía y seguir creciendo. Quizás al haber llegado a ese nivel, capaz que nos pasa a casi todos los uruguayos, nos descansamos. Y para mantener eso hay que seguir invirtiendo en funcionarios, en capacitaciones, en tecnología.

Cuando viajas y ves cómo está el tema de la corrupción en otros lados, es impresionante cómo el corrupto va mucho más rápido que el Estado. No te digo en Uruguay, en todo el mundo. El corrupto ya hizo la forma para pasar el dinero de acá para allá y el Estado va atrás porque no se capacita antes. Ese corrupto no es que sea un genio, se capacitó o algo sabe. Entonces, hay que preparar al Estado para que actúe antes.

¿Se puede catalogar esta administración como transparente?

No soy de meterme en cosas políticas, pero lo que veo es que cuando pasa algo, se actúa. Desde mi punto de vista, no como directora de la Jutep, no hay partidos políticos corruptos, las personas son corruptas. ¿Cuándo un partido político es corrupto? Cuando descubre que una persona es corrupta y lo mantiene o lo manda para otro lugar. Si un partido político ve que hay una persona corrupta -que ningún partido está liberado de eso, porque está integrado por personas- y actúa, entonces ese partido es transparente.

Falta muy poco para que termine el gobierno, ¿se podrá llegar a los objetivos que se planteó para este tiempo que estuvo en la Jutep?

Con un añito más que me hubieran dado para atrás quizás hubiera logrado más cosas. Si yo logro en este año ponernos al día con los expedientes, capacitar a los funcionarios, lograr alguna capacitación más grande externa, creo que por lo menos logré llegar a una meta básica que me propuse. La otra meta, que fue interna, ya la estamos logrando, pero esa no se ve, que es todo lo que refiere a fortalecer a la Jutep internamente. El que entre en 2025 va a encontrar una Jutep organizada, con plata para hacer una reestructura, ya con cuatro abogados trabajando, que eso es fundamental, y lo que nos faltaría sería poder tener más funcionarios. Teniendo diez funcionarios más la Jutep sería otra cosa.

¿Cree que se podrían saldar las críticas del sistema político?

Es contradictorio que el sistema político critique a la Jutep. Si el Parlamento saca una ley como esta [la 17.797], que es muy buena, tiene que ver si el organismo al que le va a dar todos estos cometidos tiene la capacidad para hacer esto, si no es imposible. La ley de salud mental es preciosa, la aplaudís de pie, ¿pero se pudo cumplir? Prefiero que no sea una ley tan divina en los papeles, sino una ley más ejecutable, que me permita cumplir. No tienen que apuntar el foco en la Jutep, tienen que apuntar el foco en quienes sacan una ley y no le dan posibilidades a ese organismo para que la cumpla. Ese es el gran problema.