Desde que se aprobó la nueva ley de medios en el Senado, la semana pasada, varios de sus artículos estuvieron en el foco de la opinión pública y trajeron polémica. En particular, el artículo 72, propuesto por Cabildo Abierto (CA), relativo al contenido de los medios, que señala que los “ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”, y que “esta obligación comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término”.
Este miércoles, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) publicó un comunicado sobre ese artículo, bajo el título “la libertad de prensa en riesgo”. En el texto se señala que el organismo “está siguiendo de cerca la discusión pública” por el proyecto de la nueva ley de medios y que “quisiera expresar su fuerte preocupación por la incorporación de un artículo” que implica que todos los medios de comunicación deban “brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos”.
“La INDDHH entiende que esto representa un grave peligro de vulneración al derecho de libre expresión: de votarse, implica de hecho la posibilidad de restringir la libertad de prensa”, sostiene. Por último, en el comunicado se subraya que “ello atenta contra el goce de derechos por implicar la posibilidad de controlar los medios y por ende atentar contra el pluralismo de pensamiento”. “A su vez, se opone a lo que recomienda la normativa internacional sobre la materia, lo que dará lugar con certeza a que Uruguay reciba observaciones”, advierte la institución.
La presidenta de la INDDHH, Jimena Fernández, dijo a la diaria que el comunicado circuló entre los cinco directores del organismo y todos aprobaron su publicación –incluso Bernardo Legnani, propuesto por CA para integrar el directorio–. Subrayó que creían que era “importante” que la institución se expresara, “poniendo particular énfasis en ese artículo”, porque creen “que no tiene que ser incluido en ninguna ley”.
“Es evidente que hay un debate en este momento, pero más allá del debate o no, a nosotros nos corresponde, como institución, pronunciarnos cuando un artículo, de votarse, atentaría potencialmente contra uno de los derechos básicos, que es el de la libertad de expresión y libertad de prensa. Por eso decidimos salir, antes de que [el proyecto] pase por Diputados”, finalizó.