Medio año después de que fuese aprobado en el Senado, la Comisión de Constitución de Diputados trató este miércoles por primera vez el proyecto de ley que plantea una nueva regulación de la prisión domiciliaria, y esta vez opinaron sobre la iniciativa la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit.

Según supo la diaria, la delegación de la INDDHH, compuesta por los directores Marcos Israel y Bernardo Legnani, transmitió una valoración positiva sobre el proyecto, que fue elaborado inicialmente por Cabildo Abierto y modificado posteriormente por el Partido Nacional (PN).

La primera versión del proyecto otorgaba la prisión domiciliaria, “de oficio y sin más trámites”, a las personas privadas de libertad mayores de 65 años. De inmediato, organizaciones de derechos humanos y el Frente Amplio (FA) señalaron que el propósito de la iniciativa era liberar a los represores de la dictadura procesados y condenados en la cárcel de Domingo Arena. Ante esto, el PN presentó una segunda versión, que durante su tratamiento en el Senado incorporó sugerencias de la academia y de Petit.

En diálogo con la diaria, Petit indicó que el texto actualmente en discusión establece “un régimen general” para el acceso a la prisión domiciliaria, es decir, no incluye “segmentos de población”. Apuntó, además, que el otorgamiento “no es preceptivo”, por lo que ninguna persona privada de libertad accederá al beneficio por “el simple hecho de cumplir una determinada edad”.

El proyecto establece que, “para decidir acerca de la imposición o en su caso la sustitución o la cesación de la prisión preventiva”, el juez competente deberá asignarles “especial relevancia” a distintos elementos, entre ellos, “que el formalizado tuviera 65 años de edad o más”. La normativa vigente dispone 70 años de edad.

Petit sostuvo que “el espíritu del proyecto es, básicamente, el de atender situaciones de salud humanitaria y que afecten la dignidad de las personas”, y dijo que la redacción actual “es positiva”, a diferencia de la del proyecto original, que “estaba contaminado”, dado que “se podía pensar que había una vinculación con personas procesadas por los hechos del pasado reciente”. En su momento, propuso “que ese texto no fuera aprobado”, recordó.

Petit explicó que el proyecto actual prevé la posibilidad de que una persona privada de libertad solicite el beneficio de la prisión domiciliaria, ante lo cual la Fiscalía, “defendiendo el interés y el dolor que sufrieron las víctimas, argumentará lo que le parezca pertinente”; luego, “el juez, iluminado por otros factores, como la historia clínica, el informe de la autoridad carcelaria u otros peritajes que pueda tener, puede disponer, en algunos casos, medidas que no sean la prisión carcelaria”.

Frente Amplio no acompaña y Familiares pide modificaciones

La Comisión de Constitución recibirá en la próxima sesión a integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la asociación de ex presos políticos Crysol y del colectivo Jacarandá. Posteriormente, el proyecto se pondrá a consideración de la comisión; en principio, el 6 de agosto se votaría en el plenario de la Cámara de Diputados.

El presidente de la comisión, el diputado del PN Mario Colman, señaló a la diaria que por el momento ni oficialismo ni oposición han planteado introducir modificaciones al proyecto que fue aprobado en el Senado, por lo que, en caso de aprobarse en la cámara baja, se transformaría en ley.

La diputada del FA Cecilia Bottino, integrante de la comisión, dijo a la diaria que la oposición votará en contra del proyecto. La legisladora sostuvo que, pese a los cambios que tuvo la iniciativa, “lo único que queda firme es la posibilidad de que, llegados los 65 años, se otorgue la prisión domiciliaria”. “Continuamos pensando que el objetivo final es beneficiar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad”, expresó.

En diálogo con la diaria, Ignacio Errandonea, referente de Madres y Familiares, adelantó que la agrupación planteará dos modificaciones al proyecto. Por un lado, que se ponga “a texto expreso” que la prisión domiciliaria “no es pertinente” para los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado, “ya que acá en Uruguay la Suprema Corte de Justicia no ha tipificado delitos de lesa humanidad”. Por otro lado, que haya una redacción más precisa del concepto de “condición biopsicosocial”.

El proyecto establece que, a petición de parte, la excarcelación podrá otorgarse “cuando el formalizado tuviera 65 años de edad o más y su condición biopsicosocial determinara que la privación de libertad en establecimiento carcelario perjudica su salud o vulnera su dignidad humana”. Errandonea sostuvo que esto “es demasiado vago” y “puede abarcar cualquier cosa”.

Consultado al respecto, Petit consideró que la redacción “está bien” y sostuvo que “es imposible encapsular todas las situaciones en una ley”. “Ese término, como ocurre con toda la Justicia, tiene que ser sopesado y aplicado por un juez; es imposible hacer una lista terminante de todas las situaciones”, afirmó.