Durante el mediodía de este jueves el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, lideró una reunión para definir los últimos detalles de cara a la entrada en vigencia de la ley de internación involuntaria, que fue sancionada el 14 de mayo, pero se estableció un plazo de 90 días para la puesta en marcha para las instituciones involucradas. El procedimiento comenzará a ser aplicado a partir del próximo domingo sobre las personas en situación de calle teniendo en cuenta el “riesgo” para ellas mismas o para terceros por problemas de salud, salud mental o adicciones.
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La ley aprobada amplía el alcance de la Ley 18.787, en el sentido de que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) podrá solicitar el traslado a las instituciones médicas de personas en situación de calle “aun sin que estas presten su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”, si un informe médico acredita que estas personas “presentan un riesgo inminente para sí o para terceros”. La ley actual habilitaba la internación compulsiva para personas en situación de calle con riesgo de graves enfermedades o de muerte.
El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, destacó luego de la reunión en la Torre Ejecutiva que el mandatario manifestó su “apoyo” a las instituciones involucradas y, además, ratificó “la orden de que es un tema prioritario e importante”. De acuerdo a lo que explicó el jefe de cartera, el procedimiento que entrará en vigencia establece que a partir de una denuncia al Mides, a través del teléfono 0800 8798, intervendrán los equipos técnicos que se encargarán de determinar el riesgo. También estuvo en la reunión el exministro de Desarrollo Social y actual diputado nacionalista Martín Lema, dado que fue quien impulsó la normativa.
A partir de ahí, se solicita el apoyo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), para que a través de un médico se pueda “certificar que la persona requiere internación”, explicó Sciarra. En caso de que la persona requiera ser trasladada a un centro asistencial, de “ser necesario”, también entrarán en acción los funcionarios del Ministerio del Interior (MI).
Más allá de que el traslado se pueda hacer aunque la persona “no preste su voluntad”, al llegar al centro asistencial “tendrá nuevamente su voluntad para manifestar y decidir si quiere, también con intervención del Mides, ser trasladada a un hogar asistido o a una casa de medio camino”, dependiendo de cada caso, resaltó Sciarra. Consultado sobre la capacidad que se tendrá para llevar adelante el cumplimiento de la normativa, Sciarra subrayó que se va a poner a disposición “toda la capacidad que sea necesaria”.
El jerarca también aclaró que el objetivo es “salvaguardar la vida y la integridad de las personas que están en la calle” para “restituir los derechos y la libertad de esa persona”. En ese sentido, apuntó que “hay que ver caso a caso” si este proceso termina siendo una solución definitiva, ya que su “trayectoria” es muy importante cuando se trata de adicciones y salud mental.
Sciarra detalló que, según el último censo, el 70% de las personas en situación de calle tiene consumo diario de drogas. Por otro lado, dado que en 2017 se votó la Ley de Salud Mental, entró en vigencia el impedimento de que las personas con problemas de salud mental vuelvan a ser internadas en colonias. En este último caso, el ministro destacó el papel que están cumpliendo las casas de medio camino.
El papel del Ministerio del Interior
Por su parte, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, apuntó que a partir de la entrada en vigencia de esta nueva legislación la Policía va a hacer “el mismo operativo en el que viene trabajando hasta el día de hoy” en el marco de la Ley de Faltas. “Los operativos van a ser exactamente lo mismo, dando las garantías a los funcionarios tanto del Mides como de ASSE”, remarcó.
Sobre la cantidad de agentes que serán designados para esta tarea, Martinelli destacó que eso “dependerá”. De igual manera, recordó que actualmente a través de la Dirección de Convivencia Ciudadana son dos los ómnibus que salen en la noche para llevar a cabo esta tarea. “Vamos a tratar de implementarlo durante el día, en la mañana sobre todo”, adelantó sobre la aplicación de la nueva legislación.
También comentó que se está manejando la posibilidad de “incorporar” a Bomberos para limpiar el espacio público del que se saca a las personas. Martinelli comentó además que desde la “Prosecretaría de Presidencia se va a estar convocando a una nueva reunión a la Intendencia de Montevideo” para que se sume a la coordinación de funciones.
El ministro también detalló que actualmente se están llevando a cabo cursos en la Escuela de Policía para instruir a los agentes para “lidiar con situaciones de personas en la calle”. El jerarca aclaró que la Policía sólo actuará si “hay una persona que está en una situación violenta”.
Martinelli comentó que se está investigando desde el MI el hecho ocurrido en Montevideo, donde un grupo de personas atacaron a una persona en situación de calle, y remarcó que se están analizando cámaras y “posibles testigos”, pero puntualizó que lo ocurrido se trata de “un hecho aislado”.