“Esto fue un proceso largo, donde además el Tribunal de Cuentas puso sus obstáculos”. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, hizo esas declaraciones el lunes 9, en una rueda de prensa en la que ratificó que los tres nuevos escáneres que se compraron para la Dirección Nacional de Aduanas quedarán operativos el 2 de octubre.

La frase de Arbeleche generó malestar entre algunos ministros del organismo de contralor. El representante por el Frente Amplio, Miguel Aumento, dijo a la diaria que la tardanza en la contratación de los escáneres, considerados clave para mejorar el combate al narcotráfico en el Puerto de Montevideo, no es una responsabilidad del Tribunal de Cuentas (TC), sino del propio gobierno. “A título estrictamente personal, entiendo que la ministra de Economía falta a la verdad; la responsabilidad sobre los supuestos atrasos la tiene que buscar en otro lado”, opinó Aumento.

El TC, según dijo, ejerció su competencia constitucional “dentro de los plazos previstos legalmente” y en esta licitación advirtió “apartamientos normativos”, dos aspectos que “nunca” deberían calificarse como “obstáculos”. Aumento recordó que la resolución del TC “es una mera opinión, en forma de dictamen”, y que el Ejecutivo, en caso de no estar de acuerdo, tiene la potestad de seguir adelante mediante un “simple acto administrativo que habilite a proceder con la contratación, obviamente bajo su responsabilidad”. En su opinión, el TC no puede ser responsabilizado “ni por tardanzas ni por supuestas trabas” a la licitación.

Aumento recordó que la apertura para la primera licitación se concretó en febrero de 2020, pero el gobierno la dejó sin efecto “recién el 21 de abril de 2021”, luego de constatar que ninguno de los oferentes, incluso la empresa que luego ganaría la licitación (la estadounidense S2 Global), había cumplido con los requisitos formales o técnicos. El segundo proceso licitatorio, repasó Aumento, se originó a partir de una propuesta de iniciativa privada que la empresa Ciemsa-CSI presentó en octubre de 2020. El MEF aceptó ese proyecto en junio de 2021 y recién el 14 de enero de 2022 se lanzó la convocatoria a la nueva licitación pública.

El acto de apertura se realizó en abril de 2022 y hubo tres empresas oferentes: Ciemsa-CSI, S2 Global y Sonda. Un mes después, una Comisión Asesora de Adjudicaciones (CAA) declaró “no admisible” la oferta de Ciemsa-CSI por aspectos formales. Además, aceptó las otras dos ofertas y recomendó la adjudicación a S2 Global, que ofertó por 1.649.696.102 pesos (unos 41,3 millones de dólares).

Ante esa situación, el consorcio Ciemsa-CSI presentó descargos porque consideró que fue descalificado de forma ilegítima, argumentos que sustentó en un informe jurídico firmado por Carlos Delpiazzo y Graciela Ruocco. En medio de este litigio, los servicios del TC analizaron el expediente durante un plazo de 30 días hábiles, hasta que a finales de octubre la mayoría de los ministros (los tres representantes del FA y la presidenta neutral, Susana Díaz) decidieron observar el gasto.

“El mismo 31 de octubre de 2022 el Poder Ejecutivo pudo reiterar el gasto y adjudicar de inmediato la licitación (a S2 Global). Sin embargo, solicitó la reconsideración de la observación del TC un mes y medio después, el 9 de diciembre de 2022”, recordó Aumento. Finalmente, el TC ratificó su posición en enero de 2023 y el gobierno reiteró el gasto un mes después, el 16 de febrero de ese año.

La historia continuó el 10 de mayo de 2023. Ese día, el TC le transmitió al Ejecutivo que la reiteración del gasto de febrero todavía no había ingresado al organismo y solicitó todas las actuaciones, ya que el consorcio Ciemsa-CSI había presentado un recurso administrativo contra la adjudicación. “Hasta hoy ninguna de esas dos cosas acontecieron. Ahora se dice que el próximo 2 de octubre quedará operativa la infraestructura. Es decir, cuatro años después de que se presentó la iniciativa privada, dos años después de la observación y un año y medio después de la adjudicación. Repito: afirmar que el tribunal puso obstáculos y que es parte del motivo de la tardanza es faltar a la verdad”, se quejó Aumento.

En el proceso de compra de los tres escáneres para Aduanas se pusieron en juego muchos intereses. Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos se paró firme contra los intereses de China (uno de los oferentes, Sonda, presentó como fabricante y proveedor de los sistemas a la china Nuctech) y a favor de la ganadora S2 Global, una empresa constituida en el estado de Delaware. Además, las posiciones del MEF y Presidencia no siempre estuvieron alineadas. En una nota que publicó la diaria en enero de 2023, desde la Torre Ejecutiva negaron haber tenido participación en el pedido de revisión que se elevó ante el TC tras la observación del gasto. “Es 100% del MEF”, se limitó a responder una fuente de Presidencia en aquel momento.