Tres escáneres para mejorar el desempeño de Aduanas en el combate al contrabando y al narcotráfico, tres empresas interesadas en una licitación que implica un negocio millonario, cuatro ministros del Tribunal de Cuentas (TC) que observaron la adjudicación a una compañía estadounidense, tres ministros que ahora piden revisar esa decisión -a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- y servicios diplomáticos extranjeros que miran el asunto con interés geopolítico.

El entramado alrededor de la compra de tres escáneres para la inspección de contenedores en el puerto de Montevideo comenzó a tejerse en octubre de 2020 y este miércoles 11 podría darse algo parecido a un desenlace. Los siete ministros del TC volverán a reunirse y la posición que adopten como cuerpo será determinante para la suerte de un proceso licitatorio que es central para el gobierno de Luis Lacalle Pou. En esta historia hay actores protagónicos y es importante repasar cómo se llevó adelante el proceso.

Cronología de los hitos de la licitación

Octubre de 2020. La empresa Ciemsa-CSI presenta una iniciativa privada (IP) para el servicio de inspección de contenedores en el puerto de Montevideo y los pasos de frontera. La propuesta incluye equipamientos y un servicio 24/7 por un plazo de diez años.

Junio de 2021. El MEF acepta la propuesta de Ciemsa-CSI, que empieza a realizar estudios de factibilidad.

Enero de 2022. Presidencia de la República acepta esos estudios de factibilidad técnica y el MEF le otorga a Ciemsa una ventaja de 8% sobre el valor ofertado, con base en lo previsto en la ley de reactivación económica (17.555).

Febrero de 2022. La Dirección de Aduanas publica el llamado a licitación en el sitio de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Abril de 2022. Se realiza el acto de apertura, con tres empresas oferentes: Sonda, Ciemsa-CSI y S2 Global.

Mayo de 2022. La Comisión Asesora de Adjudicaciones (CAA) declara no admisible la oferta de Ciemsa-CSI por aspectos formales. Acepta las otras dos ofertas y recomienda la adjudicación a S2 Global, que ofertó por 1.649.696.102 pesos (unos 41,3 millones de dólares).

Junio de 2022. El consorcio Ciemsa-CSI presenta descargos porque considera que fue descalificado de forma ilegítima. Los argumentos están sustentados en un informe jurídico firmado por Carlos Delpiazzo y Graciela Ruocco.

Octubre de 2022. El TC decide, por mayoría, observar el gasto de la adjudicación a S2 Global por incumplimientos del artículo 48 del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado).

Diciembre de 2022. El MEF presenta un escrito para que el órgano de contralor reconsidere las observaciones, que también fueron cuestionadas por los tres ministros oficialistas que quedaron en minoría. El TC sesiona por este tema el 28 de diciembre, pero deciden posponer su tratamiento para el 11 de enero.

Los tres privados en pugna

Sonda. Una empresa uruguaya que para este proyecto presentó como fabricante y proveedor de los sistemas a la china Nuctech. Ha trabajado con el Ministerio del Interior en los sistemas de videovigilancia metropolitana y gestión del 911.

Ciemsa-CSI. Un consorcio en formación, también uruguayo, que presentó como proveedor fabricante del escáner a SmithsDetection (con sedes en Reino Unido y Estados Unidos) y a la suiza SGS para la gestión del software.

S2 Global. Una entidad extranjera, constituida en Delaware, Estados Unidos. Su fabricante y proveedor es Rapiscan Systems, especializada en detectores de metales y máquinas de rayos X. Rapiscan pertenece a OSI Systems, el respaldo que presentó S2 Global para sostener la capacidad económica-financiera de su oferta.

La resolución del Tribunal de Cuentas

El 31 de octubre el TC observó la adjudicación que beneficia a la estadounidense S2 Global por entender que “al momento de evaluar las ofertas la administración adopta un criterio disímil respecto al pliego y al tenor de las aclaraciones a las consultas referidas”, según informó el semanario Búsqueda.

La resolución que adoptó por mayoría el organismo de contralor toma por buenos varios de los descargos que presentaron, en diferentes instancias, Sonda y Ciemsa-CSI. Las empresas perdedoras, sin embargo, han optado por no hacer manifestaciones públicas.

El TC advierte que la entidad con sede en Delaware, que resultó ganadora, “no tiene estados contables propios”. “Presenta los indicadores económico-financieros y de ventas de su casa matriz, pero no ofrece garantías o respaldo alguno de la misma. Por si ello fuera poco, los indicadores de la casa matriz tampoco cumplen con los ratios solicitados en el pliego”, dice la resolución que se aprobó el 31 de octubre.

El procedimiento que llevó adelante el gobierno, según el TC, vulnera la “igualdad de los oferentes”, ya que le permitió a S2 Global calificar como confidencial información que era “sustantiva” para evaluar sus antecedentes. “La carta del fabricante y proveedor del sistema (en referencia a la nota que envió Rapiscan Systems) no asume responsabilidad ni compromiso alguno, sino que autoriza todo ello en S2 Global”, alerta el TC en su resolución.

La observación contó con el respaldo de los tres ministros que designó el Frente Amplio (Miguel Aumento, Enrique Cabrera y Diana Marcos) y la presidenta del TC, Susana Díaz (neutral). Los tres representantes del gobierno (Francisco Gallinal, Darwin Machado y Álvaro Ezcurra) votaron en contra de la resolución. En sus votos discordes, fundamentan a partir de la postura de la División Jurídica del TC, que aconseja aprobar el gasto del MEF sin objeciones legales.

Los argumentos del MEF

La resolución aprobada por mayoría del TC fue enviada al MEF, del que depende la Dirección Nacional de Aduanas, y desde esta cartera pidieron que se reconsidere la observación, según informó El Observador el 28 de diciembre.

El documento del MEF, al que accedió la diaria, es del 9 de diciembre y lleva las firmas del director general de Secretaría de esa cartera, Mauricio Di Lorenzo, y de su asesor, Pablo Bazán. Allí se defiende la adjudicación a favor de S2 Global y se responsabiliza al TC por “exorbitar” sus competencias, al realizar un “juicio de valor o apreciación sobre los criterios” que aplicó la administración para evaluar las tres ofertas que se presentaron.

“El TC únicamente puede verificar la legalidad de la actuación y no así la conveniencia, oportunidad o mérito de la misma, y tampoco puede inmiscuirse en la adopción de criterios establecidos en el pliego de condiciones particulares”, agrega la nota.

El MEF cita los argumentos de los votos discordes de los tres ministros del oficialismo y la ya mencionada posición de la División Jurídica, y termina solicitando que el TC “reconsidere las observaciones efectuadas”.

El TC tomará una resolución respecto del pedido en la reunión convocada para este miércoles 11. Los ministros opositores y las empresas perdedoras coinciden, por separado, en que el informe del MEF no aporta argumentos nuevos.

El procedimiento también ha generado controversia y seguramente será tema de análisis en la sesión. Un argumento es que la nota con la solicitud de revisión debía llevar la firma del ordenador del gasto (la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, o incluso del presidente, Luis Lacalle Pou, por una cuestión de montos) y no la del director general de Secretaría.

Según las consultas que hizo la diaria en la Torre Ejecutiva, ni el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ni el prosecretario, Rodrigo Ferrés, tuvieron participación activa en el pedido de revisión que se elevó ante el TC. “Es 100% del MEF”, se limitó a responder una fuente de Presidencia.

Otro actor que sigue con atención la adjudicación de los tres escáneres es la embajada de Estados Unidos, según informaron fuentes vinculadas al proceso de licitación. Además de la participación directa de intereses chinos y estadounidenses en calidad de oferentes, la sede diplomática ha advertido que estas idas y vueltas con la adjudicación podrían implicar una postergación de “dos o tres años más” en las mejoras de los controles al narcotráfico y el contrabando en el puerto de Montevideo.

A nivel del TC, los tres ministros designados por la coalición de gobierno buscarán levantar la observación, mientras que los tres del FA apostarán a mantenerla. Por eso, todas las miradas están dirigidas a lo que termine haciendo en esta segunda instancia la presidenta neutral, Susana Díaz.

Puerto de Montevideo (archivo, noviembre de 2022).

Puerto de Montevideo (archivo, noviembre de 2022).

Foto: Ernesto Ryan