Al hablar sobre los restos humanos encontrados en octubre de 2024 en el Caserío de los Negros que pertenecen a una adolescente y que se encuentran a estudio en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República, la mãe Susana Andrade señaló a la diaria la importancia de que “primen los derechos humanos sobre los objetos de estudio”.

La también exdiputada del Frente Amplio, integrante del Grupo Atabaque y presidenta de la Institución Federada Afroumbandista, dijo que cuando se encontraron los restos hubo una “diatriba” entre el Grupo de Investigación de Antropología Forense, que está bajo la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), y la FHCE sobre a cuál de los dos le correspondía llevarse los restos.

“Ni uno ni otro accionaba porque no había un protocolo específico”, recordó e indicó que “se había ido a Fiscalía a pedir que vinieran [al predio donde se encontraron los restos] porque no se podían retirar los huesos, ni para un lugar ni para otro, hasta que Fiscalía no hiciera una inspección”.

Es así que remarcó que “es necesario legislar” para que estas personas “tengan el trato que tiene que tener cualquier ser humano en sus restos después de muerto”.

En ese sentido, la organización Atabaque apoyada por Asociación Africana en Uruguay, Mujeres de Negro, Mujeres Aborigenistas, Grupo Visión Nocturna, Crysol, entre otras, presentaron un proyecto denominado “África Libre”, en el que piden “no mover los restos hasta definir un lugar digno donde pasen a residir definitivamente, luego de consensuado entre sociedad civil y autoridades y se les brinde un tratamiento y destino final adecuado a las circunstancias especialísimas”.

De tal forma, solicitan que se detengan las excavaciones en el Caserío de los Negros, ubicado en Capurro, con la misma intención de no mover los restos, que es definir “de forma colectiva” un destino para estos, “aunque prosigan los estudios y otros avances sociales y/o científicos”.

Los pedidos también incluyen “iniciar un diálogo a nivel país entre todas las partes implicadas” que tenga la prioridad de “buscar un nuevo marco legislativo y protocolo de actuación en estos casos” que contemple la “espiritualidad y otras dimensiones sagradas”; la formación de un “Comité de Recuperación de Restos Históricos de Poblaciones Africanas y Pueblos Originarios de la época colonial en suelo uruguayo”; el estudio de un pedido de perdón de Presidencia de la República “por el genocidio indígena y africano basado en el reconocimiento de la deuda histórica y la responsabilidad por las consecuencias de racismo estructural y exclusión para con esa población”.

Por último, plantean que se declare de interés nacional los hallazgos en el Caserío y su tratamiento, así como la sugerencia del nombre “África Libre” para la adolescente hallada en el predio.

De todos modos, Andrade recalcó que “lo que hasta ahora se ha hecho seguramente fue lo mejor que se pudo” y que desde la organización no están criticando el trabajo. “Estamos aportando un pienso que sentimos que de algún modo refleja un sentir que se está dando en otras partes del mundo, o sea, no estamos descubriendo la pólvora ni nada”, agregó.

El pedido fue enviado a la Intendencia de Montevideo (IM) y Canelones, a la Udelar, a la FHCE, y también solicitaron una reunión con el gobierno entrante del presidente electo Yamandú Orsi.

Decana interina de FHCE apuntó que la idea es continuar las excavaciones

Las investigaciones arqueológicas, que resultaron en el hallazgo de huesos, fueron impulsadas por la Comisión de Sitio del Caserío de los Negros, la Red de Sitios de Memoria y Mundo Afro, a través de un proyecto ante fondos concursables de la INDDHH, que tiene el objetivo de investigar y visibilizar el pasado colonial desde la perspectiva de las personas esclavizadas, en el marco de los 300 años de Montevideo. La iniciativa tiene el apoyo de la Unesco, la IM y la FHCE.

Susana Rostagnol, decana interina de la FHCE, dijo a la diaria que el martes enviaron una respuesta a la organización sobre los pedidos, y que la idea que tienen desde la facultad es que los restos permanezcan allí hasta que “los actores de la sociedad civil y las autoridades que correspondan decidan cuál debe ser su destino definitivo”.

La decana apuntó que desde la casa de estudios se considera que, en tanto los restos pertenecen a una persona esclavizada, corresponde “que se considere la restitución a la comunidad afrouruguaya”. Sin embargo, aclaró que no es un asunto sobre el que puedan decidir, y que se trata de “algo más complejo”.

Por otro lado, tanto Rostagnol como José López Mazz, arqueólogo que trabajó en el proyecto, señalaron a la diaria que las excavaciones en ese lugar están detenidas. De todas formas, Rostagnol comentó que “la idea es continuarlas”, ya que los indicios que tienen los arqueólogos a cargo es que “se trataba de un enterramiento aislado”.

“No hay indicadores arqueológicos que señalen que se trata de un cementerio”, mencionó y profundizó en que el objetivo de continuar con las excavaciones es “para tratar de echar alguna luz sobre cómo eran las condiciones de vida de la población esclavizada”. “En caso de que se encuentre indicios de un cementerio, obviamente que abrimos el diálogo”, puntualizó.

En ese sentido, López Mazz afirmó que “el destino del esqueleto lo van a definir las organizaciones sociales” y que el objetivo del proyecto no es encontrar restos, aunque hayan aparecido y tengan que hacerse cargo.

A su vez, el arqueólogo indicó que tienen reuniones pendientes con la organización Mundo Afro y con Atabaque, y que a fines de enero o febrero las concretarán. Sobre el futuro de las investigaciones, López Mazz aclaró que “nada se va a hacer sin el acuerdo de las organizaciones sociales afro”.

“Estamos siempre dispuestos a aportar para que se visibilice la esclavitud y se pueda cambiar, de repente, la narrativa que ha tenido el Estado sobre ella”, resaltó.

Por su parte, Verónica Villagra, presidenta de Mundo Afro, dijo a la diaria que sobre este tema “hay muchos actores en medio”, como la IM, la alcaldía del Municipio C, la academia, los vecinos, las organizaciones de la sociedad civil, y que “a veces no resulta tan sencillo lograr el equilibrio”.

También destacó que su organización no firmó la carta enviada por Atabaque “no por una discordancia”, sino por la coincidencia con el cierre de año. “Tratamos de ser lo más colaborativos posibles, tratamos de generar los consensos necesarios en una actitud horizontal con todos y todas los actores que están”, remarcó.

Asimismo, señaló que el pedido de detención de las excavaciones “no es una determinación para tomar a la ligera” y “tampoco es cierto que haya otro proyecto que se plantee seguir con las excavaciones”. “[La Facultad de] Humanidades va a tener que tomar una posición en conjunto con nosotros, los actores de la sociedad civil, y seguir para adelante”, planteó.

Valoró como “muy importante” que “desde todos los lugares” se pueda llegar a una “opinión clara sobre la temática, no desde el lugar del colonizado, sino desde el lugar del que tiene voz”.

Desde la IM se va a tomar “una definición a nivel comunitario”

La directora de la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes de la IM, Leticia Rodríguez Taborda, indicó a la diaria que sobre este tema hay que “dar un debate importante”, y que la división de la comuna está planificando una asamblea para febrero con el objetivo de “generar un diálogo social” sobre lo que sucede con los hallazgos, cómo manejarlos, qué sucede con la academia y la cuestión planteada por Andrade sobre si las personas afrodescendientes son “sujetos de derecho u objetos de estudio”.

“Hay muchas preguntas en ese sentido”, comentó y adelantó que la asamblea que se va a convocar será “resolutiva” y que se tomará “una definición a nivel comunitario”. “Como parte de una secretaría, lo único que podemos hacer es abrir la puerta al entendimiento, al diálogo y a la mejora, justamente, al tratamiento del conocimiento”, contempló.

Rodríguez afirmó que “la idea no es parar que las cosas se sigan conociendo, sino simplemente poder generar un diálogo y que se pueda tomar una determinación con base en una construcción colectiva”.

Por lo tanto, le parece importante el intercambio que habrá en febrero y que después de eso se verá, y “se irá a hablar con el intendente de Montevideo [Mauricio Zunino], con [la] Comisión del Patrimonio [Cultural de la Nación], con el Ministerio de Educación y Cultura, con la propia Unesco”. “Pero al no haber un proceso comunitario, no podemos tomar una definición”, observó.