Este viernes, la diaria Radio recibió al senador oficialista Óscar Andrade y a su homólogo José Luis Falero, integrante del Partido Nacional (PN), para abordar el proyecto que busca desestimular la existencia de viviendas vacías agilizando los trámites expropiatorios, y que el Senado aprobó por unanimidad a principios de octubre.

Según el censo de 2023, en Uruguay hay 97.000 viviendas abandonadas. “Para un país como el nuestro, tener números que marcan viviendas con riesgo constructivo, en estado de abandono o tapiadas es un despropósito, porque hay gente reclamando un hogar, y muchas de ellas tienen deudas que son iguales, superiores o algo menores al valor de tasación”, opinó Falero, exministro de Transporte y Obras Públicas.

“No es producto de esta ley: cualquier intendencia puede iniciar un proceso judicial y expropiar como consecuencia del incumplimiento de pago, pero te lleva años. Ningún intendente de ningún partido político va a salir a atropellar ni a quitarle la propiedad a nadie, pero sí a hacerse de bienes abandonados”, señaló Falero en relación con la legislación que ya está vigente, pero “no ha dado los resultados esperados”.

En ese sentido, evaluó necesario “cerrar el círculo y generar un intercambio” a través de “una herramienta más para los gobiernos departamentales”. “Creo que Montevideo apuntó, como plan piloto, hacia aquellas que tuvieran una deuda compensable superior al 80%”, repasó.

Andrade dijo que la norma se aprobó en el Senado durante un “contexto dramático”, y puso énfasis en este punto citando una investigación realizada por la Cámara de la Construcción conjuntamente con Unicef a mediados de este año, que consignó que “400.000 niños y adolescentes, la mitad, están en viviendas que tienen componentes de precariedad, hacinamiento, que están construidas con materiales inadecuados, tienen riesgo de derrumbe o de inundación”; una “tenencia insegura” que se vincula con “problemas de salud mental” y “deserción estudiantil”.

Además, a la cantidad de viviendas abandonadas sumó que, según la Intendencia de Montevideo (IM), “tener acceso a las viviendas que están vacías y abandonadas permitiría la construcción de 47.200 viviendas”, así como también existe un total de predios industriales en desuso (sólo en la capital) donde “se pueden construir cerca de 12.000”.

En suma, dijo que, si bien el mecanismo ya estaba vigente, con la nueva norma aprobada por el Senado “el proceso jurídico, en vez de ser ordinario, largo y engorroso, pasa a ser extraordinario y con posibilidades de tomar medidas cautelares cuando hay riesgo ambiental o para la seguridad”. También consideró necesario que “dialogue” con la normativa vigente, como la Ley de Ordenamiento Territorial o la Ley de Inmuebles Vacíos y Degradados.

“En el resultado final, el Estado se queda con el suelo urbano. En las experiencias piloto que conozco, se apuntó a casos donde el volumen de deuda era muchas veces mayor al valor patrimonial. Supongo que se elegirán predios grandes que permitan articular con el sistema cooperativo, con deuda importante y en zona urbana”, expresó.

En línea con lo anterior, Andrade dijo que, en la órbita de los predios que son propiedad del Estado y se encuentran abandonados, el proyecto “es un incentivo e indirectamente ayuda” a otros que están vigentes y van en esa línea, porque es normativa que “se está cumpliendo a cuentagotas” por “inercia burocrática”, ya que “los municipios no lo tienen como centralidad porque no están pensando en que después pueden dar uso social a esa finca, sino que lo tienen como una tarea de fiscalización”.

“Yo, desde que tengo uso de razón, escucho reclamos por la contribución de los padrones de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) a las intendencias. No miremos tanto la deuda y digamos qué padrones interesa que pasen al gobierno departamental”, ejemplificó Falero sobre la deuda intraestado. “Lo que es público, es público”, agregó.

Una herramienta para “optimizar zonas urbanizadas”

Entre los legisladores hubo consenso en que, si bien la herramienta no está enfocada “exclusivamente” en las intendencias, “son mayoritariamente las que pueden impulsarla y aprovecharla en el territorio para reducir los tiempos”, dijo Falero. Ante una gestión, si “el resultado se va a dar años después”, eso “desmotiva a cualquier intendente a iniciar los procesos”, puntualizó, al tiempo que Andrade señaló que “en la acción política mostrar la gestión es un estímulo”.

Además, “cuando no hay algo concreto que adelante procesos, la otra solución es seguir categorizando suelos urbanos en zonas periféricas”, algo que termina siendo más caro porque hay que dotar de servicios el padrón, extiende las ciudades y “separa o desintegra” a la sociedad: “es importante que estemos en un ámbito social único”, aseveró. Como contracara, es una herramienta para “optimizar lo que hoy tenemos en una zona urbanizada, con mucho dinero público invertido, y no tener que salir a generar nuevas zonas fraccionadas”.

Andrade coincidió y complementó: Montevideo “tiene menos población que hace 40 años, pero la periferia, que duplica la cantidad de niños que la zona céntrica, creció un 85%”. En su visión, la ciudad “se parte” si no cuenta con “suelo urbano para políticas públicas” ni con “una cartera de inmuebles que permita fortaleza en la política a los efectos de mirar el tema estructuralmente”.

Esa cartera, para Falero, requiere necesariamente “articular”, porque “hay información que está en las intendencias”, padrones y deudas, pero también tiene que involucrarse la Dirección Nacional de Catastro para “llegar a la tasación adecuada”. Respecto al inventario, adelantó que están recabando información del censo y realizando una recopilación “departamento por departamento, localidad por localidad”, que están “dejando de insumo a las intendencias y las juntas departamentales”.

Además, Falero planteó como “pendiente” la necesidad de “generar un equipo técnico” en la órbita del Congreso de Intendentes para asistir a los gobiernos departamentales, dada la ausencia de “recursos humanos” en algunas intendencias. “Si el objetivo final es que un inmueble abandonado se convierta en una solución habitacional para alguien que la necesita, creo que nadie puede estar en desacuerdo”, finalizó.